GHREN exige al régimen publicar estadísticas sobre femicidios

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) exigió al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo publique estadísticas de forma «transparente» sobre violencia de género, femicidios y violencia sexual, cuyos datos están ocultos desde 2023.
La demanda forma parte del informe Nicaragua: la represión en clave de género, presentado el 18 de junio de 2026 por el mecanismo de expertos de Naciones Unidas, que documenta cómo la represión estatal ha afectado de manera diferenciada a mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ desde 2018.
El GHREN espera que el régimen «garantice el acceso público, transparente y oportuno a información estadística desagregada y actualizada sobre violencia de género, femicidios, violencia sexual y otras violaciones de derechos humanos».
Según el informe el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Familia, la Corte Suprema de Justicia y el Instituto de Medicina Legal, dejaron de publicar datos sobre violencia de género, femicidios y delitos sexuales desde 2023.
«La ausencia de datos oficiales genera un vacío de información que impide el análisis acertado de estos delitos y obstaculiza políticas y prácticas que contribuyan a su revención», señalan.
El reportaje El Ministerio de la Mujer que no nombra los femicidios en Nicaragua, publicado por La Lupa Feminista en mayo de 2026, expone que el Ministerio de la Mujer en 2025 se mantuvo activo en la red social Facebook, con un promedio de casi dos publicaciones diarias. Pese a que ese año se registraron 54 femicidios en el país, la institución nunca se refirió a las muertes violentas de mujeres.
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Sus publicaciones, según el análisis, funcionan como un “aparato meramente propagandístico” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«En 2025, Nicaragua no reportó información alguna sobre femicidios», subraya el informe.
Según los expertos, esta ausencia de información impide conocer con precisión la magnitud de la violencia contra las mujeres y dificulta la elaboración de políticas públicas orientadas a prevenir estos crímenes y proteger a las víctimas.
«La carencia de registro también da cuenta de la falta de compromiso del Gobierno en la lucha contra la violencia de género», añaden los expertos.
El Ministerio de la Mujer mantiene una agenda pública centrada en actividades institucionales, capacitaciones y programas vinculados al modelo gubernamental de la familia en el poder.
A diciembre de 2020, según ONU Mujeres, solo el 37.7% de los indicadores necesarios para monitorear los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU desde una perspectiva de género estaban disponibles en el caso de Nicaragua.
ONU Mujeres notó «vacíos de información importantes» en áreas como el mercado laboral, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y la participación de las mujeres en los gobiernos locales.
Además, señaló que Nicaragua «carecía de metodologías comparables para un monitoreo periódico en otros ámbitos, como género y pobreza, acoso sexual, acceso de las mujeres a los bienes productivos (incluida la tierra), y género y medio ambiente.
Aunque el régimen suele destacar en foros internacionales sus avances en materia de igualdad de género y participación política de las mujeres, el GHREN sostiene que existe una profunda contradicción entre ese discurso y la realidad que enfrentan las mujeres nicaragüenses.
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«Muchas mujeres que ocupan cargos bajo el esquema de paridad política (conocido como “50/50”) lo hacen dentro de estructuras altamente centralizadas y jerárquicas, con escasa autonomía para incidir en la formulación de políticas públicas que promuevan la igualdad sustantiva de género o para cuestionar decisiones que afecten directamente los derechos de las mujeres», reiteran.
Los expertos de Naciones Unidas también advirtieron que el cierre de cientos de organizaciones de mujeres y de defensa de derechos humanos ha debilitado las redes de protección y acompañamiento para víctimas de violencia.
