La Policía Nacional de España desarticuló una organización criminal dedicada a la explotación laboral de mujeres nicaragüenses captadas con falsas ofertas de empleo en el sector de los cuidados. La operación, realizada en el municipio de Almargen, en la provincia de Málaga, dejó siete personas detenidas y 11 víctimas identificadas, según informaron las autoridades españolas.

La investigación comenzó en octubre de 2025, tras una denuncia recibida por el Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional. A partir de esa información, los agentes reconstruyeron el recorrido de las mujeres desde Nicaragua hasta España con la colaboración del Ayuntamiento y la Policía Local de Almargen, así como de autoridades policiales nicaragüenses a través de Interpol.

De acuerdo con la investigación, la red era dirigida por una mujer nicaragüense y su pareja española, quienes, junto con otros familiares y colaboradores, captaban a mujeres en Nicaragua con la promesa de conseguirles un empleo como cuidadoras internas de personas mayores dependientes. La oferta incluía la posibilidad de viajar a España y acceder a un trabajo estable, pero al llegar encontraban condiciones muy distintas a las ofrecidas.

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Según la Policía, las víctimas eran trasladadas inicialmente a una vivienda en Almargen, propiedad de uno de los principales investigados. Mientras esperaban ser asignadas a un domicilio donde trabajarían como cuidadoras, realizaban tareas de limpieza sin recibir ningún tipo de remuneración.

Imponían deuda de 5000 euros a víctimas

Las autoridades sostienen que la organización imponía a las mujeres una deuda de 5000 euros por los gastos del viaje y la gestión de su traslado. Esa cantidad debía pagarse mediante cuotas mensuales de 350 euros, mientras que abandonar el empleo antes de saldar la deuda suponía una penalización adicional de 100 euros. Durante su permanencia en la vivienda también debían asumir el costo del alojamiento, fijado por la organización en 200 euros diarios.

Cuando finalmente eran ubicadas en los hogares, las condiciones laborales tampoco coincidían con las promesas realizadas durante el proceso de captación. Según la investigación, las mujeres permanecían disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin descanso, vacaciones, contrato de trabajo ni afiliación a la seguridad social. Además, percibían salarios considerados precarios por las autoridades.

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La Policía indicó que una agencia de viajes ubicada en Managua funcionaba como fachada para facilitar la actividad de la organización. En ese establecimiento las víctimas recibían instrucciones sobre cómo responder durante los controles migratorios, además de la documentación y el dinero necesarios para ingresar a España sin despertar sospechas.

Los investigadores consideran que el endeudamiento impuesto por la organización era un mecanismo para mantener el control sobre las trabajadoras. Muchas de ellas llegaban a España sin recursos económicos propios y sin un boleto de regreso a Nicaragua, lo que dificultaba abandonar el empleo o denunciar las condiciones de explotación.

Los operativos y la captura de siete personas

Durante el operativo fueron practicados dos registros en viviendas de Almargen y se detuvo a siete personas presuntamente vinculadas con la organización. La investigación continúa abierta para determinar si existen más víctimas y esclarecer el alcance de la red.

El caso pone nuevamente el foco sobre la vulnerabilidad de las mujeres migrantes empleadas en el trabajo doméstico y de cuidados, un sector marcado por la informalidad y por la dificultad de supervisar las condiciones laborales al desarrollarse dentro de viviendas particulares.

Las cifras más recientes en España reflejan que la explotación laboral se ha convertido en una de las principales formas de trata de personas detectadas por las autoridades. De acuerdo con datos oficiales citados por medios españoles, en 2025 se identificaron 390 víctimas de trata con fines de explotación laboral, superando por primera vez a las víctimas de trata con fines de explotación sexual. Aunque las víctimas incluyen tanto a hombres como a mujeres, estas últimas continúan representando la mayoría de los casos de trata identificados por las autoridades españolas.

En 2025 la Policía Nacional española liberó a un total de 537 víctimas de delitos relacionadas con el ámbito laboral, 67 de ellas víctimas de trata y 470 de explotación laboral. Además, se detuvo a un total de 265 personas, 60 por trata laboral y 205 por explotación laboral.

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La Lupa Feminista