El Ministerio de la Mujer que no nombra los femicidios en Nicaragua

“A ti hombre luchador de nuestra patria. Te admiramos la valentía que demostraste por la gran lucha de nuestra libertad. Sin la participación de las mujeres no hay revolución”.
Es una de las dedicatorias escritas por una de las participantes al encuentro “Cartas a Sandino”, realizado el 12 de febrero de 2025, una actividad organizada por el Ministerio de la Mujer en el municipio de Siuna, Caribe Norte.
La actividad —en la que incluso se observa a una mujer policía colocando su carta en un mural con el rostro de Augusto C. Sandino— reunió a mujeres de la zona para redactar mensajes de homenaje al líder sandinista, según publicaciones en las redes sociales del Ministerio de la Mujer.
El evento es apenas una muestra del tipo de publicaciones que la institución difunde en sus redes sociales y forma parte de las 702 registradas durante 2025 en la base de datos construida por La Lupa Feminista a partir de los contenidos publicados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de ese año en Facebook.
El registro busca documentar y analizar el trabajo que realiza el Ministerio de la Mujer ante la falta de información oficial del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y el incremento sostenido del presupuesto asignado a esta institución.
En 2025, el Ministerio de la Mujer se mantuvo activo en esta red social, con un promedio de casi dos publicaciones diarias, dejando en evidencia que funciona como un “aparato meramente propagandístico” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Consideramos propaganda todas las publicaciones que se presentan como acciones del “Buen Gobierno” y cuyo contenido prioriza la promoción y exaltación de la figura de Ortega y Murillo, la revolución y las supuestas “victorias” que aseguran haber alcanzado en los últimos 20 años.
La revisión de la información revela que 295 de las 702 publicaciones encontradas —equivalentes al 42.02%— corresponden a propaganda política o partidaria, siendo este tipo de contenido el más frecuente en la página oficial de Facebook.
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El 22 de junio, la institución felicitó a Rosario Murillo por su cumpleaños, exaltando su “valentía y heroísmo en toda su trayectoria como mujer revolucionaria”. En julio, mes en que el oficialismo conmemora la Revolución Popular Sandinista, la propaganda se intensificó notablemente.
En total se publicaron 56 contenidos, lo que equivale a casi dos publicaciones diarias solo ese mes, cargadas de mensajes propagandísticos destinados a reforzar la narrativa oficial y exaltar los símbolos y discursos asociados a la celebración.
“Las mujeres con Sandino, siempre más allá” y el logo del 46/19 son otro ejemplo de propaganda partidaria difundida desde la institución.
Un día después de la celebración sandinista del 19 de julio, Ana María García, una joven de 25 años, fue asesinada en Nueva Guinea por su expareja, Evin José Fajardo, de 38 años. El agresor huyó del lugar tras cometer el crimen y posteriormente fue capturado y condenado a 25 años de prisión por femicidio.
Ese día ni en los posteriores, el Ministerio de la Mujer hizo mención al femicidio en Facebook. En cambio, continuó difundiendo publicaciones sobre el “liderazgo transformador de las mujeres nicaragüenses en la construcción del proyecto revolucionario nicaragüense”.
La socióloga y feminista María Teresa Blandón advierte que la situación es “grave” por múltiples razones, ya que refleja una “profunda confusión y distorsión” sobre el verdadero papel del Estado.
“La utilización del conjunto de las instituciones del Estado en Nicaragua, desde el 2007 hasta nuestros días, ha estado precisamente enfocada en hacer propaganda política. Es decir, el problema es gravísimo», señala Blandón.
«El Estado entero es un aparato de propaganda del Frente Sandinista y particularmente de las figuras de Daniel Ortega y Rosario Murillo —agrega Blandón—, quienes han sido presentados como los héroes nacionales de todos los tiempos, como los salvadores del país”.
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Bajo esa lógica propagandística, el 11 de noviembre el Ministerio de la Mujer publicó un mensaje en el que afirmaba: “Celebramos la vida de un líder que ha dedicado todo por su pueblo. ¡Feliz cumpleaños, Comandante Daniel!”.
La exaltación de la figura presidencial ocurrió apenas un día después de que el país se conmocionara por el femicidio de una adolescente de 17 años en Carazo. El Ministerio de la Mujer no publicó ninguna referencia al crimen ese día, ni tampoco lo hizo en ninguna de las 702 publicaciones analizadas durante 2025.
El cuerpo de la adolescente, reportada como desaparecida desde el 5 de noviembre, fue encontrado entre matorrales de la comarca Los Cruces, en el municipio de Santa Teresa. La Policía orteguista detuvo a Moisés Adán Cruz Cruz, alias “El Moly”, quien había sido liberado bajo el beneficio de “convivencia familiar”, pese a que debía permanecer en prisión hasta 2035 por una condena por abuso sexual.
“Ese Ministerio nunca ha asumido una responsabilidad seria con relación al mejoramiento de la condición de vida de las mujeres, ni en promoción de políticas públicas, ni en la defensa de la situación de las mujeres, ni en la lucha contra la violencia”, afirma la feminista y defensora de derechos de las mujeres, Ana Quirós.
La violencia machista es una de las problemáticas estructurales que durante décadas ha sido denunciada por las organizaciones de mujeres y el movimiento feminista en Nicaragua. Han insistido en que visibilizar la violencia machista es fundamental para reconocer su magnitud y promover respuestas institucionales.
El 14.81% de las publicaciones analizadas (104 en total) estuvo relacionado con mensajes sobre derechos y desarrollo de las mujeres. Aunque este tipo de contenido no reproduce propaganda partidaria explícita, sí utiliza un lenguaje alineado con la narrativa oficial del régimen, promoviendo conceptos como el “protagonismo de las mujeres”, la “convivencia armoniosa” en los hogares, la “comunicación fraterna” y el fortalecimiento de “entornos seguros y respetuosos” para la vida familiar y comunitaria.
Este tipo de mensajes revela cómo el régimen aborda la violencia machista desde una narrativa que diluye las relaciones desiguales de poder y despolitiza la violencia de género al reducirla a llamados generales a la “armonía familiar” y la “convivencia pacífica”.
En lugar de reconocer la violencia contra las mujeres como una problemática estructural vinculada al machismo y a las desigualdades históricas de poder, el discurso institucional la presenta como un “conflicto cotidiano” que puede resolverse mediante el entendimiento dentro del hogar.
“Nunca hemos visto un planteamiento serio por parte de ese ministerio con relación al incremento de la violencia y del femicidio contra las mujeres”, explica Quirós.
Hay una deliberada omisión de términos como “violencia machista”, “discriminación” o “femicidio”. El lenguaje utilizado evita nombrar las causas estructurales de la violencia y desplaza la responsabilidad del Estado hacia soluciones centradas en la conducta individual y la convivencia familiar, despojando el problema de su dimensión política y de derechos humanos.
Esa lógica discursiva también se refleja en la reproducción constante del denominado modelo “Cristiano, Socialista y Solidario”, presente en numerosas publicaciones analizadas, donde los derechos y el bienestar de las mujeres son presentados no como derechos universales garantizados por el Estado, sino como resultados de las políticas impulsadas por el oficialismo.
“El papel del Estado es tutelar, garantizar derechos, que son derechos humanos universales, que están contemplados en la Constitución y que tienen que protegerse con independencia de las creencias, preferencias políticas, ideológicas o religiosas que tengan los distintos grupos de la sociedad. Convertirlo en un aparato de propaganda es una distorsión”, enfatiza Blandón.

Las cartillas son uno de los principales instrumentos utilizados por el Ministerio de la Mujer en sus actividades territoriales. Según el análisis, estos materiales aparecen en al menos 147 publicaciones, en las que se observa a trabajadores y trabajadoras de la institución distribuyéndolos o posando con ellos en mercados, terminales de buses, parques, ferias, viviendas y actividades comunitarias realizadas en distintos municipios del país.
En el sitio web del Ministerio de la Mujer se encuentran disponibles 43 cartillas y 9 brochures sobre prevención de la violencia contra las mujeres, salud, convivencia familiar y otros temas sociales. Sin embargo, buena parte de estos materiales están atravesados por la narrativa política del régimen y reproducen constantemente el discurso del modelo “Cristiano, Socialista y Solidario”.
La cartilla Mujer, Dignidad y Derechos, por ejemplo, inicia con una cita atribuida a Daniel Ortega: “No hay comarca, no hay comunidad, no hay poblado, no hay actividad económica, no hay actividad social, en la que esté ausente la Mujer (…) hombres y mujeres tenemos que librar esta lucha haciendo conciencia, para erradicar en nuestra Patria conductas machistas”.
A lo largo del documento, presentado como una estrategia para reducir los índices de violencia machista y empoderar a las mujeres, se exalta el “Modelo Revolucionario y Evolucionario con Derechos y Protagonismo Pleno de las mujeres”, pero el término femicidio apenas aparece mencionado una vez.
Aunque la cartilla Mujer, Derechos, Leyes y Mecanismos de Denuncia para la Prevención del Femicidio define los distintos tipos de violencia —física, psicológica, sexual, patrimonial y misoginia—, explica el “ciclo de violencia” y brinda rutas de denuncia, los derechos no son presentados como garantías universales inherentes a las personas, sino como “derechos humanos restituidos por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional”.
La omisión no ocurre en un vacío. En Nicaragua, la Ley 779 —reformada en 2013— limita el concepto de femicidio a los asesinatos de mujeres ocurridos “en el marco de las relaciones interpersonales de pareja”, dejando fuera otros contextos en los que también ocurren crímenes machistas.
Para la socióloga y feminista María Teresa Blandón, el problema no es únicamente conceptual, sino político. “La Ley 779, aunque la han modificado, la han debilitado, sigue diciendo que es para prevenir la violencia de género, que tiene como causa las relaciones desiguales de poder. ¿Por qué si la Ley 779 dice eso en su objeto, el Ministerio de la Mujer se niega a nombrarla con los nombres propios que esta tiene y que están consignados en la ley? Lo que ves allí es una estrategia de encubrimiento”, señala.
Blandón sostiene que nombrar la violencia es fundamental para que la sociedad pueda comprenderla y enfrentarla. “Yo he leído las cartillas y he leído la cartilla que se supone es un recurso para prevenir la violencia. Lo que pasa es que si no la nombran, ¿qué es lo que estás previniendo? Ahí hay un uso de eufemismos que de entrada hace inefectivo el mensaje. Si vos no nombrás el problema y sus causas, ¿cómo pretendés que la gente lo entienda?”, cuestiona.
La Política de Género, otro documento utilizado por el Ministerio de la Mujer, también promueve la incorporación de la perspectiva de género en las instituciones del Estado y la valoración del trabajo de hombres y mujeres, pero está atravesada por consignas partidarias como “El Pueblo, Presidente”.
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Según las publicaciones revisadas, las actividades del Ministerio suelen consistir en charlas puntuales, visitas comunitarias y entrega de materiales impresos, sin que se evidencien procesos sistemáticos de seguimiento, evaluación o articulación con mecanismos efectivos de denuncia, protección y acompañamiento a víctimas de violencia machista.
“Si fuera una acción sistemática en la que esa llegada a los mercados, por ejemplo, se hiciera cada cierto tiempo, se le diera seguimiento y, además, las mujeres tuvieran la posibilidad de una denuncia acompañada, podría tener alguna efectividad (…) realmente de nada sirve”, cuestiona la feminista Ana Quirós.
A lo largo de 2025, el Ministerio también utilizó cartillas para promover campañas sobre educación vial, alimentación infantil, enfermedades crónicas, primeros auxilios, turismo, salud visual, trastornos del sueño y hasta “cartillas de alegría”. Para Quirós, ese tipo de actividades evidencia la dispersión institucional del Ministerio y la ausencia de una política enfocada en la prevención de la violencia de género. “Realmente no es una tarea del Ministerio de la Mujer”, afirma.
En su sitio web, la institución se define como parte del “Buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional”, orientada a formular, coordinar y ejecutar políticas para garantizar la participación de las mujeres en el desarrollo económico, social, cultural y político del país. Hasta 2024, incluso se presentaba como una entidad enfocada en “erradicar todas las formas de opresión y discriminación hacia la mujer”.
Sin embargo, para Blandón, la existencia misma de un Ministerio de la Mujer reconoce que las mujeres enfrentan una desigualdad estructural en Nicaragua. “Si hay un ministerio de las mujeres es porque ellas están en una situación de desventaja estructural. Una desventaja que no se inventó el régimen Ortega-Murillo, sino que está en la base de las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales de la sociedad nicaragüense”, enfatiza.
La socióloga agrega que medidas como la penalización absoluta del aborto, el cierre de organizaciones feministas, la confiscación de bienes, la censura y la represión estatal contradicen el discurso oficial de “restitución de derechos”. “Lo que estás viendo son demasiados datos que lejos de hablar de restitución, hablan incluso de un incremento de las violaciones de derechos humanos de las mujeres que ya teníamos con los gobiernos anteriores y que con el gobierno del Frente se han profundizado”, afirma.

El 6.70% de las publicaciones (47) hace referencia al tema de emprendimiento, principalmente vinculado al denominado Modelo de Economía Creativa promovido por el régimen.
Este tipo de publicaciones, en las que se promueve el supuesto “empoderamiento de las mujeres”, contrasta con la realidad económica de muchas de ellas en el país, quienes desarrollan sus actividades principalmente en condiciones de informalidad.
El modelo promovido desde el Ministerio de la Mujer tiende a romantizar el emprendimiento sin reconocer las condiciones estructurales que limitan el acceso de las mujeres a empleos formales, derechos laborales y seguridad económica.
Blandón cree que «el empoderamiento tiene que ver con derechos. No puede haber empoderamiento de las mujeres si no es alrededor del reconocimiento de todos sus derechos humanos».
«Empoderar es lograr que las mujeres cada vez más tengan más autonomía sobre sus vidas, sobre sus cuerpos y, cuando digo sobre sus vidas, hablo de todo: en el ámbito sexual, reproductivo, político, económico y cultural; o sea, que las mujeres cada vez más sean reconocidas y tengan las condiciones para ejercer su posición como sujetas de derechos», dijo Blandón.
En enero de 2026, según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide), la tasa de participación laboral en el país fue mayor para los hombres (78.4%) que la registrada para las mujeres (54.7%).
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La institución muestra un crecimiento sostenido en su presupuesto asignado desde 2020, cuando recibió 28.2 millones de córdobas. Para 2026, el Ministerio recibió 47.5 millones de córdobas.
En seis años, el presupuesto casi se duplicó. Entre 2020 y 2026, el presupuesto inicial aprobado del Ministerio de la Mujer aumentó 59.43%.
La ejecución presupuestaria de la institución ha sido alta, cercana al 100% en casi todos los años. Según el análisis, ha pasado de ser una entidad meramente administrativa a una con fuerte presencia territorial, incrementando su gasto en combustibles, alimentos y materiales de artes gráficas para llevar sus capacitaciones y actividades propagandísticas a barrios y comunidades rurales.
Más de la mitad del gasto se enfoca en el pago de “servicios personales”, es decir salarios, seguro social, aguinaldo y antigüedad. En 2020, el 66% del presupuesto se destinó a este rubro, es decir 18.6 millones de córdobas de los 28.2 millones asignados. Mientras que, en 2025, del total de 45 millones de córdobas, al menos 30.2 millones (67%) fueron destinados a este gasto.
Para mantener el modelo de “presencia directa” en el territorio, permitiendo la distribución de cartillas y la realización de asambleas en comunidades rurales, el Ministerio destina buena parte de sus recursos al gasto de combustibles y lubricantes.
En 2025, este gasto alcanzó su punto máximo de 3.3 millones de córdobas, lo que representa un incremento de 120.8% respecto a 2021, cuando se destinaron 1.4 millones de córdobas para combustibles.
«Todo el Estado es un gran aparato de propaganda política ideológica y que es una monumental forma de corrupción (…) Están usando nuestros recursos para hacer propaganda para un régimen que no reconoce los derechos de las mujeres. Esa es la trampa más terrible en la que estamos en Nicaragua», puntualizó Blandón.
*Con el auspicio del Fondo de Canadá para iniciativas locales de la Embajada de Canadá para Costa Rica , Nicaragua y Honduras.
