El género como arma de represión en Nicaragua contra mujeres y personas LGBTIQ+
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‘Mala madre’, ‘enemiga de la familia’, ‘traidora’ o ‘abortista’ son algunas de las etiquetas estigmatizantes más utilizadas en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada en 2018 por los agentes represores del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según documenta un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua. El informe advierte que el género ha sido utilizado como un «instrumento de control, humillación y silenciamiento» contra mujeres y personas LGBTIQ+.
«Me llamaron ´mujer débil´, ´llorona´ y ´mala madre´, acusándome de preocuparme más por los gringos que por mis hijos. Yo suplicaba constantemente por ellos. Durante nueve meses no supe nada de mis hijos», revela una mujer arrestada en el contexto de las protestas, cuyo testimonio lo recoge el informe titulado Nicaragua: la represión en clave de género, presentado en Ginebra por el GHREN el 18 de junio de 2026.
El informe revela que la represión estatal ha incorporado y reforzado estereotipos de género para castigar, afectando de manera diferenciada a mujeres, niñas y personas LGBTIQ+.
«Existe una profunda contradicción entre el discurso oficial de igualdad de género promovido por el Gobierno y la realidad documentada», concluye el Grupo de Expertos.
El Grupo de Expertos documenta que cientos de mujeres defensoras de derechos humanos, periodistas, lideresas políticas, campesinas, indígenas, afrodescendientes y personas del colectivo LGBTIQ+ han sido víctimas de persecución política atravesada por estereotipos de género.
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En muchos casos, la violencia no solo responde a su activismo, sino también a la transgresión de normas sociales sobre el comportamiento esperado de las mujeres.
«Me dijeron que era una mujer tonta e ignorante y me amenazaron con quitarme a mis hijos», señala la mujer entrevistada por el GHREN.
Política discriminatoria, según el GHREN
Según el informe, el Estado nicaragüense promueve un modelo tradicional de mujer asociado a la maternidad, la obediencia y el rol doméstico, mientras estigmatiza a aquellas que participan en la vida pública, ejercen liderazgo o defienden derechos humanos.
En el caso de activistas y defensoras LGBTIQ+, las normas y estereotipos de género «han sido manipulados, generando una discriminación adicional por su orientación sexual y/o su identidad de género y exacerbando el acoso sufrido.
El Grupo también documentó el uso recurrente de lenguaje homófobo, denigrante y estigmatizante, como el empleo de la expresión “cochona”, y otros calificativos peyorativos en el caso de víctimas LGBTIQ+ opositoras o percibidas como tales
«Llegaron a la casa (de mi familia en Nicaragua). Entraron sin orden de allanamiento. Cuando rompieron mi closet, encontraron fotos de mi pareja y mías. A mi hermana la maltrataron físicamente, jalándola del brazo. Le tiraron las fotos sobre la mesa y le dijeron:
‘cuéntanos sobre tu hermana que es una ‘cochona’”, señala otra mujer exiliada entrevistada por el Grupo.
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El uso de estos calificativos —agrega el informe— ha «contribuido a reforzar el estigma y la discriminación preexistentes» en contra de mujeres LGBTIQ+.
La represión en Nicaragua ha tenido lugar en el marco de una «política discriminatoria orientada» a perseguir de manera sistemática y a silenciar la disidencia, así como a clausurar los espacios desde los cuales pudieran surgir críticas, protestas o resistencia.
Afecta las vidas de las mujeres y personas LGBTIQ+
Las detenciones arbitrarias, encarcelamientos y desapariciones forzadas, según documenta el informe, han tenido impactos diferenciados en ellas.
El informe señala que estas prácticas han interrumpido trayectorias profesionales, afectado la autonomía económica de los hogares, desintegrado familias y separado a madres de sus hijos e hijas, generando consecuencias emocionales y sociales de largo alcance.
«Hace cinco años que no estoy con mi hijo. La última vez que lo vi fue dos o tres semanas antes de ser expulsada del país, durante una visita en La Esperanza. Él ahora tiene 16 años. Vive con su abuela. Mi hijo se ha convertido en una persona desconfiada y rebelde, ya no quiere estudiar», dijo otra mujer entrevistada.
Además, se documenta que las mujeres que buscan a familiares detenidos o desaparecidos han sido objeto de vigilancia, acoso y amenazas. Muchas de ellas han enfrentado hostigamiento constante al acudir a centros de detención o al exigir información sobre sus seres queridos.
La represión se extiende también a quienes ejercen roles de cuidado y búsqueda dentro de las familias.
Agregan que la cancelación de cerca de 300 organizaciones de mujeres y colectivos LGBTIQ+ ha eliminado espacios fundamentales de acompañamiento, denuncia y protección. Esta medida ha debilitado significativamente la capacidad de respuesta de la sociedad civil en un contexto de creciente cierre de espacios democráticos.
«Su cierre ha afectado de manera desproporcionada a mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, en particular a quienes dependían de esos servicios frente a la violencia de género, la pobreza, la exclusión o el despojo territorial. La cancelación de estas organizaciones destruyó las redes de cuidado y asistencia que sostenían la vida diaria de muchas comunidades», puntualizan.
El Grupo de Expertos concluye que, aunque el motivo principal de la persecución es político, el género ha influido en la selección de víctimas, en los métodos utilizados y en los impactos generados: las mujeres fueron seleccionadas directamente por su oposición política y empezaron a reprimir a las mujeres y personas LGBTIQ+ con liderazgo en las protestas y en la crítica al régimen.
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