El sistema que vigila: madres migrantes y pobres frente a la retirada de custodia

Las madres que enfrentan violencia de género, migración y precariedad económica pueden quedar expuestas a procesos de retirada de custodia en el Estado español. Diversos testimonios y acompañamientos jurídicos señalan que, en lugar de recibir apoyo, muchas son clasificadas como “situaciones de riesgo” para la crianza. Desde los servicios sociales —a los que acuden en busca de ayuda— se abren expedientes de seguimiento que, en algunos casos, derivan en la separación familiar.

La Lupa Feminista conversó con Tamara Fernández, abogada que acompaña al @ColectivoMadrecitas, integrado por madres migrantes en situación de precariedad que han atravesado procesos de retirada de custodia. Desde su experiencia, advierte sobre un sistema que observa la pobreza desde una lógica de control más que de garantía de derechos.

Fernández describe la existencia de un “lente de vigilancia” sobre determinadas maternidades: aquellas atravesadas por pobreza, migración y desigualdad estructural. Según explica, estos factores no solo incrementan la intervención institucional, sino que también influyen en cómo se evalúa la capacidad de cuidado.

¿Con qué frecuencia ocurren los casos de retirada de custodia?

Ocurren con mayor frecuencia de lo que suele percibirse públicamente. Aunque se presentan como medidas de protección, implican intervenciones profundamente invasivas, como la separación de niñas, niños y adolescentes de sus familias e institucionalización en centros.

En España, alrededor de 17.700 menores están separados de sus familias. Sin embargo, el fenómeno va más allá de esta cifra: existe un sistema de vigilancia constante que coloca bajo supervisión a familias consideradas “en riesgo”, especialmente aquellas en situación de pobreza, migración o racialización.

Estas condiciones suelen evaluarse sin considerar los contextos estructurales que las producen, lo que puede activar intervenciones institucionales desproporcionadas.

Mientras tanto, otras familias con mayores recursos quedan fuera de este nivel de escrutinio. Más que hablar de “fallas individuales” en la crianza, lo que se evidencia es una desigualdad en la vigilancia institucional.

¿Es un fenómeno reciente?

No es algo nuevo. Existe una larga tradición de gestión institucional de la infancia empobrecida en España, desde los antiguos orfanatos —muchos bajo gestión religiosa— hasta los actuales centros de protección.

Aunque hoy se utilizan marcos legales y discursos centrados en derechos, persisten lógicas de control y disciplina. Los centros continúan funcionando, en muchos casos, como espacios de contención más que de cuidado afectivo, donde los vínculos familiares quedan relegados.

En las últimas décadas, esta intervención se ha desplazado con mayor intensidad hacia familias migrantes. Existe una sobrerrepresentación de niñas y niños de origen migrante en el sistema de protección, incluso cuando muchos han nacido en España.

¿Se puede hablar de continuidad entre los antiguos orfanatos y los actuales centros?

En varios aspectos, sí. Aunque han cambiado las normativas y el discurso institucional, persisten formas de intervención heredadas.

Tras la transición democrática, no hubo una ruptura profunda con las estructuras previas. Muchas prácticas y enfoques continuaron dentro de las instituciones, ahora bajo un lenguaje de protección.

Además, el sistema actual está fuertemente externalizado: el Estado delega la gestión en entidades privadas y organizaciones, lo que genera redes donde lo público y lo privado se entrelazan.

¿Existe un perfil de madre más expuesta a la retirada de custodia?

No hay un perfil único. En teoría, cualquier madre podría ser objeto de intervención. Sin embargo, en la práctica, el sistema actúa con mayor frecuencia sobre mujeres en situación de vulnerabilidad, especialmente migrantes.

El acceso a servicios sociales suele ser la puerta de entrada. Muchas mujeres acuden buscando apoyo ante dificultades económicas o sociales, pero terminan siendo evaluadas bajo modelos normativos de crianza que no consideran sus contextos.

Prácticas que pueden responder a estrategias de supervivencia —como redes informales de cuidado— pueden ser interpretadas como negligencia. En lugar de acompañamiento, esto puede activar procesos más punitivos.

¿Qué ocurre en casos de violencia de género?

Se identifican contradicciones importantes. A las madres se les puede cuestionar su capacidad de cuidado si no abandonan de inmediato la situación de violencia, incluso cuando enfrentan barreras reales para hacerlo.

Al mismo tiempo, padres denunciados pueden mantener regímenes de visitas. Esto refleja una carga desproporcionada de responsabilidad sobre las madres, mientras que la violencia ejercida por los agresores no siempre se traduce en una pérdida equivalente de derechos parentales.

¿A qué edad se producen las separaciones?

Las separaciones pueden ocurrir a cualquier edad, incluso desde el nacimiento. Existen retiradas neonatales en las que se separa al bebé de su madre inmediatamente después del parto.

Estas medidas están reguladas, pero en la práctica pueden aplicarse en situaciones donde no siempre está claro el riesgo inminente. En algunos casos, incluso mujeres que han denunciado violencia de género enfrentan la retirada de sus hijos al nacer.

¿Hay un trato diferenciado hacia mujeres migrantes?

Sí. Todas las madres pueden estar sujetas a evaluación, pero en el caso de las mujeres migrantes el control se intensifica.

Existe una lógica interseccional donde se combinan género, origen y clase. Esto se traduce en dobles estándares: prácticas similares pueden ser valoradas de manera distinta según quién las realice.

Lo que en una madre blanca puede interpretarse como una decisión de crianza, en una madre migrante puede considerarse inadecuado.

¿Cómo es el proceso de retirada de custodia?

Formalmente, es un procedimiento administrativo: se abre un expediente, se recogen informes (educativos, sanitarios, sociales) y se da un plazo para alegaciones.

Sin embargo, en la práctica se reportan múltiples dificultades:

• acceso limitado a los expedientes,
• falta de información clara,
• y escasa comprensión del proceso por parte de las familias.

En casos de urgencia, la retirada puede ejecutarse de forma inmediata.

Una vez retirada la custodia, las familias deben recurrir judicialmente, pero ya sin sus hijos o hijas. Además, existe una inversión de la carga de la prueba: son las madres quienes deben demostrar que son aptas.

¿Cuánto tiempo puede tardar la reunificación familiar?

Los tiempos varían. Puede haber casos de resolución rápida, pero muchos procesos se prolongan entre uno y dos años.

La reunificación es poco frecuente. Uno de los argumentos recurrentes es la falta de red de apoyo, especialmente en el caso de mujeres migrantes. Sin embargo, las redes comunitarias —amistades, paisanas— suelen no ser reconocidas como válidas si no son familiares directas.

¿Qué impacto tiene la separación en niñas y niños?

La separación puede generar consecuencias emocionales profundas: ruptura de vínculos, inseguridad afectiva y dificultades a largo plazo.

También se produce una deslegitimación de la figura materna. Por ejemplo, cuando una institución valida la denuncia de un menor sin un trabajo posterior de revinculación, se puede reforzar la idea de que la madre es “incapaz” o “peligrosa”.

Estos efectos requieren procesos complejos de reconstrucción del vínculo, que no siempre se garantizan.

¿Qué estrategias recomiendan frente a este contexto?

Las organizaciones insisten en la importancia de:

• acceder a información clara,
• buscar asesoría jurídica temprana,
• y fortalecer redes de apoyo.

También plantean la necesidad de mayor cautela en la exposición de la vida privada, aunque esto no implica dejar de acudir a servicios sociales, sino hacerlo con conocimiento de derechos.

“Madrecitas” es un colectivo de apoyo mutuo conformado por madres afectadas por la retirada de custodia. Además de acompañar casos, visibilizan lo que consideran vulneraciones institucionales y cuestionan un sistema que, según denuncian, interviene con mayor fuerza sobre quienes enfrentan mayores desigualdades.