En el país sólo hay 26 escuelas de educación especial, pese a que la población con algún tipo de discapacidad es de más de 181,000 personas
Por 121 
La atención integral que reciben las personas con algún tipo de discapacidad en Nicaragua “no es suficiente, ni para todos”, confirman madres de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. En el país, aunque existen programas que promueven la educación especial, asistencia alimentaria, en salud, en equipos de movilidad e incluso inserción laboral, no cubren ni la mitad de este grupo poblacional.
En 2022, el Ministerio de Salud (Minsa) contabilizó a 181,302 personas con algún tipo de discapacidad, a través de las inscripciones en sus programas y atenciones. Sin embargo, la cantidad de personas con discapacidad en el país podría ser cinco veces mayor si se toma en cuenta que estas representaban el 10.3% del total de la población en 2003, según Encuesta Nicaragüense para Personas con Discapacidad (ENDIS), divulgada por el INIDE, lo cual para este año se ubicaría en más de 600,000 personas.
“Juana”, de 45 años, tiene un hijo de 15 años que fue diagnosticado con autismo y déficit de atención cuando tenía cuatro años de edad, y es una de las que ha sufrido la precaria cobertura de la atención que se ofrece desde las diferentes instituciones y ministerios del Estado de Nicaragua.
La mujer relató, bajo condición de anonimato a La Lupa, que en la zona que habita no hay una escuela especial para niños y niñas con discapacidad, por lo que su hijo cuando tenía la edad para ingresar al preescolar asistió a una escuela pública regular, en la que le dijeron que lo podían atender, pero, meses después de iniciar las clases, se enteró recibía maltrato del personal docente e incluso de sus compañeros, situación que la obligó a sacarlo de la escuela y enseñarle desde casa.
Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua y vocera de la dictadura, en agosto de 2022, alardeó de que en el país hay 26 escuelas de educación especial, que cuentan con programas de atención educativa inicial, primaria, aulas talleres, educación temprana e inclusión educativa. Sin embargo, en dichos centros especiales de estudio solo atienden alrededor de 3,000 niños y niñas con discapacidad, y, sólo en el registro del Programa Todos Con Vos hay más de 11,000 menores en edad escolar.
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El Ministerio de Educación (Mined), su página web, solo detalla la ubicación de 25 de estas escuelas de educación especial en: Managua, San Marcos, Jinotepe, Diriamba, Comunidad Nuevo Amanecer (Diriamba), Masaya, Granada, Rivas, León, La Paz Centro, Chinandega, Chichigalpa, El Viejo, Corinto, Boaco, Juigalpa, Matagalpa, Jinotega, Estelí, La Trinidad, Condega, Ocotal, Somoto, Bluefields y Bilwi.
Además, indica que en el país existen 50 “aulas integradas” de escuelas de educación regular, como en las que a “Juana” le dijeron que podían atender a su hijo, y es ahí donde ubican a los más de 7,000 que no tiene cerca una escuela de educación especial o que no alcanzan un cupo.
David López, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad (Feconori), en entrevista con Vos TV, señaló la falta de cobertura del sistema educativo, urgiendo que se redoblen “los esfuerzos para que los avances que hemos tenido vaya fortaleciéndose y que los derechos de las personas con discapacidad, cada persona con discapacidad vaya percibiéndolo en su vida cotidiana como una realidad más evidente”.
Además, mencionó que en el país todavía hay brechas en cuanto al acceso a la atención temprana e integral, sobre todo en las zonas rurales, donde, apuntó, “todavía existen familias donde a la persona con discapacidad se le esconde y no se la prioriza desde su atención temprana desde que es muy niño”.
William Miranda, coordinador del programa Todos Con Vos del Minsa, detalló en entrevista con medios oficialistas, en agosto de 2022, que desde ese programa atienden 41,468 personas con discapacidad; es decir, que hay más de 140,000 personas con discapacidad que no han cubierto con asistencia alimentaria, de movilidad, o con atención psicológica, psiquiátrica o de inserción laboral.
Sumado a esto, en el país sólo existe una sede del Centro de Recursos Educativos para Atender a Estudiantes Ciegos (CRECI), que está ubicado en la sede central del Mined en Managua, donde se adapta material educativo a sistema braille, sonoro y relieve; un Centro Nacional de Salud Mental Infantil; tres centros para prótesis en Managua, Estelí y Puerto Cabezas; y ocho sedes del Centro de Recursos Educativos para Atender la Diversidad (CREAD).
La Lupa conversó con madres de niños y niñas con discapacidad, que habitan lejos de la zona urbana de Granada y Masaya, que han tenido que renunciar a sus puestos laborales para asumir su cuido a tiempo completo, y ellas lamentaron la falta de accesibilidad que sufren en atención en salud, seguimiento psicológico, y educación especial para sus pequeños y pequeñas, pues muchas veces no tienen el dinero para movilizarse hasta los lugares donde hay una escuela o donde están los pocos centros de atención.
En ambos casos, madres de menores de 12 y 14 años que sufren de discapacidad visual y motora, respectivamente, detallan que no asisten a la escuela por falta de recursos económicos para transporte; y todavía no son beneficiarios de bastón o silla de ruedas que les ayuden a movilizarse.
Las mujeres resaltaron que conocen, por información de otras madres de niños y niñas con discapacidad, que el Estado entrega provisiones de alimentos y equipos de movilidad, pero todavía no han sido beneficiarias.
La Lupa conoció que la entrega dichos paquetes alimenticios, tal como ocurre con otros beneficios o programas dirigidos por el Estado, son politizadas e incluso, posterior a las protestas sociales, a algunos opositores que tienen hijos o hijas con alguna discapacidad se les retiró la entrega de estos avituallamientos.
La Ley 763 de derechos de las personas con discapacidad establece una serie de beneficios para estos ciudadanos, sin ningún tipo de discriminación, además de las políticas públicas que se deben asumir desde las diferentes instituciones del Estado y las alcaldías para garantizarles condiciones de inclusión y bienestar.
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La legislación incluso establece descuentos el precio de servicio de transporte público urbano, interurbano, aéreo o marítimo, además de orientar que estos presten las condiciones para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan acceder sin problema a las unidades.Sin embargo, las madres señalan en la práctica no hay condiciones para transportar a sus hijos con discapacidad, pues afirman que las unidades de buses en Managua son contadas las que tienen rampas para subir a personas en sillas de rueda, y en los demás municipios esto es «un sueño».
«Algunos de los buses ni siquiera se para cuando uno va con un niño en una silla, por eso a uno se le complica transportarse, tiene que buscar taxi, a ver si se quieren detener, porque esos también nos discriminan, se van o te cobran más caro, yo no recuerdo nunca un descuento en el transporte, nada, lo que pasa es que lo de las leyes se queda en papel, no hacen que se cumpla y uno al final vive a cómo puede», afirmó la madre del menor con discapacidad motora.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pese a conocer que el Estado no es capaz de llegar a todo este grupo poblacional, entre noviembre de 2018 y diciembre de 2022, ha ordenado el cierre de más de 3,000 organizaciones sin fines de lucro, entre estas algunas oenegés dedicadas a la asistencia psicosocial de niños, niñas y adolescentes con algún tipo de discapacidad.
Además, ha propiciado el retiro de donantes de algunas oenegés, haciendo que éstas cierren por las presiones que impuso, desde 2020, la Ley de Agentes Extranjeros. En mayo de 2022, la oenegé Corazón Contento informó, a través de un comunicado en sus redes sociales, que cerraba porque su principal donante se retiraba.
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La organización ejecutaba programas sociales de apoyo a la niñez, adolescencia y adultos con algún tipo de discapacidad, a través de atenciones psicológicas, terapias de estimulación del lenguaje, fisioterapias, inserción social y laboral.
En abril de 2022, la dictadura ordenó la cancelación de la personería jurídica de la Coordinadora Nicaragüense de Organismos no Gubernamentales que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni), que aglutinaba a 19 organizaciones no gubernamentales y tenía más de 30 años operando en el país en defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, incluyendo a quienes tiene algún tipo de discapacidad.
Codeni además era una de las organizaciones aliadas de Los Pipitos, oenegé que sigue operando en el país y ha sobrevivido a los masivos cierres ordenados por la dictadura.
Los Pipitos tienen más de 35 años operando en el país y tienen más centros de atención que el Estado. La oenegé tiene presencia en todo el país, con 83 capítulos organizados a través de voluntariados, y 38 Centros de Aprendizaje para la Vida.
