La presa política lleva más de 15 meses sin tener ningún tipo de comunicación con su hija de 6 años, pese a que es un derecho de ella y de la menor.
Por 255 
La presa política Tamara Dávila, quien lleva más de 15 meses detenida y completamente aislada en una celda, inició una huelga de hambre desde el pasado 15 agosto para exigir ver a su hija, informaron sus familiares. Según ellas, Tamara lo hará «como único y último recurso que siente que tiene a su alcance para demandar el cumplimiento de su derecho y el de su hija de 6 años a tener comunicación”.
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Desde su detención, Dávila ha sido víctima de constantes torturas, entre las que se encuentran estar completamente privada de la comunicación con su hija menor de edad, a quien tiene más de un año de no ver y a quien no se le permite ni siquiera el intercambio de cartas o llamadas; pese a que esto representa una violación a los derechos de la niñez según la legislación nicaragüense.
“Tanto Tamara como su familia, nos hemos encontrado con una negativa absoluta de comunicación con la niña. Como familia hemos realizado diversas gestiones tanto ante la Dirección de Auxilio Judicial, como ante las autoridades judiciales correspondientes. Hemos hecho solicitudes de manera oral en cada visita, hemos llevado dibujos de la niña a su mamá y fotos y la respuesta ha sido «No está autorizado»”, señala.
La familia de Dávila ha introducido siete recursos judiciales para conseguir visitas con la niña, pero hasta ahora las autoridades las han ignorado y no han respondido ninguno. El último recurso realizado fue introducido el 16 de agosto, el cual debería ser respondido el día de hoy según los procedimientos establecidos por la Sala 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua; pero todavía no han recibido respuesta.
Esta situación de incomunicación con sus hijos e hijas menores de edad la están atravesando todas las personas presas políticas que se encuentran detenidas en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocida como “El Chipote”, entre los cuales están el comentarista deportivo Miguel Mendoza, la activista Suyen Barahona, el preso político Félix Maradiaga, y el periodista Miguel Mora, quien también está en huelga de hambre desde hace más de 50 días.
La huelga de hambre va a deteriorar la salud de Dávila y puede poner su vida en riesgo, ya que ella ha bajado más de 40 libras desde que se encuentra detenida debido a la mala alimentación que recibe, razón por la que se encuentran profundamente preocupadas, según informaron sus familiares.
También denunciaron que hasta hoy, tiene exactamente 432 días en total aislamiento, sin haber recibido luz solar y sin acceso a salud ginecológica.
La privación de visitas o cualquier tipo de comunicación con la hija de Tamara, viola una serie de leyes nacionales e internacionales, entre los que se encuentran el Código de la Niñez y la Adolescencia. «Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su familia, por lo que no deberán ser separados de su madre y padre», indica el artículo 12 del Código.
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Las visitas periódicas, así como el contacto directo con las madres y los padres, también se encuentran contemplados cuando los tutores se encuentran privados de libertad; así que no hay ningún fundamento legal para que las autoridades de la DAJ prohíban la comunicación entre Dávila y su hija, señala su familia.
Desde la detención de Dávila, su hija pregunta todos los días por ella y le hace constantes dibujos y cartas donde muestra lo afectada que está por no tener ningún contacto con su mamá, según Ana Lucía Álvarez, hermana de Dávila. Sin embargo, estos siempre son retenidos cada vez que sus familiares intentan dárselos.
«Mamá, pienso en vos todos los días. Estás dentro de mi corazón. Cuando veo pajaritos y mariposas me acuerdo de vos. Aprendí las letras para escribir tu nombre. No me acuerdo mucho de tu cara, ya son muchos días sin verte, pero me acuerdo de tus ojos verdes cariñosos», dice una de las cartas que escribió la menor, pero que las autoridades policiales no permitieron su entrega.
Su familia exige que se permita visitas quincenales y llamadas telefónicas de su hija, así como del resto de los hijos e hijas de las demás personas presas políticas, y que se permita la entrada de comisiones de derechos humanos y la Cruz Roja para constatar su estado de salud.
