Un grupo de diez países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó su «profunda preocupación» por la reforma constitucional impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al considerar que unas elecciones sin «competencia política genuina no pueden constituir una expresión libre y democrática de la voluntad popular». El pronunciamiento fue dado a conocer previo a la reunión extraordinaria del Consejo Permanente, convocada a solicitud de Estados Unidos para analizar la situación de Nicaragua.

En la declaración conjunta de los gobiernos de Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, República Dominicana y Uruguay condenan la «intención anunciada por Ortega, así como toda medida constitucional, legislativa o administrativa, dirigida a eliminar la competencia electoral genuina y el pluralismo político» en Nicaragua. El 19 de julio de 2026, durante el acto del 47 aniversario de la revolución, Ortega proclamó que «aquí no volverá a haber elecciones» y posteriormente envió una iniciativa a la Asamblea Nacional para reformar la constitución y no permitir la participación de aquellos que llama «golpistas» y «traidores».

La situación será analizada por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en una reunión convocada a solicitud de Estados Unidos tras las declaraciones de Ortega. La reforma constitucional del régimen extendería de seis a siete años, «renovables», los períodos de los cargos de elección popular y de los funcionarios elegidos o ratificados por la Asamblea Nacional.

«Tales medidas menoscaban el ejercicio efectivo de los derechos políticos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y son incompatibles con los principios de la democracia representativa consagrados en la Carta de la OEA y en la Carta Democrática Interamericana», señalan en la declaratoria.

No hay expresión libre ni democrática

En la declaración conjunta, los diez países afirman que las aclaraciones posteriores realizadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras —quien sostuvo que las elecciones continuarán realizándose bajo el nuevo modelo constitucional— «no disipan las preocupaciones» de la comunidad internacional.

El pronunciamiento recuerda que el artículo 23 de la Convención Americana reconoce el derecho de todas las personas a participar en la dirección de los asuntos públicos, votar, ser elegidas en elecciones auténticas y acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad, derechos que, según los países firmantes, quedarían comprometidos si prosperan las reformas anunciadas por el régimen.

La declaración subraya además que toda persona debe poder ejercer sus derechos políticos «sin discriminación por motivos de opinión política y libres de intimidación o represalias», una referencia que cobra especial relevancia frente a la criminalización de personas opositoras, periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos en Nicaragua.

Respuesta diplomática impulsada por Estados Unidos

La declaración conjunta da continuidad a la presión diplomática iniciada por Estados Unidos, que solicitó la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para discutir las implicaciones de la reforma constitucional anunciada por el régimen.

Estados Unidos solicitó la convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para analizar la situación de Nicaragua, al sostener que las declaraciones de Ortega y las reformas constitucionales representan un rechazo al derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus autoridades mediante elecciones periódicas, libres y competitivas.

Aunque Nicaragua dejó de ser Estado miembro de la OEA en 2023, los países firmantes sostienen que el Estado continúa obligado por los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos, particularmente aquellos derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Los diez gobiernos instaron a las autoridades nicaragüenses a garantizar que cualquier reforma constitucional, legislativa o administrativa respete los derechos políticos, preserve el pluralismo y la competencia multipartidista y sea coherente con las obligaciones internacionales del país.

Asimismo, anunciaron que continuarán siguiendo de cerca la evolución de las reformas constitucionales y las discusiones parlamentarias en Nicaragua, y reiteraron su disposición a considerar, «de manera oportuna», una respuesta diplomática concertada conforme a la Carta de la OEA.

Finalmente, hicieron un llamado al régimen para que retome un compromiso «abierto y constructivo» con los mecanismos interamericanos e internacionales de protección de los derechos humanos, en momentos en que la comunidad internacional incrementa el escrutinio sobre las reformas que podrían consolidar la concentración del poder y restringir aún más la participación política en Nicaragua.

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La Lupa Feminista