A pesar que las mujeres adultas tienen el derecho de esterilizarse en los hospitales públicos, el personal de Salud Pública continúa decidiendo en sus cuerpos.
Por 987 
Cuando Joharys Vallecillo parió a su segundo hijo en 2019, solicitó la esterilización quirúrgica, pero el personal médico del Hospital Bertha Calderón le negó la operación, alegando que “era muy joven, que podía arrepentirse y que mejor continuara planificando”; pese a que en Nicaragua toda mujer con paridad satisfecha, independientemente de la edad, tiene derecho a acceder a la Esterilización Quirúrgica Voluntaria (EQV) en los hospitales públicos, según la Norma y Protocolo de Planificación Familiar del Ministerio de Salud (Minsa).
Al no poder acceder a la ligadura de trompas uterinas o esterilización, Vallecillo continuó planificando con la inyección trimestral que le brindaba el hospital, sin embargo, un año después de haber tenido a su segundo hijo quedó nuevamente embarazada.
“Con mis últimos dos hijos yo estaba planificando. Fue sorprendente cuando recibí la noticia. Mi esposo y yo estábamos asustados. Yo me quería operar para no seguir planificando porque sentí que era muy fértil”, expresa Vallecillo, una ama de casa de 24 años.
Así que después de parir, pidió la cirugía nuevamente en el mismo hospital, pero los doctores le dijeron que “si se divorciaba, su nuevo marido podía querer más hijos, que todavía era muy joven y que siempre corría el riesgo de arrepentirse”. No obstante, ante la insistencia de Vallecillo, le programaron la cirugía hasta un año después, es decir, en noviembre de 2022.
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Con el temor de quedar nuevamente embarazada de manera accidental durante ese tiempo como en sus últimos dos embarazos, Vallecillo buscó otras opciones para esterilizarse. Por medio de su hermana descubrió que el Hospital Alemán Nicaragüense estaba realizando una jornada de esterilización cuyos requisitos eran: ser mayor de 30 años, tener más de dos hijos o tener alguna condición médica que complique el embarazo; condiciones que contradicen lo establecido por el Minsa.
Al llegar y solicitar la esterilización, escuchó las mismas palabras que en el hospital anterior y asegura que sintió mucha presión por parte del personal de salud para que no se operara, pero Vallecillo se mantuvo firme en su decisión de no tener más hijos; por lo que el hospital como condición para esterilizarla le pidió dos cartas de consentimiento: una de su esposo y la otra de su mamá, violentando totalmente las disposiciones de la Norma y Protocolo de Planificación Familiar.
Con tal de esterilizarse, Vallecillo consiguió las cartas y logró operarse en marzo de este año.
Con estas acciones el Minsa violenta los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres al negarles el acceso a los métodos anticonceptivos permanentes, y a negar su capacidad jurídica de tomar decisiones sobre sus cuerpos al solicitarles cartas de consentimiento de terceros, señala “Paola”, ginecóloga y especialista en salud sexual y reproductiva, quien pidió el anonimato por temor a la persecución de la dictadura Ortega-Murillo.
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“Cuando a las mujeres se les piden cartas de tercera personas para poder esterilizarse, se les trata como niñas, como si ellas estuvieran bajo la tutela de esas terceras personas que pueden ser el esposo o la mamá. Esto es completamente violatorio a sus derechos sexuales y reproductivos; y la normativa del Minsa es bastante explícita que ese tipo de comportamiento está prohibido”, explica la ginecóloga.
De acuerdo con las disposiciones generales de la Norma y Protocolo de Planificación Familiar, las mujeres tienen derecho a no ser sometidas a presión o coerción alguna para elegir un método anticonceptivo; a decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas; a disponer de la información, la educación y los medios necesarios para poder hacerlo; y a tener acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en condiciones igualdad y sin discriminación.
Además, para optar por cualquier método anticonceptivo, incluyendo los definitivos, basta la decisión informada y personal de la mujer, luego de previa orientación y consejería adecuada, sin necesidad del permiso de nadie. Mientras que el personal médico tiene la obligación de garantizar dicha elección.
Sin embargo, según Paola, “la orientación y consejería” que debe brindar el personal médico, es la principal excusa para disuadir a las mujeres de no esterilizarse, ya que este apéndice incluye informar a las mujeres sobre otros métodos anticonceptivos, efectos secundarios y complicaciones.
“Como el personal médico tiene que informar de todo el procedimiento a las mujeres, le dicen que pueden arrepentirse o que utilicen otros métodos de planificación familiar. No está mal informar a las mujeres, pero sí usar esa información de manera engañosa para que a las mujeres les de miedo tomar la decisión”, indica.
La onceava disposición general de la norma manifiesta que “está prohibido inducir la aceptación de cualquier método anticonceptivo, valiéndose de engaños u ocultando información así como toda forma de presión, coacción, violencia o manipulación sobre las personas, sus familiares o su representante legal”.
Vallecillo relata que los doctores que le solicitaron la carta de su mamá y de su esposo, lo hicieron porque hay mujeres que se arrepienten o dicen que fueron obligadas a operarse por alguien de su familia, así que el hospital pide las cartas para no hacerse responsables de dicho “arrepentimiento”.
No obstante, la ginecóloga señala que esas acciones además de ser violatorias con sus derechos, es innecesario, ya que para que el hospital le realice una esterilización a cualquier mujer, le piden firmar el documento de “Consentimiento Informado Para Realizar Esterilización Quirúrgica Voluntaria”, el cual explica el procedimiento de la operación, los riesgos y solicita el consentimiento de la paciente.
El personal médico que le negó el derecho a esterilizarse a “Melania”, fue el mismo que la juzgó cuando parió por tercera vez “por tener demasiados hijos”, relata esta madre de 27 años que solicitó el anonimato.
Cuando Melania, tuvo su primer hijo a los 18 años, pidió al Hospital de Ciudad Sandino que le ligaran las trompas, pero se lo negaron con el mismo discurso que le dicen a todas, que “era muy joven y podía arrepentirse”. Así que continuó planificando.
Hace tres años decidió tener otro hijo, después de parirlo pidió nuevamente la esterilización, pero esta vez en un hospital privado. Al momento de realizarse los exámenes descubrió que estaba embarazada.
“Yo siempre he tenido problemas hormonales. Yo después de tener a mi segundo niño estaba planificando. A veces no me venía la menstruación por tres meses y eso era normal para mí, pero nunca pensé que estuviera embarazada y justo después de seis meses de haber parido”, cuenta.
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Al parir en el Hospital de Ciudad Sandino, esta vez eran los doctores quienes le dijeron que se esterilizara y la regañaron “por no cuidarse y tener más hijos a su edad”.
“Les dije que me operaran a su tiempo y nunca me hicieron caso. Me dijeron «¿Qué pensás? ¿Que se va acabar el mundo? Mirá cómo está la situación». Son doble moral porque no aceptan el aborto, no aceptan que una se esterilice y no acepta que una esté pariendo”, expresa.
Luego de tener a su tercer hijo, logró acceder a la esterilización relata Melania, pero con muchas miradas y comentarios inapropiados por parte de las personas que la atendieron.
