En 2018, Nicaragua exhibió el “quiebre del orden democrático” con una escalada nunca antes vista de “represión y violencia”, y se ha valido de una serie de estrategias para instaurar en el país un sistema “totalitario”, advierte un informe  del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en conjunto con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

La crisis de abril de 2018, no solo agudizó la violación de los derechos humanos, sino que
marcó la «instauración de un régimen dictatorial», señala el informe, “¡Basta ya de impunidad! Ejecuciones extrajudiciales y represión en Nicaragua, hasta cuándo”.

El régimen está «adoptando progresivamente una serie de medidas para llevar al país «hacia un sistema totalitario», agrega el informe y aquí te presentamos cinco estrategias que sigue utilizando a su favor, señala el informe.

Paquete de leyes represivas. En este contexto, entre el 15 de octubre de 2020 y el 18 de enero de 2021 se adoptaron una serie de leyes para “criminalizar y penalizar a la oposición del gobierno”, que amenaza con debilitar e impedir el acceso de la oposición a los comicios de noviembre de 2021, señala el informe.

La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos, la reforma al artículo 37 de la Constitución que permite la aplicación de cadena perpetua y la Ley de Defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la Paz, son algunas de las iniciativas aprobadas por el régimen.

“Acentúan las restricciones del espacio social, dificultando también el trabajo de las oenegés y personas defensoras de derechos humanos y la posibilidad de ejercer la libertad de expresión”, describió Reyes.

Secuestros “exprés”. Constituyeron parte de las modalidades de represión, registrándose un promedio diario de 10 casos de secuestros o arrestos ilegales, ejecutados por policías y civiles armados durante el último trimestre de 2019, señala el informe del Cenidh y FIDH.

Desplazados y exiliados. La “Rebelión de Abril” tuvo un efecto colateral entre la población y provocó el desplazamiento de decenas de miles de nicaragüenses que, se vieron obligados a huir paulatinamente del país para salvar sus vidas tras ser atacados, heridos, encarcelados, torturados o simplemente amenazados de muerte por activistas partidarios o fuerzas estatales.

Mantiene presos políticos. En el contexto de la pandemia, probablemente para evitar el COVID-19, el régimen liberó a más de seis mil personas privadas de la libertad por delitos comunes, sin embargo, los más de cien presos políticos que siguen detenidos no fueron beneficiados de estas medidas.

Por el contrario “continúan siendo víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, insistió Reyes.

Asesinato de campesinos. El informe denuncia que, en los últimos dos años, los asesinatos de indígenas y campesinos “cometidos por actores no estatales bajo la aprobación estatal”.

De enero a agosto de 2019, el CENIDH registró el asesinato de 17 campesinos, muchos de ellos considerados opositores al régimen. El documento señala que estos son actos que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y que permanecen sin investigarse.

Continuidad de la represión

En 2019 y 2020, el régimen Ortega-Murillo continuó con su política de represión y desde llegaron al poder adoptaron «progresivamente una serie de medidas” para silenciar las diferentes voces.

Por otro lado, el documento del Cenidh y la FIDH señala que “el año 2019 marcó un contínuum de la represión en el país”.

Se continuaron violando los derechos humanos de la población y según el informe, el régimen siguió criminalizando la protesta social con arrestos, nuevas detenciones arbitrarias, ataques y agresiones a periodistas independientes, a expresos políticos y a representantes de la Iglesia católica, entre otros.

“En el 2019 y 2020 hay un contínuum de represión hacia los mismos supuestos enemigos, pero con estrategias diferentes, el objetivo es aniquilar todos los espacios donde se puede expresar una crítica frente al Gobierno”, afirmó Jimena Reyes, directora para las Américas de la FIDH.

Los hechos de 2018, le permitieron al régimen consolidar las estructuras paraestatales y construir un amplio aparato de control y de represión social, manifestó Reyes.

“Se confirma que el régimen Ortega-Murillo quebranta el derecho a la libertad de conciencia”, mencionó Reyes.

Con la “Rebelión de Abril”, el régimen instauró un modelo de Estado policial en Nicaragua para silenciar a la disidencia y cerrar los espacios democráticos en el país.

“Estamos en una situación de impunidad total y la paradoja es ver a lo opuesto las detenciones arbitrarias de más de 100 presos políticos, las condenas de jóvenes manifestantes y a veces hasta más de 90 años de cárcel”, manifestó la directora para las Américas de la FIDH.

La Lupa Nicaragua
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