Las organizaciones feministas de seis países de Suramérica advirtieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la región atraviesa un proceso de regresión de derechos que responde a una estrategia regional para debilitar la democracia y el Estado de derecho. Durante una audiencia pública, representantes de Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Colombia y Ecuador denunciaron que los retrocesos observados en sus países son expresiones de un mismo fenómeno que combina concentración del poder, reformas legales, desmantelamiento institucional y discursos dirigidos a desacreditar la agenda de igualdad.

La audiencia reunió a integrantes de la Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género, quienes expusieron que distintos gobiernos han impulsado medidas para restringir los derechos de las mujeres y de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Según denunciaron, estas acciones afectan el acceso a la justicia, debilitan las políticas públicas de igualdad y reducen la capacidad de las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos.

Las organizaciones denunciaron que existen elementos que explican el retroceso de los derechos de las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ y su impacto en la democracia y el Estado de derecho en la región:

  • Patrón regional de regresión: Las organizaciones sostuvieron que el retroceso de los derechos de las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ responde a una estrategia coordinada en varios países de Suramérica.
  • Erosión democrática: Advirtieron que estas acciones debilitan la democracia y el Estado de derecho al reducir los mecanismos de control institucional y restringir derechos.
  • Captura institucional: Denunciaron que distintos gobiernos han tomado control de congresos, tribunales y otros órganos de control para facilitar reformas regresivas y limitar la protección de los derechos humanos.

Aunque la audiencia analizó la situación que sufren las mujeres y las personas de la diversidad sexual, Nicaragua no formó parte de la sesión. La ausencia ocurre en un contexto en el que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cancelado la personalidad jurídica de miles de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas prácticamente todas las organizaciones feministas y de defensa de los derechos de las mujeres. El cierre masivo de estos espacios ha obligado a numerosas defensoras a continuar su trabajo desde el exilio y ha reducido significativamente la posibilidad de que organizaciones nacionales participen directamente en mecanismos internacionales de protección como la CIDH.

Desmantelamiento de los contrapesos democráticos

Cyntia Silva Yakuri, directora de la organización Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), de Perú, explicó que esta captura institucional permite eliminar los mecanismos de fiscalización y facilita la aprobación de normas que restringen derechos y criminalizan a quienes los defienden.

Según expuso, la captura de congresos, ministerios públicos, tribunales y otros órganos de control permite eliminar los mecanismos de fiscalización y facilita la aprobación de normas que restringen derechos y criminalizan a quienes los defienden.

«Los gobiernos capturan los órganos que deberían revisar o frenar estas decisiones arbitrarias. Luego, sin contrapesos que se opongan, producen leyes que criminalizan a defensoras (…) Detrás de esta arquitectura también opera una red deliberadamente articulada. Y cuando hay una captura de los órganos de control, se criminalizan a las defensoras y se vacían los presupuestos, pues se tiene un objetivo detrás: que permanezcan intactas las estructuras discriminatorias», dijo Cyntia Silva Yakuri, una abogada peruana que se desempeña como directora del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), una organización que se dedicada a la promoción y defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

Las organizaciones también alertaron sobre el avance de una ofensiva normativa sustentada en discursos conservadores y antigénero. Emilia Salazar Chávez, también de Demus, explicó que narrativas como la denominada «ideología de género», las supuestas «denuncias falsas» o la defensa de un único modelo de familia han dejado de ser consignas políticas para convertirse en leyes, decisiones administrativas y posiciones oficiales.

«El discurso antigénero dejó de operar únicamente en campañas sociales o electorales. Hoy se materializa en leyes vigentes, decisiones administrativas, procesos penales y posiciones oficiales», señaló.

Según Salazar Chávez, estas narrativas deslegitiman las demandas de igualdad, generan desconfianza hacia las víctimas de violencia de género y sirven para justificar reformas regresivas.

Recortes presupuestarios que afectan a mujeres

El tercer eje que se abordó en la audiencia de la CIDH fue el vaciamiento institucional de las políticas públicas para las mujeres. Jennifer Alfaro, de Corporación Humanas de Chile, explicó que varios Estados mantienen formalmente las leyes que reconocen derechos, pero eliminan los recursos necesarios para hacerlas efectivas mediante recortes presupuestarios, reducción de personal especializado o la degradación de ministerios y otras instituciones.

Como ejemplo mencionó el caso de Argentina, donde las organizaciones denunciaron un recorte cercano al 89% del presupuesto destinado a políticas de género.

«Ya no necesita derogar las leyes que reconocen derechos; puede conservarlas formalmente y, al mismo tiempo, retirar la capacidad material de cumplirlas. Sin presupuestos, sin datos y sin personal, la institucionalidad que sobrevive formalmente deja de operar», afirmó.

Las expositoras señalaron que el debilitamiento institucional tiene consecuencias directas sobre la vida de mujeres, niñas y adolescentes. Patricia Sotile, integrante de ELA Argentina, afirmó que la reducción de políticas públicas coincide con la persistencia de la violencia feminicida, el aumento de obstáculos para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva y la criminalización de quienes buscan ejercer derechos reconocidos por la legislación.

«La subdenuncia no demuestra ausencia de riesgo; muestra barreras de acceso y falta de confianza en las respuestas estatales», sostuvo.

Sin acceso a un aborto terapéutico

Entre los datos presentados durante la audiencia, las organizaciones destacaron que en Perú al menos 2603 niñas menores de 15 años víctimas de violación no accedieron a un aborto terapéutico entre 2014 y 2023, pese a que este procedimiento está permitido por la legislación peruana en determinadas circunstancias.

Al concluir la audiencia, la Articulación Regional Feminista pidió a la CIDH reconocer estos retrocesos como un patrón regional e incorporarlo en su informe anual, además de dar seguimiento mediante sus relatorías. Las organizaciones sostuvieron que cuando un Estado utiliza sus instituciones para restringir derechos también erosiona las bases de la democracia, al reducir los mecanismos de protección y los espacios de participación ciudadana.

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La Lupa Feminista