“No descansaré hasta que se declare la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por la muerte de mi padre”. Con esa exigencia, Tininiska Rivera llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el dolor de una familia que, según denunció, perdió a su padre bajo custodia estatal y continúa buscando respuestas por la desaparición de familiares y personas cercanas que intentaron recuperar su cuerpo.

Durante la audiencia “Nicaragua: Desapariciones forzadas”, realizada el 6 de agosto de 2026 en el marco del 196 periodo de sesiones de la CIDH, Rivera denunció que tras la muerte de su padre, Brooklyn Rivera, al menos ocho personas están en condición de desaparición forzada. Las detenciones arbitrarias, la falta de atención médica y el castigo contra familiares forman parte de un patrón de represión sostenido por el Estado nicaragüense.

Rivera relató que su padre murió el 30 de mayo de 2026 bajo custodia estatal, luego de permanecer detenido desde el 29 de septiembre de 2023. Aseguró que antes de su captura se encontraba en condiciones de salud estables y que la familia exigió información sobre su paradero desde los primeros días de la detención, sin obtener respuesta de las autoridades.

“El Estado de Nicaragua es responsable de la muerte de mi padre”, afirmó Rivera ante la CIDH, al señalar que su fallecimiento fue consecuencia de las condiciones de incomunicación, indefensión y falta de atención médica adecuada durante su privación de libertad.

También denunció la desaparición de familiares y amistades que acudieron al hospital Vélez Paiz, en Managua, para solicitar la entrega del cuerpo y darle sepultura conforme a sus tradiciones. Entre las personas desaparecidas mencionó a Ada López Bryan, de 64 años, quien enfrenta padecimientos crónicos, y a Yorgis Escobar López, quien requiere cuidados médicos tras una cirugía.

“Exijo que las personas desaparecidas por reclamar que se les entregara su cuerpo sean liberadas inmediatamente”, manifestó.

Familias destruidas en Nicaragua

Thelma Brenes denunció que el caso de su familia evidencia cómo la persecución política alcanza también a quienes acompañan, cuidan y exigen información sobre sus seres queridos detenidos.

“Detrás de cada caso hay una vida y una familia nicaragüense destruida”, expresó Brenes, hija del coronel retirado Carlos Brenes Sánchez, preso político desaparecido, desde el 14 de agosto del 2025.

Brenes señaló que el régimen nicaragüense mantiene una política de «desacato» frente a las medidas de protección emitidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y continúa utilizando la prisión política y la desaparición forzada como mecanismos de control social.

Su testimonio se centró en la situación de su padre, de 71 años, quien padece diabetes, hipertensión y problemas de movilidad, por lo que necesita medicamentos diarios. Desde su detención, afirmó, ningún familiar ha podido verlo.

También denunció la detención de Salvadora Martínez, una mujer sin militancia política cuya persecución, según Brenes, está relacionada con su vínculo familiar y con el acompañamiento que brindó a su padre durante su encarcelamiento en 2018.

“El encarcelamiento de Salvadora evidencia el castigo por asociación, una forma de violencia política que victimiza a las familias y en especial a las mujeres, solo por el afecto de cuidado y de solidaridad. Y lo que busca es aterrorizar al resto de las familias que tratan de buscar y de cuidar a sus desaparecidos”, afirmó.

Durante la audiencia, Alejandra Manavella, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), señaló que las prácticas represivas documentadas desde 2018 se han profundizado. “El Estado ha perfeccionado sus mecanismos de control, convirtiendo la prisión política y la desaparición forzada en instrumentos centrales de control social”, indicó.

Según datos presentados durante la sesión, al menos 60 personas continúan detenidas por razones políticas en Nicaragua, 22 de ellas en condición de desaparición forzada.

Las familias solicitaron a la CIDH exigir al Estado nicaragüense la presentación inmediata de las personas desaparecidas, permitir evaluaciones médicas independientes y vigilar el cumplimiento de las medidas cautelares y provisionales emitidas por los organismos internacionales.

“Para las personas enfermas, como es el caso de mi padre, Salvador y Julio, se nos va la vida en la espera”, advirtió Brenes ante la Comisión.

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La Lupa Feminista