En Nicaragua persisten las violaciones a los derechos fundamentales como consecuencia de la crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua desde abril de 2018, que se vio agravada por la devastación causada por los huracanes en noviembre de 2020 y los efectos negativos de la pandemia la COVID-19, según la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

En un artículo de opinión publicado por el diario The Washington Post, Alberto Brunori,  representante regional de la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana, sostiene que «no hay camino posible, ni futuro para las y los nicaragüenses, fuera de los derechos humanos, y menos aún si estos se siguen violando».

La oficina de la OACNUDH señala que, en la actualidad el régimen no cumple con las recomendaciones formuladas por la Alta Comisionada en su informe de 2019 al Consejo de Derechos Humanos.

El avance en el cumplimiento de las recomendaciones, según el más reciente boletín emitido por esta oficina, sigue siendo “sumamente limitado”.

“Persisten las violaciones frecuentes a los derechos a la libertad personal, de expresión, de reunión pacífica, y de asociación, y de participación”, señala el documento emitido este 8 de febrero de 2021.

El informe de la Alta Comisionada, incluye 14 recomendaciones y a pocos meses de celebrarse elecciones generales en Nicaragua, la OACNUDH considera que el balance del cumplimiento de las mismas ha sido “deficiente”.

El boletín de la OACNUDH, señala que el régimen ha implementado “pocas medidas”, como la liberación de algunos presos políticos, pero esos avances no son “notables hasta el momento”.

Pocos avances en liberación de presos

En ese sentido,  poner fin a las detenciones arbitrarias y liberación de personas presas en el contexto de la crisis es una de las recomendaciones “parcialmente cumplidas”, pero el régimen se niega a la fecha a restablecer el diálogo y brindar garantías para el ejercicio del derecho de reunión pacífica y de las libertades de expresión y asociación.

«A pesar de que la Oficina ha ofrecido una y otra vez su disposición para prestar al Estado de Nicaragua asistencia técnica a fin de tomar medidas acordes con el derecho internacional de los derechos humanos, como lo hacemos en todos los países del mundo, el gobierno no ha aceptado dicha cooperación», señala Brunori.

La OACNUDH identifica que el régimen sigue el mismo patrón que consiste en breves detenciones policiales, tras las cuales las personas detenidas son puestas en libertad dentro de las 24 horas siguientes, sin ser presentados a las autoridades judiciales

Los arrestos y detenciones arbitrarios de personas percibidas como opositoras al gobierno, continuaron.

La semana pasada, la Policía reactivó la cacería en contra de miembros de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), entre ellos Enrique Cuadras y Santiago Fajardo, quienes fueron liberados posteriormente bajo de amenazas de volver a apresarlos.

Sin embargo, el pasado dos de febrero los diputados orteguistas aprobaron una reforma al Código Penal que amplía de 48 horas, a 15 y hasta 90 días, el plazo de detención de una persona mientras esté siendo investigada.

“OACNUDH ha podido constatar también que, en varios aspectos, se han dado pasos atrás tales como la aprobación de varias reformas legislativas incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos, cuya aplicación supone afectar el ejercicio de derechos y libertades de las y los nicaragüenses”, menciona el boletín.

Desde el 30 de diciembre de 2019, según la OACNUDH, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, otorgó medidas alternativas a la detención a 86 hombres y 9 mujeres.

Las cifras de la sociedad civil, sin embargo, a diciembre de 2020, dan cuenta que, al menos 106 personas entre ellos 103 hombres y 3 mujeres, que “participaron en las protestas o que fueron percibidas como opositoras”, continuaban privadas arbitrariamente de su libertad.

Régimen no responde

Entre agosto y diciembre de 2020, la OACNUDH envió 37 comunicaciones al régimen de Ortega, de los cuales solo respondió a 17, pero desde el 12 de junio de 2020 la dictadura Ortega-Murillo dejó de contestar las comunicaciones de esta oficina de derechos humanos.

Desde octubre de 2020, el régimen aprobó una serie de leyes destinadas como complemento a su política de represión.

A la oficina de la OACNUDH, también le preocupa la reforma constitucional adoptada en enero de 2021, que incrementa la duración de la pena por “crímenes de odio” de 30 años de prisión a cadena perpetua.

“Existe el riesgo de que esta disposición pueda ser utilizada para perseguir selectivamente a las voces disidentes”, señala el boletín.

De igual manera, el boletín indica que continúan presentándose acciones de estigmatización y persecución en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y otros actores de la sociedad civil.

De las 14 recomendaciones formuladas por la Alta Comisionada ante el Consejo de Derechos Humanos en 2019, 11 de ellas están dirigidas a autoridades estatales de este país.

Necesaria reforma electoral

Por otro lado, la OACNUDH recordó que en el actual contexto electoral, urge que el régimen se disponga a reanudar el diálogo e implementar los acuerdos alcanzados con la Alianza Cívica en marzo de 2019, asegurando además la pronta aplicación de las reformas electorales e institucionales destinadas a garantizar elecciones justas y transparentes.

«En caso de que el gobierno no tome pronto medidas que aborden esta crisis, Nicaragua se enfrentará a las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021 en una situación marcada por una gran tensión social», señala Brunori.

La Lupa Nicaragua
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