Paulo Abrao
Foto: Confidencial
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La violación a los derechos humanos en Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega, persiste desde la última visita al país del exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão. Y hoy pretende instaurar un Estado totalitario a través de un combo de leyes represivas.

Abrão, en esta entrevista con LA LUPA, asegura que la intención real del régimen de Ortega es manipular un conjunto de normas para legalizar la criminalización a la libertad de expresión, tipificar de traidores de la patria a los opositores y continuar con la persecución estatal.

¿Cómo valora, en materia de derechos humanos, el anteproyecto de reforma al Código Procesal Penal que establece plazos de hasta 90 días de prisión preventiva por una investigación?

Yo estoy acompañando estas modificaciones y nuevas propuestas legislativas del Gobierno con bastante preocupación. Desde el punto de vista político, es totalmente coherente con un Gobierno que mantiene un sistema muy perverso de dominación mediante amenazas e intimidación e incluso, por medio de la legislación penal.

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Creo que esto es un ejemplo más de la quiebra y el agotamiento de un proyecto político que sólo se legitima por el miedo y por el establecimiento de medidas disfrazadas de leyes vigentes que promueven criminalización.

Para mí  este conjunto de leyes penales y ahora esta novedad del Código Procesal Penal, es totalmente incompatible con un sistema jurídico interamericano. El único propósito es mantener el dominio político del país.

Yo he recibido información de que la gente está con más miedo de denunciarlo. Cada vez más las amenazas están dirigidas hacia sus familias, sus trabajos, los medios de sustento económico. El objetivo es declarar ilegales a las organizaciones de la sociedad civil. Luego, denunciar a estas personas por delitos de odio y luego llevarlas a la cadena perpetua. Es totalmente grave este modelo.

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Es extremamente grave. No existe otro conjunto de leyes implementadas en tan poco tiempo en ningún país del mundo con este efecto intimidatorio. La violencia de una dictadura no se mide por la cantidad de cuerpos que produce, sino por el miedo que instala en su sociedad, para evitar que las personas sean verdaderamente libres.

La cadena perpetua que se aprobó por la maquinaria sandinista ¿realmente es una solución al problema de la violencia?

Técnicamente, no existe evidencia científica de que el aumento de las penas o la adopción de la pena de muerte o la cadena perpetua tenga un impacto en la política de seguridad pública.

Frente al fenómeno de la violencia social, la medida de responder con más o menos penas es una elección política y no técnica. Los estudios científicos aplicados a diferentes países muestran que no existe una relación causal entre endurecer las sentencias y mejorar la seguridad. La intensidad de las penas no disminuye la práctica de los delitos.

Los países que adoptan penas más severas no interrumpen sus indices de violencia en una perspectiva de largo plazo. El único número que cambia es el de presos. En otras palabras, es una medida que solo carga el costo del sistema penitenciario. Tanto es así que a lo largo de los años el número de presos en determinados países, como Estados Unidos, por ejemplo, que tiene incluso la pena de muerte y la cadena perpetua, se ha cuadriplicado desde la década de 1970.

Por eso es necesario saber que esta medida al querer ser justificada como politica para afrontar la violencia es un mito. Es una vieja solución política que solo se justifica por el populismo criminal, para responder a momentos de protesta social. No me refiero solo a Nicaragua, en todos los países, la decisión sobre el tamaño de las sentencias es una cuestión política y no una cuestión de técnica de seguridad pública.

Que un individuo sea sentenciado a una pena perpetua no disminuirá las estadísticas criminales de otros, pero ciertamente la gente dejaría de dedicarse a los delitos si el país fuera más justo e igualitario.

Entonces, quiero reafirmar que lo que explica la adopción de esta ley en Nicaragua presumiblemente no es el intento de implementar una supuesta buena política criminal, lo que efectivamente explica que esta ley es la perversidad de un sistema que está tratando de disminuir el campo de libertades públicas y amenazando a los opositores.

También se aprobó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, ¿cómo afecta la participación pública de manera electoral y a la vez, cómo violenta los derechos humanos?

Afecta al ser una norma que atenta contra la libertad de asociación, que refuerza al estado policial que quiere controlar las libertades individuales y como represalia para aquellos sectores sociales que se organizan para defender sus ideas distintas a las ideas oficiales.

En Nicaragua hay un modelo político que cree en el Estado controlador, omnipresente, que quiere llevar la vida de las personas y decir que ellos deben creer y pensar. Esta es una concepción de una sociedad autoritaria. Contradice la idea de la emancipación humana.

En cualquier sociedad libre existe el derecho a organizarse, a buscar financiamiento para sus proyectos, fuera o dentro del país. La aprobación de esta ley en el período preelectoral tiene como objetivo intentar desmovilizar a la sociedad civil organizada, que es crítica con el Gobierno.

Entonces, querer debilitar la capacidad organizativa de la sociedad civil debido al criterio de donde proviene sus fuentes de financiación, vuelva a demostrar una especie de proyecto de un poder totalitario.

 ¿Cómo se puede garantizar la no repetición de las violaciones de derechos humanos en un eventual cambio de Gobierno?

 La agenda que el país debería implementar debe ser de justicia y de transición, adoptando el mejor ejemplo de las sociedades que han pasado por transiciones democráticas o han enfrentado el desafío de enfrentar el legado de violencia de un pasado reciente, que es buscar promover todas las medidas de preservación de derecho a la verdad y reparación; así como la búsqueda de justicia para todos los que fueron afectados.

Este conjunto de medidas, consagradas en el derecho internacional, hacen parte de una agenda que ayuda a una sociedad a enfrentar ese legado de violencia y a construir medidas de no repetición.

Pero también, dentro de estas medidas de no repetición, se encuentran aquellas acciones de reformas a los sistemas e instituciones para evitar que estas violaciones sean reproducidas a lo largo del tiempo.

Es indispensable interrumpir el ciclo de persecución a la ciudadanía desde las instituciones del Estado. Esa conciencia de derecho a la verdad, la memoria, la reparación, las reformas y un proceso de justicia efectivo es la fórmula posible que está a disposición de todas las sociedades.

Esto genera una posibilidad de que la sociedad esté más preparada para reaccionar frente a Gobiernos autoritarios porque está más consciente de las consecuencias de cualquier limitación a sus libertades públicas.

Se sabe que las condiciones de los presos políticos han empeorado con el inicio de la pandemia de covid-19. ¿Cuando usted visitó Nicaragua en 2018, cómo eran las condiciones de los reos de conciencia en el Sistema Penitenciario?

Los prisioneros que encontramos durante nuestra visita, estaban sufriendo apenas la violencia de las restricción a sus libertades y la violencia psicológica en relación al sufrimiento dentro de las cárceles y de sus colegas que eran sometidos a tácticas de interrogatorios, muy poco compatibles con las reglas típicas de un estado de derecho.

Nosotros recibimos denuncias de torturas, tratos crueles, de personas que habían participado de las manifestaciones con toda la convicción que estaban luhando por la libertad y que sufrieron en su piel las consecuencias más extremas de un sistema que en vez de protegerlos, estaba violando sus derechos.

La percepción que hemos tenido, más allá de la identificación y del registro de cada uno de estos casos, fue que ahí había un quiebre de la confianza de la sociedad en las instituciones de seguridad del país. Ese quiebre ya no tenía como ser reconstituido sin una profunda autocrítica de las autoridades públicas de que habían excedido el uso de la fuerza pública para intentar contener las manifestaciones.

La negación que el Gobierno asumió, profundizó este quiebre de confianza que hoy está cada vez más deteriorado.

Las personas que actualmente siguen en las prisiones y que no han logrado un reconocimiento de que durante este contexto estaban en la lucha por la libertad y que la respuesta estatal debería reconocerlo, no manipulando los hechos para tipificarlos como enemigos de la patria, sufren de una situación peor con la que nosotros encontramos hace casi tres años.

¿Hay algún contacto con los familiares de presos políticos?

Los organismos internacionales han seguido monitoreando la situación y en contacto directo con los familiares de presos políticos, con defensores jurídicos de este conjunto de personas y han documentado estos hechos de cómo se utilizan abusos de poder para transmitir el mensaje de que hay un conjunto de personas que ejercen control en el país, que hay una Policía partidizada que cumple órdenes. Por lo tanto, el objetivo es enviar mensajes de que no vale la pena luchar por los derechos, protestar o asociarse.

Ese es el ambiente de miedo cuando hago referencia a la intensidad de un régimen autoritario; por la capacidad de introducir miedo en la sociedad.

Eso explica en parte por qué en los dos últimos años, las manifestaciones se han reducido porque han sufrido una represión muy violenta y las personas acaban por medir las consecuencias para sus familiares y seres queridos que también sufren.

Esto es un patrón de continuidad de la represión y la violación de derechos humanos en Nicaragua no ha cesado y continúan presentes hasta el día de hoy.

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