María Esperanza Sánchez
María Esperanza Sánchez, presa política. Foto: Cortesía
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Lo que más extraña Sherly Sánchez de su madre María Esperanza Sánchez es disfrutar juntas de esos delicioso desayunos todas las mañana. “Todos los días desayunábamos juntas antes de que ella se fuera al trabajo y yo a la universidad”, recuerda la joven. Y es que el pasado 26 de enero se cumplió un año de la detención arbitraria de esta presa política encarcelada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Mi mamá continúa en su lucha por la democracia en Nicaragua. Yo converso con ella y la he notado optimista a pesar de todas las cosas que hemos vivido”, afirmó la hija mayor de María Esperanza, quien también recordó que el pasado 18 de diciembre tuvieron la falsa esperanza de que María Esperanza iba a ser puesta en libertad. Sus familiares la esperaban en su casa, sin embargo esta nunca llegó.

El Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que en el caso de Sánchez se han cometido varias violaciones a los derechos humanos. Una de ellos es “al debido proceso que no se dio, porque el Dr. Julio Montenegro no pudo realizar la apelación que correspondía en su caso, además no fue llevada a los juzgados para la lectura de su sentencia y por su condición de salud ella podría gozar de medidas cautelares oportunidad que no se le dio. Ha sido un año de calvario donde su integridad física y psicológica ha sido violada”.

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“María Esperanza Sánchez fue detenida de manera arbitraria en su casa el 26 de enero de 2020. Un año después sigue presa”, denunció recientemente la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).

Según denuncia su familia, desde el momento de la detención “ha sido objeto reiterado de torturas, trato cruel e inhumano con el objetivo de forzarla a aceptar los delitos que se le imputan”.

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“María Esperanza padece hipertensión arterial y asma cardíaca,  así como problemas de coagulación debido a una trombosis coronaria que sufrió hace años, por lo que las torturas y las inhumanas condiciones de privación de libertad que enfrenta hacen temer por su estado de salud, la cual ha empeorado en los últimos días”, explica IM-Defensoras.

Otras dos presas políticas

Al igual que María Esperanza existen al menos otras dos reas políticas, Celia Cruz mujer transgénero de Ometepe y Karla Escobar de Masaya. Sus familias siguen exigiendo su liberación.

Cruz fue detenida el 21 de abril de 2020, después de la violenta incursión que hizo un día antes la Policía Nacional en la comunidad de Esquipulas en el municipio de Moyogalpa en la Isla de Ometepe, donde varios pobladores se habían reunido para conmemorar los dos años de la Rebelión de Abril. Celia, fue acusada por los delitos de secuestro extorsivo, obstrucción de funciones y daño agravado.

La vida de Celia ha corrido peligro en la cárcel, denunció en julio pasado la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras). En el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, mejor conocido como “La Modelo”, donde permanece privada de su libertad, Celia fue amenazada de muerte por un interno, quien podría estar “gozando de la protección de los funcionarios de la cárcel”, denunció la organización.

En el caso de Karla Escobar esta fue detenida el pasado 30 de abril. Era habitante del barrio Fox de la ciudad de Masaya y se le imputó un rosario de delitos comunes como transporte de estupefacientes,  psicotrópicos y otras sustancias controladas, portación y tenencia ilegal de armas y municiones, en perjuicio del Estado de Nicaragua.

Esfuerzos

A pesar de los esfuerzos que las organizaciones y familiares de estas presas políticas han hecho para excarcelar a estas mujeres no se ha logrado mucho. Sin embargo Juana Estela López Alemán fue puesta en libertad en diciembre del año pasado.

“Su condición de salud lo ameritaba, ella es una persona de la tercera edad quien sufre de diferentes enfermedades, se encontraba bastante grave de salud estando en prisión y eso fue un detonante para otorgar la libertad a esta mujer defensora de los derechos humanos”, mencionó Allan Gómez miembro de la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN).

Testimonios

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe titulado “Personas privadas de libertad en Nicaragua” reúne en uno de sus capítulos dirigido a las mujeres los diferentes testimonios de presa políticas quienes sufrieron violaciones a sus derechos humanos, agravadas en razón de su género, incluyendo actos de violencia sexual, así como de las condiciones de hacinamiento, falta de acceso a atención médica, alimentación inadecuada, castigos y otras represalias.

La activista política María Esperanza Sánchez originaria de Matagalpa, continúa en el Centro Penal La Esperanza, ubicado en Tipitapa, Managua a esperas de que en su caso y en el de las otras dos presas políticas salgan libres.

“Yo motivo a mi mamá, ella sabe que todo el esfuerzo que hemos hecho en defensa de la democracia en Nicaragua no es en vano ante los ojos de Dios”, suplica la hija de Sánchez.

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