La desaparición forzada y la muerte bajo custodia del líder indígena Brooklyn Rivera constituyen, para el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), un caso “emblemático” de cómo distintas instituciones del Estado actuaron de manera coordinada para ocultar el paradero de una persona detenida, restringir el contacto con su familia y, posteriormente, impedir una investigación “independiente y transparente” sobre su muerte. 

El líder indígena miskitu permaneció bajo custodia estatal por 971 días y murió el 30 de mayo de 2026.

El informe “Anatomía de la crueldad estatal”: Desaparición forzada y muerte bajo custodia en Nicaragua” establece que los comunicados oficiales sobre la situación de salud de Rivera tenían contradicciones. El covid-19 “no figura en la descripción clínica” detallada del 27 de mayo; fue mencionado el 28 de mayo como una “enfermedad remota contraída durante la pandemia” y, el 31 de mayo, presentado como “factor desencadenante de la muerte”. 

Para Physicians for Human Rights —organización que realizó un análisis de los comunicados a petición del GHREN—, esas explicaciones “carecían de coherencia médica”.

La evaluación concluyó que los diagnósticos descritos por el Gobierno eran “individualmente plausibles y compatibles con enfermedad crónica, malnutrición, ventilación mecánica, enfermedad hepática terminal e infección hospitalaria”. También determinó que el momento en que aparecieron las enfermedades y los microorganismos identificados apuntaban a infecciones adquiridas durante la privación de libertad o en el hospital, y no en la comunidad.

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Physicians for Human Rights, concluyó que “esos informes tergiversaron la gravedad de un estado que el equipo médico ya conocía, o bien se produjo un deterioro catastrófico que no fue explicado desde el punto de vista clínico”. 

Brooklyn Rivera permaneció aislado en La Modelo 

Rivera fue detenido sin orden judicial el 29 de septiembre de 2023. Durante largos períodos, las autoridades ocultaron su paradero y restringieron severamente el contacto con sus familiares, pese a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las medidas provisionales ordenadas posteriormente por la Corte Interamericana.

El GHREN considera que Rivera permaneció durante la mayor parte de su desaparición en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como La Modelo, donde habría sido mantenido “separado de otros reclusos” para impedir que la información sobre su situación llegara a su familia. 

La Policía Nacional, según el informe, no informó a sus familiares sobre las razones de la detención ni sobre su lugar de reclusión.

El Grupo denunció que la desaparición de Rivera estuvo acompañada por la denegación del contacto con sus familiares y que, después de su muerte, seis de sus familiares y dos personas cercanas también desaparecieron.

Cadena institucional 

El GHREN reconstruye una cadena institucional que va más allá de la detención. Tiene “motivos razonables para creer” que funcionarios de la Policía Nacional, el Sistema Penitenciario Nacional, el Ministerio de Salud y el Ministerio Público colaboraron en la detención arbitraria, desaparición forzada y posterior manejo del caso.

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El Ministerio Público, según el Grupo, no investigó la desaparición forzada, lo que habría facilitado el ocultamiento y protegido a quienes pudieran ser responsables. El Ministerio de Salud, por su parte, negó a la familia el acceso al expediente médico de Rivera, una decisión que el informe considera parte del ocultamiento de posibles evidencias.

La falta de información tuvo consecuencias adicionales cuando Rivera enfermó gravemente. El Gobierno solo hizo pública información sobre su estado de salud pocos días antes de su muerte, cuando las imágenes difundidas lo mostraron desnutrido y conectado a ventilación mecánica. 

“Estos actos forman parte del ataque generalizado y sistemático contra la población civil y constituyen prima facie los crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada —como otro acto inhumano— y persecución por motivos políticos”, puntualizó el Grupo. 

En el informe, el Grupo sostiene que las actuaciones contra Rivera forman parte de una estructura institucional bajo control centralizado de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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La Lupa Feminista