La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Thelma del Rosario Montenegro Centeno, integrante de la Asociación Madres de Abril (AMA), al considerar que se encuentra en una situación de “gravedad y urgencia” con riesgo de sufrir un daño irreparable a sus derechos en Nicaragua y otorga un plazo de 15 días a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo para que detalle la adopción de las medidas.

Montenegro fue detenida el 23 de agosto de 2026 por la Policía orteguista y, desde entonces, sus familiares y personas allegadas no tendrían información oficial sobre su ubicación, las condiciones de su detención ni su estado actual, pese a las gestiones realizadas para conocer su situación.

La Comisión advirtió que la falta de información sobre el paradero de Montenegro Centeno impide «verificar la situación» en la que se encuentra e implica «mayor agravamiento de la seriedad de su situación».

La resolución exige al régimen «revele el lugar en el que se halla detenida, garantizando visitas, contacto regular y acceso de sus familiares y representantes legales de confianza».

Interrogada por policías de Pantasma

Según el documento de la CIDH, el 19 de agosto de 2026, Montenegro Centeno acudió a la estación policial de Pantasma para realizar un trámite relacionado con su licencia de conducir. Cuando le solicitaron su documento de identidad, los agentes le expusieron que existía un problema y que debían realizar una consulta. La condujeron a una habitación y le señalaron que quedaba detenida porque se encontraba “circulada”.

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Montenegro Centeno logró enviar un mensaje a un familiar y le comunicó que estaba siendo detenida. Un agente le dijo a su acompañante que podía retirarse de la estación. «Los agentes esposaron a la propuesta beneficiaria y la subieron a la parte trasera de una camioneta policial. Según refirieron, la trasladaron a la estación policial de Jinotega», donde le notificaron que «había sido acusada de haber causado la muerte de su esposo» Francisco Blandón, algo que ella negó.

El 20 y 21 de agosto de 2026, Montenegro Centeno «fue sometida a interrogatorios de carácter político y no en relación con la imputación», destaca la CIDH en su resolución.

«Se le preguntó por su posible vínculo con opositores, con personas activas en la política con la que la propuesta beneficiaria había tenido contacto, y por una reunión de AMA celebrada en 2020. Al respecto, el agente que la interrogaba tenía una fotografía de esa reunión y le pidió identificar a quienes habían participado. También fue consultada sobre la situación política de Venezuela y sobre la posibilidad de que algo similar ocurriera en Nicaragua. Cuando la propuesta beneficiaria intentó referirse a la acusación relacionada con la muerte de su esposo, uno de los agentes le dijo que no le permitirían abordar ese tema», señala la CIDH.

Una mujer vinculada a víctimas de la represión

Montenegro Centeno es integrante de AMA, una organización creada por familiares de personas asesinadas durante la crisis sociopolítica de 2018, quienes han exigido verdad, justicia y reparación para sus familiares.

Entre las medidas solicitadas por la CIDH al Estado nicaragüense destacan:

  • Proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Thelma Montenegro.
  • Informar su paradero y las condiciones de su detención.
  • Garantizar visitas y comunicación con familiares y representantes legales.
  • Realizar una valoración médica integral y asegurar atención médica, medicamentos y tratamientos necesarios.
  • Investigar los hechos que dieron origen a la resolución para evitar su repetición.

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La Comisión también pidió que las medidas sean acordadas con la presa política y sus representantes, siguiendo el principio de participación de la persona beneficiaria en las acciones de protección.

La resolución se suma a otras medidas cautelares otorgadas por la CIDH en Nicaragua ante denuncias de detenciones sin información oficial, riesgos para la integridad personal y falta de acceso a familiares o abogados.

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La Lupa Feminista