El creciente autoritarismo al que está asistiendo la región en los últimos años ha acelerado una implicación política de las mujeres jóvenes de Centroamérica. En los últimos años, se han volcado en tejer alianzas para desafiar a sus sociedades y Estados machistas.
El creciente autoritarismo al que está asistiendo la región en los últimos años ha acelerado una implicación política de las mujeres jóvenes de Centroamérica. En los últimos años, se han volcado en tejer alianzas para desafiar a sus sociedades y Estados machistas.

Nicaragua: “Si no existen los espacios, nosotras los creamos”

Desde que la Policía Nacional declaró ilegales las protestas sociales, en septiembre de 2018, las feministas jóvenes de Nicaragua se plantearon nuevas formas para continuar demostrando su rechazo a la represión de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Por ello decidieron organizar los “piquetes exprés”. En grupos, las jóvenes encapuchadas salían a las calles, sacaban su bandera de Nicaragua y gritaban consignas en demanda de la liberación de las presas políticas, para denunciar los femicidios y exigir un país en democracia. No duraban ni 10 minutos en la calle. El hecho dejaba una huella en las redes, pero no había rastro de las protagonistas que al terminar corrían a cambiarse de ropa y eliminar cualquier evidencia que las relacionara con el hecho.

“Peyote”, participó en varios “piquetes exprés”. Esta activista feminista de 30 años utiliza este alias para evitar la persecusión de agentes estatales y paramilitares, quienes mediante la violencia han impedido, desde 2019, continuar con esta y cualquier otra forma de protesta en las calles y cualquier espacio público de Nicaragua.

“Las mujeres están sobreviviendo no sólo a la transformación sociopolítica que atraviesa el país, sino que están en una doble exposición a las violencias que ya sufrían antes. Ya desde antes este Estado estaba violentando los derechos de las mujeres, pero después de la crisis hasta la fecha ha sido peor”, indica la activista.

Una prohibición que también negaba el derecho a manifestarse en las calles los 8 de marzo y 25 de noviembre. Dos fechas emblemáticas para las mujeres en Nicaragua, quienes cuando parecía todo estaba perdido, encendieron, nuevamente, la llama de la protesta en la Universidad Centroamericana (UCA).

La UCA fue el escenario del inicio del estallido nacional de abril 2018, y tras la imposición del estado policial se convirtió en el nuevo espacio de protesta. En el interior del campus, protegida por las paredes de la casa de estudios, las jóvenes han encontrado refugio para gritar sus consignas en demanda de “derechos para las mujeres” y “una vida libre de violencia”.

El 8 de marzo de 2020, tres años después de la última manifestación nacional del movimiento de mujeres, cientos de estudiantes empapelaron la universidad denunciando la violencia machista, exigiendo justicia por las mujeres víctimas de femicidio y exponiendo a sus agresores.

El incremento de la violencia ha sido registrado por la organización Católicas por el Derecho a Decidir que en 2018 contabilizó 57 femicidios, seis más que el año anterior; 63 en 2019; 71 en 2020, y hasta noviembre de 2021 se contabilizan 66 mujeres asesinadas y 120 casos en grado de frustración.

Mientras la Red de Mujeres Contra la Violencia reporta que en 2020 hubo meses en que se reportó una desaparecida por semana y en 2021 de dos hasta tres casos por día, sin lograr la atención necesaria por parte de las autoridades que “ahora se dedican a cazar disidentes políticos y liberar femicidas y violadores”, señala una de las activistas de dicha organización.

Para contrarrestar la violencia, Las Malcriadas, la organización a la que pertenece “Peyote”, creó redes de apoyo con la Articulación Feminista de Nicaragua, un conglomerado que agrupa a más de 100 organizaciones, para acuerpar a mujeres y guiarlas si necesitan realizar una denuncia o recibir asistencia psicológica. Sin embargo, denuncian que la Policía no recibe las denuncias, y las históricas organizaciones de mujeres no pueden realizar su trabajo como antes debido al contexto de represión y cierre de espacios.

También crearon grupos de reflexión para que las mujeres puedan hablar de sus necesidades y de su proceso de sanación de una manera colectiva en un ambiente “tan adverso y tan necesario a la vez”. Estos grupos están dirigidos por una psicóloga con la que trabajan temas relacionados a la lucha contra la violencia machista y estatal, el autocuidado y la ciudadanía a través de actividades lúdicas.

Daisy, originaria de Estelí, al norte del país, e integrante de los grupos de reflexión, quedó desempleada en los primeros meses de la pandemia de COVID-19. Para poder subsistir comenzó a vender mascarillas de tela, pero aún así no genera suficientes ingresos. Todo sumado a las labores del hogar y la crianza de sus hijos, por lo que la jornada se triplicaba, y el estrés incrementó. Para ella, contar con un espacio seguro como ese, donde pueda hablar y ser escuchada es importante. “El solo hecho de estar aquí para desahogarme vale mucho, porque en mi casa no tengo con quien hablar”, comenta.

Un promedio de 300 mujeres de los diferentes territorios del país ha participado en estos grupos de reflexión, que recientemente se han tenido que limitar tanto en la cantidad de mujeres participantes, así como trasladarse de la presencialidad a la virtualidad ante el riesgo de coronavirus y la persecución contra los grupos de mujeres organizadas.

Bruja Mística, otra joven que se identifica solo con este alias y que pertenece a la iniciativa política feminista Las Subversivas, expresa que en la virtualidad han podido crear espacios de formación, foros, conversatorios con mujeres de todo el país y a nivel regional, ya que forman parte de la Red Latinoamericana y del Caribe por la Salud de las Mujeres.

Estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA) protestan contra la violencia machista el 8 de marzo. Foto: Antonio.

En estos espacios virtuales brindan herramientas a las mujeres para el autocuidado emocional y físico, para potenciar sus liderazgos dentro de las organizaciones sociales y para realizar un activismo desde una perspectiva feminista.

“Nosotras que iniciamos con mujeres jóvenes activistas estudiantiles pudimos notar que para muchas de las que estaban en el espacio, simplemente comprender que en los espacios organizados hay violencia política resultó ser un despertar increíble. Les ayudó a colectivizar el poder de las otras, a aprender hacer alianzas, a aprender a ser estratégicas políticamente, a saber posicionar discursos y a saber disputar el poder. Eso fue para nosotras un éxito”, reconoce Bruja Mistica.

Según Mary, el pseudónimo de esta politóloga y activista feminista, la violencia que los Estados centroamericanos emprenden contra las mujeres organizadas es constante y un reflejo de la cultura patriarcal que impregna la región, y que en los últimos años se ha reforzado, a diferencia de otros países de Latinoamérica.

“Esto es algo que cuando te convertís en feminista das por hecho. Cuando protestar era permitido (en Nicaragua) sabías que podías quedar sometida en un enfrentamiento. Ahora que ya no se puede salir, lo mínimo que podés esperar es una persecución dirigida, la cárcel o la desaparición forzada. La gama de represalia que se extiende contra las mujeres y contra cualquier actor social que sea un agente de presión va desde la violación a sus libertades básicas hasta la transgresión de su derecho a la vida”, manifiesta Mary.

La politóloga explica que los movimientos de mujeres han sido unas de las voces más demandantes y críticas a los Estados centroamericanos, así que estos utilizan dos mecanismos de control para acallarlas: elementos jurídicos o fuerza física con dispositivos de choque.

El Salvador: La lucha de varias generaciones por el derecho a decidir

El 9 de octubre de 2021, el ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial salvadoreño, Juan Carlos Bidegain, presentó la iniciativa de Ley de Agentes Extranjeros, que establece que ninguna persona natural, jurídica, gobierno, partido o cualquier tipo de organismo que esté fuera de El Salvador puede entregar dinero a personas políticas, partidos políticos, fundaciones y ONGs salvadoreñas con fines políticos.

Con esta normativa, el Gobierno de Nayib Bukele limita a las organizaciones que tampoco podrán usar el dinero para financiar actividades no declaradas previamente o que no estén contemplada en sus estatutos, cada desembolso tendrá un impuesto del 40%, y quienes reciban dinero extranjero y no se registren serán sancionados con una multa o la cancelación de su personería jurídica.

El Salvador. La activista feminista Katherine Samayoa participa en un conversatorio radial sobre los derechos sexuales y reproductivos. Foto: Jóvenes que llevan vocerías en DS y DR.
El Salvador. La activista feminista Katherine Samayoa participa en un conversatorio radial sobre los derechos sexuales y reproductivos. Foto: Jóvenes que llevan vocerías en DS y DR.

Aunque el ministro asegura que es «a efecto de promover transparencia sobre la influencia extranjera», organizaciones de derechos humanos como Humans Rights Watch han expuesto su preocupación y exigido que se archive la iniciativa. Temen que se utilice como lo hace el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, que estableció una ley similar en 2020 que ha provocado el cierre forzado de, al menos, 55 ONG que han denunciado las violaciones a los derechos humanos en el país. Hasta el momento, el Gobierno salvadoreño allanó ocho organizaciones, entre ellas la Asociación de Movimientos de Mujeres Mélida Anaya Montes «Las Mélidas».

Silvia Elizondo, coordinadora de la Asociación de Mujeres Jóvenes Ixchel, advierte que las organizaciones de mujeres salvadoreñas podrían verse afectadas, incluyendo la suya. Nunca hasta ahora habían sido tan cuestionadas ni deslegitimadas por parte de ningún Gobierno. Además, asegura que ante cada crítica que realizan a los agentes estatales en redes sociales son señaladas de ser financiadas por la oposición en un aparato mediático nunca antes visto.

“Es un fenómeno que las organizaciones no habíamos valorado. Creo que nadie tiene la capacidad mediática que ha instalado el Gobierno actual. Hay organizaciones vetadas de presentar cualquier iniciativa de ley porque de entrada se les van a decir que no, por cualquier observación o cuestionamiento realizado anteriormente”, explica la activista.

Por otro lado, Katherine Samayoa, integrante de Jóvenes Voceras y Voceros en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, expone que la hostilidad contra las organizaciones al momento de manifestarse es cada vez mayor, ya que ante cada movilización que realizan hay presencia de paramilitares y policías que intimidan a la ciudadanía. Así que ahora tienen que velar por su seguridad, situación que no les había pasado con otras administraciones.

Elizondo y Samayoa aseguran que uno de los temas más difíciles de trabajar en El Salvador es la demanda por los derechos sexuales y reproductivos, no solo porque el 90% de la población es cristiana según datos del último censo, sino porque desde las mismas estructuras estatales se autoproclaman cristianas, a pesar que su misma Constitución establece un principio de laicidad.

En 1998, El Salvador penalizó el aborto en su totalidad, el cual era permitido en tres supuestos desde 1974: cuando la vida de la mujer estuviera en riego; por malformaciones previsibles y graves en el feto; y cuando el embarazo era resultado de violación. Mientras tanto, también existen limitaciones al acceso de anticonceptivos y escasa implementación de Educación Sexual Integral, aunque este se encuentra dentro del currículo del Ministerio de Educación, indica Samayoa.

Según Silvia Elizondo, esto tiene como consecuencia que las niñas, adolescentes y mujeres tengan embarazos no deseados, que con la pandemia se ha agravado. De acuerdo a datos del Ministerio de Salud de El Salvador, el 22% de los embarazos hasta septiembre de 2021 corresponden a niñas y adolescentes entre 10 y 19 años. Es decir, 10.269 embarazos, lo que significa un incremento de 8% con respecto a 2020.

Además, el Estado salvadoreño no solo condena a las mujeres que practican un aborto voluntariamente, sino también aquellas que lo tienen de manera involuntaria por alguna condición médica, aclara la feminista.

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto contabiliza actualmente 17 mujeres criminalizadas por haber tenido complicaciones obstétriscas, acusadas de haber cometido el delito de homicidio agravado con penas de 30 a 50 años. Desde 2009 hasta la fecha, 52 mujeres fueron criminalizadas y ahora están en libertad. Pero no todas contaron con la misma “suerte”, alertan las organizaciones de mujeres.

Uno de los casos más emblemáticos es el caso de Manuela, una mujer perteneciente al área rural que tuvo un parto prematuro en 2008 y que fue acusada de “asesinar a su hijo para esconder una infidelidad”, según la jueza que la condenó. Dos años después, falleció de cáncer linfático sin haber recibido atención médica adecuada y esposada a la camilla de un hospital.

Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estableció una condena de responsabilidad del Estado salvadoreño en su muerte. Lo que se convirtió en un fallo histórico por ser el primer caso de este tipo que llega a la Corte, aunque posiblemente no tendrá el efecto que esperaban, asevera Elizondo, debido a la posición que tiene el presidente Nayib Bukele en contra del derecho a decidir.

“Ha habido un gran retroceso en este tema. El mismo presidente ha salido muy contundente en contra del aborto, y no podemos negar que tiene un gran poder de convencimineto con la población. Quizás la resolución del caso de Manuela no va a tener el impacto que las organizaciones de mujeres esperamos”, lamenta.

Por otro lado, Katherine Samayoa, asegura que la exigencia de la despenalización del aborto no la detendrán hasta que lo consigan. Desde su organización imparte talleres a niños, niñas y adolescentes sobre educación sexual integral y derechos humanos. También realiza movilizaciones por las 17 mujeres acusadas de haber abortado, y hace cuatro años se involucró en el intento de la reforma del artículo 133, para que se despenalizara el aborto por cuatro causales; sin embargo, en octubre de este año una comisión de la Asamblea Legislativa archivó la iniciativa.

“Dimos seguimiento al intento de reforma, dimos información de las causales, estuvimos apoyando a las organizaciones que estaban trabajando directamente con la reforma y en la promoción de ello, dimos panfletos, trabajamos a nivel de las redes sociales, íbamos a plantones y marchas afuera de la Asamblea legislativa, hacíamos entrevistas al respecto”, explica.

Las manifestaciones duraron un año y medio, aunque la iniciativa de ley fue archivada, afirma que su trabajo no parará y continuará luchando por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres salvadoreñas.

Guatemala: Universitarias contra el acoso y la violencia sexual

La politóloga “Mary” sostiene que el Estado, al ser una estructura de poder masculina, se manifiesta en todas las instituciones sociales que “están conectadas a esa relación de control jerárquico y patriarcal”, y va desde la autoridad mínima como un rector de una universidad, hasta la autoridad máxima como el presidente.

Para las activistas guatemaltecas de la Red Interuniversitaria Seguras y Educadas (RISE), los espacios universitarios son un reflejo claro de cómo se institucionaliza el machismo y cómo se protege a los agresores. A partir de una denuncia por acoso sexual contra el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle de Guatemala en 2020, las estudiantes se organización y lograron que el decano fuera despedido y que la universidad creara protocolos de denuncia.

No obstante, valoran que eso solo era “la punta del iceberg”, ya que el acoso y la violencia sexual es un problema generalizado en todas las universidades y en todos los espacios del país, según estas jóvenes, lo que lo confirman también los informes oficiales.

La Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), adscrita a la Vicepresidencia de Guatemala, reportó en su último informe 8.102 denuncias por violencia sexual entre enero y agosto de 2021, de los cuales solo 697 tuvieron sentencia condenatoria.

Por otro lado, las activistas exponen que debido a la pandemia de COVID-19 y el traslado a la modalidad virtual, el acoso incrementó considerablemente en los espacios digitales.

Aunque en Guatemala no hay datos oficiales sobre este tema, la UNESCO estima que a nivel mundial el 73% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia en línea, de las cuales el 23% sufrió acoso. De acuerdo a la organización “la violencia digital se articula con la violencia machista que viven mujeres todos los días en distintos espacios, como en las calles, el trabajo y en sus propios hogares y es tan real como cualquier otra forma de violencia”.

Los tipos de violencia digital van desde la distribución no consensuada de imágenes íntimas y de actos de ‘sextorsión’, ciberhostigamiento, ciberacoso y violencia sexual en línea.

Por otro lado, las universitarias explican la lucha contra la problemática del acoso y la violencia sexual se dificulta, puesto que las personas todavía lo ven como un tabú, una exageración y, en el peor de los casos, los responsables toman medidas en contra de las mujeres que denuncian, a pesar que un estudio de la Universidad de San Carlos de Guatemala reveló que el 54.2% de las estudiantes habían sido acosadas.

“Cuando las estudiantes callan no solo es por el miedo a ser juzgadas, sino también porque los maestros las tienen en sus manos y las amenazan con dejarles el semestre. Muchas veces esos maestros están en organizaciones de la universidad y son muy respetados, pero se están disfrazando para que nadie sospeche de sus acciones contra las estudiantas”, indica Ixya Rodríguez, activista maya kaqchikel.

Esto también hace que las jóvenes dejen los estudios o tengan que movilizarse hacia otra universidad, lo que no solo afecta sus áreas académicas, sino también psicológica y emocional.

Así que estas activistas con otras colectivas se han aliado para denunciar la violencia machista en 10 universidades del área metropolitana, lo que esperan que se extienda a otras áreas y que la lucha contra el acoso en los espacios académicos sea parte de la agenda pública. Además, están realizando una investigación exploratoria sobre la magnitud que tiene el acoso en las universidades privadas, para que de esa forma puedan demandar “con bases” protocolos de prevención, sanción y resarcimiento.

“Los protocolos de seguridad hasta ahora son bastante tibios y están hechos para que el prestigio de las universidades no se vea afectado. Donde primordialmente se encubren a los abusadores y en donde las autoridades son las principales que nos acosan y violentan”, manifiesta Leslie Gúzman de origen maya ixchel.

Por eso han creado campañas informativas sobre el acoso y los tipos existentes para que las jóvenes logren identificar cuando se encuentren en esa situación y puedan actuar al respecto. Según ellas, esto ha tenido un efecto positivo en las universitarias, porque muchas habían sufrido este tipo de violencia de género, pero no sabían cómo nombrarlo porque pensaban que era algo normal.

También crearon un directorio de psicólogas y de instituciones que dan acompañamiento para aquellas que lo necesiten, puesto que identificaron “que las universitarias que pasaban por esa situación no sabían qué hacer, ni a quién acudir”.

Asimismo, con su lema “ni en las públicas ni en las privadas seremos acosadas”, acuerpan a las universitarias que denuncian y exigen sanciones no solo en sus campus, sino también a las organizaciones estudiantiles, que también son espacios de violencia muchas veces, a pesar que se supone que deben ser espacios seguros.

“Nos articulamos con otras organizaciones estudiantiles para respaldar a una estudiante que hizo una denuncia pública en contra de un miembro de un movimiento estudiantil que la había violentado sexualmente. Fue algo que marcó mucho la red. Sacamos un comunicado respaldando a la estudiante rechazando categóricamente la violencia machista, e interpelando que los hombres de las organizaciones estudiantiles deben de asumir y reconocer su responsabilidad en la reproducción de relaciones desiguales y violentas”, expresa Leslie Gúzman.

Según las estudiantes estas movilizaciones han tenido como efecto que más mujeres denuncien, rompan el silencio que se estaba institucionalizando, se apropien de los espacios, y así “arruinar el status quo” de las universidades, porque cuando una habla sobre su experiencia de acoso, las demás también.

Las mujeres de Centroamérica se unen

Si hay algo común a estos tres países es que el machismo y el autoritarismo aumentan cada vez más, pero para Mary esto es debido a que la presión de los grupos de mujeres también ha crecido a la vez que creaban nuevos espacios para denunciar los abusos. “Los Estados centroamericanos no consideran a las organizaciones de mujeres como parte de los actores que hacen precisamente al Estado de derecho. Todos los movimientos que nacen de manera autónoma no forman parte del inventario organizacional público”, expone Mary.

Pero estas organizaciones de mujeres jóvenes en Nicaragua, El Salvador y Guatemala han logrado unirse con otras decenas de grupos y convocar a cientos de mujeres para posicionar sus demandas y reclamar sus derechos.

Mujeres jóvenes centroamericanas: Unidas en la lucha contra las violencias machistas
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