La madre de Gerald Vásquez, asesinado en julio de 2018, reafirmó su demanda de justicia sin impunidad y urgió medidas cautelares de la CIDH para ella y toda su familia
Por 217 
Hoy, 26 de mayo, el estudiante Gerald Vásquez estaría cumpliendo 25 años de edad, pero el 14 de julio de 2018 fue asesinado, durante un ataque ordenado por la dictadura Ortega-Murillo contra estudiantes que protestaban desde la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua). Susana López, madre de esta víctima del orteguismo, denunció que la saña contra ella y su familia persiste, ya que “ni los restos de mi hijo pueden descansar en paz, no solo porque no hay justicia para el crimen que se cometió contra él y muchos otros hace casi cinco años, sino porque le profanaron su tumba antes de su cumpleaños”.
“Previo a su cumpleaños, que sería el número 25, si no me lo hubieran asesinado; unos familiares decidieron ir a arreglar su tumba, limpiar, ponerle flores y pintar, pero se encontraron con que la tumba de mi niño estaba profanada. Me avisaron y yo solo les dije que salieran lo más rápido posible de ahí porque desde la última vez que fui a visitarlo, el 26 de mayo de 2021, antes de irme al exilio forzado, los mismos vigilantes del cementerio me dijeron que esa tumba estaba vigilada”, detalló López.
La tumba de Gerald Vásquez fue encontrada vandalizada, con los bloques que la rodeaban desprendidos, la cruz de metal en la que fue grabado su nombre estaba torcida y no había ningún rastro de las plantas y arreglos florales que su familia le ha dejado año con año, pese al asedio y persecución constante a la que son sometidos.
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López señaló que los únicos responsables de esta profanación, como muchas otras que se han dado contra las tumbas de personas asesinadas durante las protestas, son personas afines a la dictadura, ya que, la última vez que visitó la tumba de su hijo, confirmó la vigilancia que hay en los cementerios, pues no tenía ni una hora en ese lugar cuando un par de “paramilitares” se apostaron en el sitio de forma intimidatoria.
En julio de 2019, la tumba de José Manuel Narváez, conocido como Chema Campos, asesinado en julio de 2018, durante las protestas sociales en Jinotepe, Carazo, fue vandalizada por personas afines a la dictadura orteguista, que la mancharon de rojo y negro y dejaron mensajes como “no pudieron ni podrán” y “ay (hay) FSLN para rato”.
La madre de Gerald es integrante de la Asociación Madres de Abril (AMA) y afirma que todas estas represalias, acoso, persecución y algunos casos criminalización se han incrementado contra varias de las integrantes, aunque, consideró que en su caso la agudización de las represalias orteguistas se deben especialmente a los avances del caso que introdujo hace un año ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que urgió una investigación contra el Estado de Nicaragua, al que responsabiliza por el crimen cometido contra su hijo.
López explicó que recientemente el caso en la CIDH tuvo un avance, que le notificaron los defensores de derechos humanos que le están representando, pues le asignaron el número de caso P 838-23, mismo que seguramente fue notificado al Estado de Nicaragua.
La madre de esta víctima de la represión orteguista urgió para ella y su familia medidas cautelares, ya que sus vidas y derechos siguen siendo vulnerables a las acciones de la dictadura Ortega-Murillo.
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“Le exijo a la comunidad internacional que tome cartas en el asunto, ya es demasiado tanta represión, ya nos asesinaron a nuestros hijos, nos obligaron al exilio, y ahora también profanan las tumbas. Yo llevo años pidiendo medidas cautelares para mi familia, y para mí, como se los dije a los defensores, ¿qué es lo que esperan?, que me maten a una de mis hijas, porque ya me tuve que ir al exilio por el acoso y persecución, ya me mataron a un hijo y ahora profanan la tumba”, apuntó.
La Asociación Madres de Abril, en sus redes sociales, denunció la situación de profanación de la tumba de Gerald Vásquez, y alertó sobre que las familias que integran esa agrupación son “víctimas de constante acoso, asedio, destierro y de múltiples violaciones a nuestros derechos humanos, incluyendo el impedimento de vivir nuestros duelos”.
López reveló que hay al menos dos integrantes de AMA, madres de personas asesinadas en las protestas de 2018, que están siendo “criminalizadas injustamente, las tienen amenazadas con cárcel, les han quitado celulares para que no denuncien, las tienen prácticamente casa por cárcel y la comunidad internacional debe actuar para protegerlas”.
Desde el inicio de las protestas sociales de abril de 2018, que fueron reprimidas con la fuerza de las armas de la dictadura Ortega-Murillo, más de 300 personas fueron asesinadas, hechos que se encuentran en total impunidad, mientras sus familias siguen siendo perseguidas, acosadas y ahora criminalizadas.
En los últimos cinco años, organizaciones y mecanismos internacionales de la CIDH y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han confirmado que el Estado de Nicaragua, dirigido por la dictadura orteguista, ha cometido crímenes de lesa humanidad contra la ciudadanía nicaragüense.
