Cuando Marisela de Fátima Mejía Ruiz fue detenida, su segundo hijo tenía apenas dos meses de nacido y ella estaba en período de lactancia. Durante los interrogatorios, agentes policiales se burlaron de ella, la llamaron “mala madre” y la amenazaron con quitarle la custodia de sus hijos si no firmaba una declaración en la que admitía haber cometido lavado de dinero. Ella se negó y fue llevada al Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres, conocido como La Esperanza, donde permaneció aislada.

El caso de Mejía Ruiz es uno de los testimonios incluidos en el informe Anatomía de la crueldad estatal: Desaparición forzada y muerte bajo custodia en Nicaragua, del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), que documenta cómo la represión estatal también adopta formas específicas contra las mujeres.

El GHREN realizó 63 entrevistas a víctimas, testigos y familiares entre febrero y agosto de 2026 para elaborar el documento. A partir de estos testimonios y de cientos de documentos analizados, el Grupo identificó patrones de violencia que incluyen humillaciones dirigidas contra las mujeres, amenazas de violación, desnudez forzada, acoso sexual y la utilización de los vínculos con hijos e hijas como mecanismo de presión y castigo.

Extensos interrogatorios y desmayos

El testimonio de Mejía Ruiz muestra cómo la maternidad fue utilizada durante los interrogatorios como una herramienta de intimidación por los represores de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

La amenaza de quitarle a sus hijos no estaba relacionada con los hechos por los que había sido detenida, sino con su condición de madre. Los agentes, según su testimonio, recurrieron precisamente a ese vínculo para presionarla y obtener una autoconfesión.

Mejía Ruiz, pastora del Ministerio Puerta de la Montaña, fue detenida el 16 de diciembre de 2023 por «agentes de policía que no presentaron una orden judicial», pero posteriormente se le «ordenó permanecer en su domicilio».

Después fue detenida por incumplir esa orden, ya que había salido a buscar a sus hijos y, el 26 de marzo de 2024, fue condenada a 15 años de prisión y al pago de una multa de 80 millones de dólares en un juicio que carecía de las «garantías más fundamentales del debido proceso y de un juicio justo», reporta el informe del GHREN.

Según el GHREN, Mejía permaneció en régimen de aislamiento durante dos meses y medio, en una celda de aproximadamente 3 por 4 metros, equipada únicamente con un inodoro y una litera. «La celda recibía poca luz natural a través de una reja de hierro y de pequeñas aberturas próximas al techo. Durante ese período, sufrió una profunda angustia debido a la separación de sus hijos y al temor de no volver a verlos. Lloraba constantemente, padecía dolores de cabeza y dejó de comer», señala el informe.

El 24 de febrero de 2024, fue trasladada a otra celda después de que «comenzara a sufrir desmayos».

Durante todo el tiempo que permaneció privada de su libertad arbitrariamente estuvo en situación de desaparición forzada y separada de sus hijos durante 265 días, desde su detención hasta su expulsión a Guatemala el 5 de septiembre de 2024. Mejía era la responsable financiera del ministerio y participaba en «actividades evangélicas, de educación religiosa y de apoyo espiritual a comunidades de distintas regiones» de Nicaragua.

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Su caso permite al GHREN documentar una dimensión de género de la represión: el uso de la maternidad y de la amenaza de separación familiar para someter psicológicamente a una mujer detenida.

Una madre y sus dos hijas

Otro de los casos incluidos en el informe es el de Elvia Junieth Flores Castillo y sus dos hijas menores, de nueve y 15 años.

El GHREN documentó una llamada telefónica que Elvia sostuvo con su madre, Elpidia Castillo, el 21 de marzo de 2025. Durante la comunicación se escucharon forcejeos y las voces de agentes que irrumpieron para detenerla junto con sus dos hijas. Desde entonces, las tres permanecen desaparecidas.

Según su familia, Elvia había sido «detenida arbitrariamente» en varias ocasiones antes de 2025. En 2013, agrega el GHREN, su hermano Santos Sebastián Flores Castillo, fue condenado a 15 años de prisión después de haber acusado públicamente a Daniel Ortega de abusar sexualmente de ella cuando era menor de edad. Su hermano murió en custodia del Estado el 8 de noviembre de 2021.

La situación de Elpidia Castillo también forma parte de esta historia. Como madre y abuela, ha reclamado información sobre el paradero de sus familiares y ha denunciado públicamente que desconoce qué ocurrió con ellas. La última comunicación que tuvo con su hija fue aquella noche de marzo de 2025.

El GHREN incorpora este caso dentro del patrón más amplio de desapariciones forzadas que ha documentado desde 2018. Hasta el 31 de agosto de 2026, el Grupo había verificado 161 casos y señalaba que 29 personas continuaban desaparecidas.

Detenciones arbitrarias generalizadas

El informe también registra casos de mujeres de distintas edades sometidas a detención arbitraria y desaparición forzada.

Entre ellos está el de Claudia Magaly Munguía Mayorga, de 54 años, empresaria y comerciante, detenida el 14 de julio de 2026. Sus allegados informaron que había sido diagnosticada con cáncer pocos días antes de su arresto.

También aparece Salvadora del Socorro Martínez Aburto, de 69 años, detenida junto con su esposo, el coronel retirado Carlos Ramón Brenes, el 14 de agosto de 2025. Ambos permanecen en situación de desaparición forzada e incomunicación, según el informe.

Los casos muestran que las mujeres afectadas por esta práctica no corresponden a un único perfil. Entre las víctimas documentadas hay madres, lideresas, defensoras, empresarias y mujeres de distintas edades.

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El Grupo de Expertos documentó estigmatización y humillaciones, amenazas de violencia sexual, desnudez forzada y acoso sexual. El informe también registra casos en los que las autoridades impidieron deliberadamente que mujeres detenidas vieran o se comunicaran con sus hijos e hijas.

«En algunos de los casos en que las víctimas eran mujeres, la gravedad de los crímenes se vio incrementada por factores relacionados con el género, dado que las víctimas también sufrieron discriminación de género», señala el GHREN.

Defensoras de los derechos humanos, feministas, estudiantes, periodistas, lideresas políticas y comunitarias, campesinas, mujeres indígenas y afrodescendientes y personas LGBTIQ+ han sido detenidas arbitrariamente no solo por su activismo o por ser percibidas como opositoras políticas, sino también por cuestionar los roles tradicionales de género.

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La Lupa Feminista