Antes de 2018, una periodista podía llegar a la Asamblea Nacional, buscar a un funcionario a la salida de una institución, recorrer un mercado para conocer la opinión de la gente o entrar a una comunidad para contar lo que estaba ocurriendo. Con las protestas de abril de ese año y la posterior persecución contra la prensa esas posibilidades “se han cerrado totalmente” y cientos de periodistas están en el exilio.

El periodismo nicaragüense, sin embargo, sigue informando sobre lo que ocurre en el país. Las redacciones funcionan en el exilio, las fuentes que permanecen en el país enfrentan mayores riesgos para hablar y el anonimato se convirtió en una herramienta de protección. Las redes de apoyo son indispensables y la verificación depende cada vez más de documentos, observación a distancia y fuentes que no pueden ser identificadas.

“Cuando estábamos en Nicaragua teníamos la oportunidad de buscar fuentes en el territorio, fuentes críticas u opositoras al Estado nicaragüense (…) de poder entrar, por ejemplo, a la Asamblea Nacional y tratar de consultar a diputados cuando había alguna comisión en particular, tener acceso a ministros, a directivos de organizaciones, y estas posibilidades se han cerrado totalmente desde las protestas de 2018”, explica Marling Balmaceda, periodista y jefa de prensa de Artículo 66. 

La censura y la persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo transformó las reglas para conseguir información.

“Siempre estábamos pendientes de, por ejemplo, dónde iba a haber alguna feria, dónde iba a estar algún directivo del Estado y de esta forma podíamos contrarrestar información o buscar la información sobre algún tema en específico y de esta forma tener la fuente oficial”, señala Balmaceda.

Acercarse a una fuente oficial puede representar un riesgo para quien colabora con un medio independiente. Según Balmaceda, hacerlo significa exponer a un periodista a “una persecución directa”, inclusive contra sus familiares, el “exilio o encarcelamiento por estar colaborando con un medio de comunicación que abiertamente el Estado lo identifica como crítico a la dictadura sandinista”.

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La transformación del oficio ocurre en un contexto de persecución sostenida. 

La Lupa Feminista ha documentado que, entre 2018 y marzo de 2025, se registraron 730 violaciones a los derechos de mujeres periodistas y que ocho de cada diez mujeres atendidas en programas de acompañamiento psicosocial reportaron violencia sexual como parte de la represión. A junio de 2025, un total de 106 mujeres periodistas estaban en el exilio, como parte de los 309 periodistas nicaragüenses desplazados.

Verificar desde lejos

Para Nayel Martínez, periodista exiliada en 2022 y con 19 años de carrera, el principal cambio está en algo básico del oficio: ya no puede estar en el lugar donde ocurre la noticia, pero tienen “maneras de poder verificar la información”. 

Los principios periodísticos, dice, se mantienen, pero verificarlos requiere más tiempo y más redes de apoyo. “Se siguen los mismos principios del periodismo, pero ahora cuesta más realizar esa verificación, esa confirmación (…) sin las redes de apoyo, sin las fuentes que están en mi país, no podríamos hacer periodismo desde el exilio”, subraya Martínez, editora de Nacionales en el diario La Prensa.

La información puede llegar por personas conocidas, por una pista o incluso por trabajadores de instituciones públicas que deciden denunciar lo que ocurre dentro del Estado. Después comienza un proceso de confirmación con otras fuentes.

Pero una de las mayores transformaciones en el ejercicio profesional está en la relación con quienes entregan información. En Nicaragua, el anonimato dejó de ser una excepción y se convirtió en una regla para muchos de los casos.

“Hay gente que ha llegado a establecer un nivel de confianza porque ven que siempre se protege a la fuente (…) siempre se le ofrece el anonimato a la fuente o la misma fuente más bien te lo solicita”, añade Martínez.

La práctica coincide con lo documentado por La Lupa Feminista sobre las redacciones nicaragüenses en el exilio: medios con equipos distribuidos entre varios países y personas que colaboran desde Nicaragua, muchas veces bajo anonimato y mediante canales protegidos.

Una noticia no está por encima de una vida

La periodista Edith Pineda, directora de Despacho 505, describe este escenario como un periodismo obligado a encontrar nuevas formas de ejercer.

“El periodismo nica se ha convertido en un laboratorio vivo de cómo sortear a una dictadura que hace uso de todos sus recursos para silenciarlo y una de las consecuencias de esa persecución es un desgaste de fuentes”, afirma.

La periodista explica que el riesgo para las fuentes aumentó de forma radical.

“Antes era raro que una fuente no quisiera aparecer por miedo, porque el mayor riesgo que sopesaban era perder su trabajo. Ahora —agrega Pineda— hablar con un periodista puede tener consecuencias mucho más graves: vigilancia, detención, despido, confiscación, problemas migratorios o represalias contra su familia”.

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Ese miedo también modifica el contenido que llega a las redacciones. Según Pineda, en ocasiones el equipo de Despacho 505 ha “decidido esperar o incluso no publicar por varias razones, sobre todo, para evitar poner en riesgo a alguien”. 

“Eso no es negociable, creemos que no hay noticia que esté por encima de la seguridad de alguien”, dice convencida. 

Balmaceda explica que han recibido información sobre personas en situación de vigilancia, persecución o destierro de facto, pero en algunos casos han decidido no hacerla pública.

“Demuestra que la represión continúa, pero para no afectar preferimos pasar del tema y no comprometer ni a las personas que nos contaron de sus casos ni a sus familiares que están dentro del país”, manifiesta Balmaceda.

Con las personas que permanecen en Nicaragua, el cuidado llega incluso al nivel de no revelar la comunidad, el sector económico o cualquier dato que permita identificarlas.

“Tenemos el doble reto de proteger al máximo la identidad de estas personas”, dice Balmaceda. 

La periodista recuerda el trabajo sobre el fenómeno de El Niño y la dificultad de consultar a agricultores sin exponerlos. Incluso identificar la zona donde tenían sus cultivos podría representar un riesgo.

Información debe llegar a los nicaragüenses

Según Pineda, en el proceso de verificación se cruzan “testimonios, documentos, registros públicos cuando existen, fotografías, videos, publicaciones en redes y cualquier elemento que nos permita reconstruir los hechos”. Sin embargo, explica que nada es mejor que “tener periodistas trabajando libremente sobre el terreno”. 

“Eso hoy no existe en Nicaragua”, se lamenta.

“Cuando estaba en Nicaragua podía hacer algo tan básico en el periodismo como ir al lugar. Podía  tocar una puerta, hablar con los vecinos, buscar a un familiar y alguna vez, al inicio del retorno de Ortega al poder llegar a una institución o intentar obtener una declaración de un funcionario. También podía yo mismo observar lo que estaba ocurriendo y contrastar directamente. Incluso cuando una fuente oficial no respondía, había otras maneras de verificar una información sobre el terreno”, señala Pineda.

Martínez explica que aunque una noticia tenga poca interacción pública en redes sociales, eso no significa que no sea leída.

“La gente, como una manera de protección, no comparte la noticia, pero la lee. Lo que nos interesa a nosotros, que la información se esté leyendo y que Nicaragua tenga el derecho a estar informado libremente”, afirma la periodista

Las condiciones descritas por las periodistas no afectan de la misma manera a todas las personas que ejercen el oficio. La persecución contra las mujeres periodistas incorpora formas específicas de violencia: ataques sexualizados, campañas de difamación basadas en su vida personal, amenazas de violencia sexual, hostigamiento contra sus hijas e hijos y el uso de la maternidad como mecanismo de intimidación, según un informe retomado por La Lupa Feminista.

Desde 2018, cada 8 de septiembre, cuando se conmemora el Día Internacional del Periodista, —fecha instituida en 1958 en memoria del periodista checo Julius Fučík, ejecutado por los nazis el 8 de septiembre de 1943— defienden con vehemencia la libertad de prensa que Ortega y Murillo quieren arrebatarles. 

Lo hacen desde el exilio, con fuentes anónimas, redes de apoyo y nuevas formas de verificación. 

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La Lupa Feminista