La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó, con 20 votos a favor, una resolución sobre Nicaragua en la que emplaza al régimen de Daniel Ortega a efectuar reformas electorales “significativas y coherentes”, pero el régimen respondió acusando a otros Estados de violar los derechos humanos de sus poblaciones.

El representante del régimen ante la OEA, Luis Exequiel Alvarado Ramírez, acusó a Brasil, Estados Unidos y Canadá de no respetar los derechos humanos de sus poblaciones, además que calificó la resolución como una nueva “agresión de linchamiento diplomático”.

“Es inaceptable e inadmisible y por ende la rechazamos (…) Ningún Estado o grupos de Estado tienen derecho de intervenir de manera directa o indirectamente, y sea cualquiera el motivo, en los asuntos internos y externos de cualquier otro”, dijo el representante del régimen.

En su lugar, el representante permanente de la misión de Brasil, Fernando Simas, respondió aduciendo que los reclamos del delegado de Nicaragua daban una «señal positiva» de que está prestando atención al documento aprobado en el marco de la Asamblea General.

La resolución titulada “Restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas”, fue impulsada por las misiones Permanentes de Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Paraguay y Venezuela.

En la medida, adoptada en el marco de la 50 Asamblea General de la OEA, demandan la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral (CSE) para garantizar que funcione de forma totalmente “independiente, transparente y responsable de cara a los comicios generales que se realizarán en 2021”.

El documento exige que se lleve a cabo un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión, y al registro abierto de nuevos partidos políticos.

Por otro lado, exige que se realice una actualización de los registros de votación y una auditoría independiente de las listas de votantes y haya observación electoral internacional independiente, fidedigna y acreditada.

Al menos 12 países se abstuvieron y dos votaron en contra, que fueron Nicaragua y San Vicente y las Granadinas.

Presidente ilegal

Además destaca que en el país las detenciones arbitrarias en Nicaragua no han cesado; además que la Policía sandinista, al servicio del régimen, continúa cometiendo abusos y acciones ilegales, junto a grupos de paramilitares.

En la resolución se acusa al régimen de obstruir la labor independiente de las organizaciones y defensores de derechos humanos en el país.

El representante de la delegación de Bolivia, Jaime Alonzo Aparicio, le recordó a Ortega que es un presidente “ilegal e inconstitucional”.

El pueblo de Nicaragua, según Aparicio, tiene derecho de participar en elecciones que sean conducidas por un poder electoral “independiente”.

Las misiones permanentes que apoyaron la resolución observan con “alarma” el hecho que el régimen esté creando leyes para “intimidar o amenazar” a los medios de comunicación y los grupos opositores del país, como la recién aprobada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.

La resolución señala que el régimen no ha implementado una serie de medidas acordadas anteriormente, como la liberación “debidamente monitoreada y verificada” de todos los presos políticos.

A la fecha, según organismos del país, hay un total de 103 presos políticos en las cárceles del país, un grupo de ellos mantiene una huelga de hambre para presionar y demandar su liberación.

Por otro lado, el régimen tampoco ha permitido la labor efectiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus mecanismos en Nicaragua, incluido el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI); además que no ha garantizado la libertad de expresión, incluso para la prensa, ni el ejercicio del derecho de reunión pacífica, resume la resolución de la OEA.

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La Lupa Nicaragua