La Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó en primera legislatura una reforma constitucional que modifica doce artículos de la Carta Magna y redefine el calendario político del país hasta 2029. Los diputados oficialistas en conjunto con los colaboracionistas aprobaron el texto a mano alzada en una sesión celebrada en León el 1 de septiembre de 2026.

Los cambios que introduce la reforma son:

  • Extiende de seis a siete años el mandato de la copresidencia, actualmente ejercida por Daniel Ortega y Rosario Murillo, y traslada las próximas elecciones nacionales a 2028.
  • Amplía por igual período el mandato de diputados de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano.
  • Extiende de seis a siete años el mandato de alcaldes, vicealcaldes y concejales en los 153 municipios del país, con elecciones municipales reprogramadas para 2029.
  • Alarga a siete años el período de los jefes del Ejército y la Policía Nacional, y de cualquier funcionario nombrado por la Presidencia o la Asamblea.
  • Eleva a rango constitucional la prohibición de participación política para personas señaladas como «traidoras a la patria», categoría definida por el propio régimen sin criterios objetivos verificables.
  • Incorpora el rechazo a la extraterritorialidad de leyes extranjeras, en la práctica una cláusula para desconocer resoluciones internacionales.
  • Cambia la fecha de toma de posesión presidencial del 10 al 18 de enero.

La reforma aprobada necesita una segunda ratificación legislativa para entrar en vigor. Esa votación quedará a cargo de la legislatura que inicia funciones el 9 de enero de 2027, y Ortega fijó el 18 de enero de ese año como la fecha en que se realizará

Rechazo diplomático inmediato

El Gobierno de Costa Rica expresó su preocupación por lo que calificó de deterioro democrático continuo en Nicaragua y anunció que respaldará una respuesta coordinada dentro de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La cancillería costarricense pidió respeto a los derechos humanos y a procesos electorales que garanticen pluralidad política.

Costa Rica “reitera su llamado al respeto de los Derechos Humanos, el Estado de Derecho y el derecho del pueblo nicaragüense a decidir libremente su futuro, mediante procesos electorales que garanticen la pluralidad y las condiciones propias de una democracia auténtica”.

El Gobierno de Perú también pidió a la comunidad internacional «evitar que se consolide una dictadura en Nicaragua».

“Este nuevo nivel de transgresión a los principios más elementales de la democracia y al derecho del pueblo nicaragüense de vivir en libertad constituye un atentado contra la legitimidad del ordenamiento legal de Nicaragua, el cual viola flagrantemente la Carta Democrática Interamericana y todos sus compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos”, apuntó el Ejecutivo peruano.

Tras conocer la reforma constitucional, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue más allá de la condena declarativa y pidió a los socios comerciales de Nicaragua suspender de inmediato sus operaciones habituales con el país, al considerar que la reforma consolida lo que llamó una dinastía ilegítima y priva de forma indefinida a la población de elecciones libres.

“Estados Unidos insta a sus socios internacionales a que cesen de inmediato sus operaciones habituales con esta brutal dictadura”, escribió Rubio.

El régimen respondió a través de Ortega, quien defendió la reforma durante el acto por el aniversario del Ejército nicaragüense y aseguró que ni su gobierno ni la institución castrense se rinden ante lo que calificó de amenazas externas. Por su parte, el Jefe del Ejército, general Julio César Avilés, ratificó públicamente su respaldo a la enmienda y calificó de traidores a quienes la cuestionan.

La reforma constitucional refuerza jurídicamente una fórmula de poder ya vigente desde 2017, cuando Rosario Murillo asumió como vicepresidenta y luego, en 2025, como copresidenta. Se trata de la única mujer con ese nivel de poder formal en la historia política reciente de Nicaragua, aunque su ascenso ocurrió dentro de una estructura familiar y conyugal, no mediante una competencia electoral abierta a otras candidaturas femeninas independientes.

Al mismo tiempo, la cláusula que excluye a «traidores a la patria» de la vida política tiene un efecto que organizaciones de derechos humanos han señalado en reformas anteriores: buena parte de las mujeres opositoras, periodistas y defensoras de derechos humanos expulsadas o despojadas de nacionalidad en años recientes quedarían automáticamente descartadas de cualquier participación futura bajo esa misma figura. La concentración de poder en una pareja presidencial no se traduce, según ese señalamiento, en una apertura para otras mujeres con proyecto político propio, sino en el cierre adicional de la única vía formal que les quedaba para competir.

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La Lupa Feminista