Ocho de cada diez mujeres periodistas nicaragüenses atendidas en programas de acompañamiento psicosocial reportaron haber sufrido violencia sexual como parte de la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según un informe publicado por Las Exiliadas, la red de periodistas y comunicadoras feministas, en conjunto con Reporteros Sin Fronteras-España. 

El dato, recogido en el informe 20 años del desmantelamiento de la libertad de prensa en Nicaragua: De la censura selectiva al cierre sistemático de medios independientes, revela que esta es apenas una de las consecuencias de la estrategia del régimen en contra de la prensa independiente. 

Desde 2007, según el informe publicado el 13 de abril de 2026, los propagandistas del régimen y la “estigmatización de voces críticas” han afectado al periodismo en su conjunto. 

En el caso de las mujeres periodistas, estas agresiones han adquirido características específicas que responden a patrones de violencia de género.

A partir de 2018, sin embargo, este patrón se “intensificó y se volvió más explícito”. La persecución incorporó otras formas violencia diferenciadas, entre las que se incluyen: 

  • Ataques sexualizados.
  • Campañas de difamación basadas en la vida personal. 
  • Amenazas de violencia sexual. 
  • Hostigamiento dirigido a hijas e hijos. 
  • El uso de la maternidad como mecanismo de intimidación. 

Estas prácticas  —subraya el documento—no solo buscan “silenciar el ejercicio periodístico, sino también disciplinar a las mujeres que ocupan el espacio público”. 

“Imagino una Nicaragua sin dictadura, sin patriarcado, sin violencia de género ni sexual, con liderazgos que promuevan nuevas formas de relacionarse. En las organizaciones civiles, también el machismo y el acoso sexual corrompen los espacios, porque muchos hombres no quieren renunciar a sus privilegios”, señala uno de los testimonios recopilados por Las Exiliadas. 

Más de 700 violaciones afectaron a mujeres periodistas 

Entre 2018 y marzo de 2025, se documentaron 730 violaciones a los derechos de mujeres periodistas, con un 80% de las atendidas reportando violencia de connotación sexual.

“El informe insiste en algo que suele quedar invisibilizado: la violencia diferenciada contra las mujeres periodistas. Las agresiones no son solo políticas. También son sexuales, simbólicas y digitales”, dijo Maryórit Guevara, periodista exiliada y fundadora de La Lupa Feminista. 

El 59.3% de las violencias fueron atribuidas directamente al Estado. Al menos 85 casos corresponden a discriminación por razón de género, evidenciando la “existencia de un patrón sistemático de violencia diferenciada”. 

Los patrones de agresión identificados por el informe combinan las “campañas de difamación y slut-shaming, que utilizan lenguaje degradante con connotación sexual para cuestionar su moral y credibilidad”. 

Según el documento también el “doxxing, práctica mediante la cual se divulga información personal con el objetivo de vulnerar la seguridad, integridad física y emocional de las periodistas y sus familias”. 

Según Guevara, este informe no es “únicamente un registro de violencia”, sino un “relato de resistencia”. “A pesar de todo, el periodismo no ha desaparecido en Nicaragua. Nos hemos transformado”, dijo la periodista.

El exilio adverso para las mujeres periodistas 

A junio de 2025, había 106 mujeres periodistas en el exilio, el 34.3% de los 309 periodistas desplazados. Para muchas, el exilio no significó únicamente rehacer su vida profesional, sino también “sostener a sus familias en contextos adversos, enfrentar barreras migratorias y reconstruir su identidad en entornos hostiles”. 

El 76% de las periodistas encuestadas no logra cubrir sus gastos básicos con el ejercicio periodístico y el 60% ha considerado abandonar la profesión. Al menos diez han tenido que desplazarse hacia otros oficios, principalmente en el ámbito de los cuidados, el telemercadeo y la venta de alimentos, como estrategia de supervivencia.

Las mujeres periodistas nicaragüenses exiliadas también reportan episodios de racismo, acoso y hostilidad, particularmente en entornos digitales, donde persisten campañas de estigmatización.

“Para mí al menos tres cosas que hacen mi trabajo más complejo como periodista exiliada: la seguridad propia, de mi familia y mis fuentes por la represión incesante y creativa de la dictadura. La inestabilidad y precariedad económica que muchas veces hacen que las coberturas más obvias y urgentes sean un desafío. Y lo último, la falta de oportunidades y reconocimiento tanto en el país que me ha acogido como del mismo gremio por ser independiente”, señala otra periodista.

Destrucción de la libertad de prensa 

Todo esto ocurrió en el marco de una destrucción sistemática de la libertad de prensa que el informe documenta en cuatro fases entre 2006 y 2026. 

Al menos 61 medios fueron cerrados o confiscados, más de 309 periodistas forzados al exilio y el 65% del territorio convertido en “desierto informativo”, es decir, donde “no existe periodismo independiente que reporte sobre la realidad local”.

La “resistencia del periodismo en el exilio” sostiene 26 medios independientes operando desde el extranjero, principalmente en Costa Rica, Estados Unidos y España. 

En estos países, incluyendo México, se han reubicado los equipos editoriales tras el “cierre, confiscación o criminalización” de sus redacciones en Nicaragua. Sin embargo, sus salas de redacción funcionan de manera distribuida y transnacional, es decir, “periodistas dentro del país —muchas veces en anonimato absoluto— colaboran con equipos en el exilio mediante canales cifrados, protocolos de compartimentación de información y flujos editoriales remotos”.

El uso intensivo de fuentes humanas desde “redes comunitarias, denunciantes, funcionariado filtrador y sociedad civil organizada”, ayudan a reconstruir la realidad ante el “bloqueo sistemático de datos oficiales”, que ha sido una estrategia del régimen de Ortega y Murillo.  

“El ataque a la prensa no fue un daño colateral, sino un objetivo estratégico para eliminar el escrutinio público y la memoria histórica”, reitera el documento. 

Nicaragua ocupa el puesto 172 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025 de Reporteros Sin Fronteras y es el único país de América Latina donde no circula un periódico impreso ni operan radios o canales de televisión independientes.

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La Lupa Feminista