En Nicaragua «se ha satanizado ser periodista»
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Por 0 “Rosario Murillo nos llama golpistas, traidores de la patria, mercenarios». Así describe una periodista nicaragüense —consultada para el 4° Informe sobre el Estado de la Libertad de Expresión y el Periodismo en Centroamérica—, el trato que recibe la prensa independiente desde la “copresidencia” de Nicaragua.
El informe, elaborado por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica junto con la Fundación Heinrich Böll Centroamérica, confirma que Nicaragua es el país de la región donde “el ejercicio del periodismo independiente dentro del país ha sido prácticamente aniquilado como consecuencia de la represión sistemática
desplegada por la dictadura liderada por Daniel Ortega y Rosario Murillo”.
Otra persona señala que —como parte del control que ejerce el régimen sobre la actividad informativa—, “se ha criminalizado la profesión, se persigue y se aprisiona, se ha satanizado ser periodista”.
Informe revela situación de periodistas en Centroamérica
El documento, que sistematizó 410 noticias publicadas entre octubre de 2024 y octubre de 2025 en los cinco países centroamericanos, identifica tanto patrones regionales de presión contra la prensa como particularidades nacionales en la forma en que estas dinámicas se manifiestan en cada contexto.
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En el caso nicaragüense, la represión ya no se detiene en las fronteras nicaragüenses. En ese periodo fue asesinado en Costa Rica Roberto Samcam, exmilitar sandinista crítico del régimen que vivía exiliado.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, documentó el caso dentro de una red de vigilancia, espionaje digital y seguimiento físico que opera también contra personas opositoras en Estados Unidos, México, España y Panamá.
Mujeres periodistas víctimas de represión
Esa persecución transnacional alcanza directamente a mujeres periodistas exiliadas. La comunicadora Jennifer Ortiz denunció haber recibido amenazas de muerte y una recomendación de autoridades costarricenses de dejar su profesión y borrar su presencia digital, ante el nivel de riesgo que enfrentaba por su trabajo.
Las organizaciones de prensa en el exilio e instancias internacionales calculan entre 280 y 300 las personas periodistas que han salido del país, aunque el informe advierte que la cifra real podría ser mayor.
“El temor a represalias contra familiares que permanecen en el país, la precariedad migratoria o la desconfianza institucional inciden en que numerosas personas no realicen reportes formales de su salida ni se registren ante organizaciones de apoyo (…) el universo real de periodistas fuera podría ser superior al documentado”, señalan.
Esa situación, según el informe, refuerza la “gravedad del desmantelamiento sistemático del periodismo independiente en Nicaragua”.
Prensa «extinta», «no existe»
La encuesta aplicada a 110 periodistas centroamericanas incluyó a 21 personas de origen nicaragüense, el segundo grupo más numeroso después de El Salvador. Ninguna de ellas vive actualmente en el país: el 100% reside fuera de Nicaragua, la brecha más amplia entre país de origen y país de residencia registrada en toda la muestra. El 50.9% de los que participaron eran hombres, 47.3% de mujeres y 1.8% de personas no binarias.
Al pedirles que describieran en una palabra o frase corta el estado actual de la libertad de expresión en su país, las personas nicaragüenses consultadas usaron términos como «extinta», «no existe», «represión absoluta», «aniquilada» y «destrucción estructural». El informe agrupa estas respuestas en la categoría de colapso o inexistencia del derecho, la más severa de las tres que utilizó para clasificar los testimonios recogidos en toda la región.
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Las autoridades políticas y militares del país concentran la mayoría de las menciones como fuentes de amenaza contra el gremio periodístico, según los datos recogidos: militantes o simpatizantes de partidos políticos, autoridades gubernamentales y congresistas encabezan la lista, un patrón que se repite en distintos grados en los cinco países estudiados.
El informe atribuye la magnitud del cierre cívico y mediático en Nicaragua a la ausencia de contrapesos institucionales, la falta de mecanismos independientes de supervisión y lo que describe como el desinterés de la comunidad internacional, factores que reducen las posibilidades de que la situación cambie en el corto plazo.
El estudio también documentó las condiciones para ejercer el periodismo en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras, donde registró persecución judicial, estigmatización desde el poder público y hostigamiento digital contra las y los profesionales de la comunicación, con distintas intensidades según el país.
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