“Ningún avance” en Nicaragua: se mantiene prohibición absoluta del aborto

A un año y ocho meses de que se condenara al Estado de Nicaragua por obligar a dos niñas víctimas de violación a continuar sus embarazos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), señala que no se ha informado de “ningún avance” para cumplir las recomendaciones.
El informe de la Oacnudh reitera que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha implementado las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que demandó, entre otras cosas, que “revisara su marco jurídico, teniendo en cuenta la necesidad de despenalizar el aborto y de garantizar que todas las niñas víctimas de violencia sexual tuvieran acceso efectivo a la asistencia relacionada con el aborto”.
La “condena histórica” del 20 de enero de 2025, en los casos de Susana y Lucía —seudónimos para proteger su identidad—, calificó como tortura el embarazo forzado y concluyó que el Estado violó el derecho a una “vida digna” de las dos sobrevivientes de violación sexual.
En Nicaragua, una niña violada no tiene derecho a interrumpir el embarazo producto de una agresión sexual. Tampoco una mujer puede acceder legalmente a un aborto cuando su vida está en riesgo. El país mantiene desde 2006 la prohibición absoluta de la interrupción del embarazo, una de las legislaciones más restrictivas de la región.
El reportaje Penalización del aborto en Nicaragua: El Estado contra las mujeres de La Lupa Feminista revela que 16,400 niñas entre 10 y 14 años se convirtieron en madre en los hospitales públicos de Nicaragua, entre 2006 – 2016, según la Base de Datos de nacimientos del Ministerio de Salud (Minsa).
El hecho se vuelve más aterrador cuando se conoce que, al menos el 50% de los embarazos en niñas y adolescentes son producto de violencia sexual, indica una encuesta del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (Mifan), siendo la principal consecuencia, según las organizaciones feministas, de la penalización absoluta del aborto.
En el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, que se conmemora cada 28 de septiembre, esa realidad vuelve a quedar expuesta. El día tiene su orígen en 1990 cuando se realizó, en San Bernardo, el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (EFLAC).
El informe más reciente de Naciones Unidas documentó al menos 19 casos de violencia presuntamente cometidos por colonos no indígenas contra niñas indígenas, incluidos secuestros y violencia sexual. Como consecuencia de esas agresiones, se reportaron al menos cuatro embarazos de niñas menores de edad.
“Las deficiencias estructurales en las respuestas institucionales, en particular el escaso número de comisarías de la mujer y la niñez y sus limitados recursos, así como la falta de acceso a la justicia y a servicios culturalmente adecuados, contribuyen a afianzar aún más la impunidad y la revictimización”, señala la Oacnudh en el informe.
En 2024, durante el cuarto Examen Periódico Universal (EPU) al que fue sometido Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, el país recibió 279 recomendaciones de 88 países.
Al menos cuatro recomendaciones que hicieron México, Nueva Zelanda, Islandia y República Checa sobre el tema del aborto han sido ignoradas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
