«Mercenarios del micrófono”, “traidores” y “vendepatrias”, son algunas de las expresiones que se repiten en programas oficialistas como La Verdad Verdadera o El Búnker de Stalin, donde la agresión verbal se utiliza como recurso para deslegitimar el ejercicio del periodismo independiente.

Este tipo de discurso forma parte de una estrategia de comunicación impulsada desde la vocería gubernamental, encabezada por Rosario Murillo. En estos espacios, la violencia contra quienes ejercen el periodismo no se limita a cuestionar su trabajo.

Se trata de “ataques digitales cada vez más violentos, misóginos y burlescos, promovidos por vocerías oficialistas y cuentas afines al sandinismo, que utilizan un lenguaje ofensivo e inadmisible de reproducir”, señaló la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) en su primer informe de 2026.

Entre enero y marzo de 2026, la organización documentó 44 casos de agresiones, concentradas principalmente en entornos digitales.

En el caso de las mujeres periodistas, estas violencias adoptan formas específicas: “incluyen descalificaciones marcadas por violencia de género que agravan el impacto de los ataques”.

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La periodista Lucía Pineda, directora de 100% Noticias, ha sido “objeto de ataques constantes dentro de un discurso estigmatizante, cargado de odio y desprestigio, que desplaza el foco de su labor informativa hacia la descalificación personal”.

Las periodistas señaladas públicamente en estos espacios —subraya la FLED— “enfrentan mayores niveles de riesgo, lo que las ha llevado a buscar opciones de reasentamiento en terceros países”.

Redes sociales como amplificadoras del hostigamiento

En redes sociales, según la FLED, personas afines al sandinismo —muchas veces desde cuentas anónimas o falsas— arremeten contra medios independientes, replicando estas narrativas y reforzando campañas de hostigamiento coordinadas para intimidar, desgastar y desacreditar el trabajo informativo.

Durante el trimestre, la organización analizó publicaciones de tres medios independientes e identificó cerca de mil comentarios orientados a descalificar su labor.

Con frecuencia, estos mensajes incluyen burlas, lenguaje obsceno y contenidos dirigidos a menospreciar tanto el trabajo periodístico como a quienes lo ejercen.

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Ante el incremento de estas agresiones, parte del gremio periodístico ha optado por reducir su exposición pública como medida de protección, buscando resguardar su seguridad y la de sus familias.

Exilio, precariedad y violencias interseccionales

La represión ha obligado a gran parte del gremio al desplazamiento forzado. Sin embargo, el exilio no ha garantizado condiciones dignas. En países como Costa Rica, quienes ejercen el periodismo enfrentan desempleo, xenofobia y retrasos en la resolución de solicitudes de refugio.

“Una comunicadora reportó haber sido víctima de actos de xenofobia que incluyeron amenazas de muerte, lo que reduce aún más sus oportunidades de acceder a un empleo digno”, señala el informe.

La situación es especialmente crítica para mujeres periodistas mayores, quienes enfrentan barreras adicionales por edad y género.

“En un supermercado no me aceptan por la edad. Ser adulta mayor hace que la situación sea más difícil”, relató una comunicadora que no logra acceder a empleos básicos por su edad. 

A esto se suma la suspensión de seguros médicos, que deja a periodistas con enfermedades crónicas en una situación de vulnerabilidad extrema al perder acceso a tratamientos.

“Fui al EBAIS (Equipos Básicos de Atención Integral en Salud) y me dijeron que mi seguro médico de ACNUR está inactivo; corroboré con ACNUR y era verdad, los seguros médicos están siendo suspendidos”, señala un periodista.

Control informativo y censura indirecta

El informe también identifica mecanismos de control informal dentro de Nicaragua. Grupos como «Alianzas de Páginas Unidas» imponen reglas estrictas que prohíben contenidos críticos hacia la dictadura y exigen alineación editorial a cambio de permitir la monetización de contenidos de sucesos.

«Consideramos que las condiciones en las que opera este espacio, así como otros similares, orientan la cobertura hacia contenidos que refuerzan una narrativa oficialista, reducen la diversidad informativa y limitan el ejercicio del periodismo independiente», puntualiza el informe.

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La Lupa Feminista