Al menos cuatro mujeres siguen siendo presas políticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, quienes sufren torturas y un trato degradante en las cárceles del país.

A estas mujeres se les reconoce su labor en la defensa de los derechos sociales y políticos, además que tuvieron una marcada participación en la lucha cívica iniciada en 2018.

«Hay testimonio de muchas excarceladas políticas que recibían maltratos verbales por parte de las funcionarias del penal de mujeres y también de las presas comunes, sin haber ningún motivo, ninguna justificación para ser agredidas», denunció la abogada María Oviedo, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

En algunos de los casos, agregó Oviedo, las presas comunes reciben orientaciones para actuar en contra de las mujeres presas políticas.

«Se supo que en algunos casos, era una orientación que les daban las funcionarias del penal», insistió la abogada de la CPDH.

¿Quiénes son ellas? La Lupa te presenta un breve perfil de estas activistas que son originarias de la Isla de Ometepe, Masaya y Matagalpa, todas sufren un calvario en ese encierro.

Juana Estela López Alemán, 59 años

La Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) ha denunciado que Juana Estela López Alemán está inmersa en un clima de constantes “insultos y hostigamientos” por parte de algunas internas en el penal de mujeres.

«Ella lo que sí refiere, es que dentro del penal, las presas comunes la agredían, la ofendían, y eso no está lejos de pensar de que es una orden de las mismas funcionarias del Sistema Penintenciario para hacerle la estadía un poco más difícil», mencionó Oviedo, quien llevó la defensa de López Alemán en los juzgados.

López Alemán es la de mayor edad entre las cuatro presas políticas del régimen.

Fue detenida el 20 de abril de 2020 en la comunidad de Esquipulas en el municipio de Moyogalpa en la Isla de Ometepe, después que la ciudad fue sitiada por la Policía Nacional, un órgano represor de los Ortega y Murillo.

«Ella fue gravemente lesionada al momento de su captura por oficiales de la Policía, inclusive ella presentando una discapacidad motora (…) Cuando la capturaron a ella la agarraron en la calle y la tiraron contra el piso, la patearon y hay un dictamen médico legal que evidencia que la habían golpeado, hay golpes en el rostro, las piernas, en los brazos», mencionó Oviedo.

Su salud, a diferencia de las otras presas políticas, parece no haber desmejorado hasta el momento, pero tiene una discapacidad en una pierna producto de una enfermedad de la infancia que se ha deteriorado significativamente en la ausencia de un colchón ortopédico.

María Esperanza Sánchez, 51 años

Las organizaciones de derechos humanos han denunciado el mal estado de salud en que, meses atrás se encontraba la presa política de 51 años, debido a que el régimen le había negado tener acceso a medicinas para tratar sus enfermedades crónicas.

«Ahorita, pues está teniendo acceso al medicamento, por lo mismo, porque también nos hemos estado pronunciando y denunciando de alguna manera», afirmó a La Lupa, Sherlyn Sánchez García, hija de la presa política.

Sánchez está privada de su libertad por protestar en contra del régimen. En la cárcel además ha sido víctima de hostigamiento y amenazas de algunas privadas de libertad.

La activista nicaragüense fue detenida el 26 de enero de 2020 y seis meses después, un 6 de julio, fue sentenciada a 10 años de prisión y una multa de 31 mil córdobas por tráfico de estupefacientes.

«La situación es igual, el acoso por parte de algunas reas comunes, que se ponen a tirar chifletas (indirectas)», señaló Sánchez García.

Karla Vanessa Escobar Maldonado, 38 años

La historia de Karla Vanessa es la misma que se ha repetido en los últimos meses entre los presos políticos del régimen, es decir fue liberada, pero tiempo después nuevamente encarcelada.

El 3 de enero de 2019 fue la primera vez que el régimen la encarceló y la mantuvo en prisión por un periodo de dos meses y 12 días bajo ningún cargo y sin presentarla ante un juez.

Un año después, el 30 de abril de 2020 fue nuevamente detenida tras un operativo que realizó la Policía en su vivienda ubicada en la ciudad de Masaya.

El organismo defensor de derechos humanos Front Line Defenders denunció que Karla Vanessa sufre de la tiroides y tiene lesiones uterinas agravadas por las “deficientes condiciones de salubridad e higiene del centro penitenciario la Esperanza”.

Celia Cruz, 33 años

Esta mujer trans es presa política desde el 21 de abril de 2020. Fue apresada de forma “arbitraria” con engaños cuando acudió a la Policía a una entrevista con el comisionado mayor, Yuri Valle.

Su detención se dio en medio de una oleada de detenciones que ordenó el régimen en la Isla de Ometepe el 18 de abril cuando se cumplieron dos años de la “Rebelión de Abril”.

IM-Defensoras denunció que la vida de la presa política trans “corre peligro en la cárcel, recientemente ha recibido amenazas de muerte y agresiones que se suman a las humillaciones y maltratos continuados que sufre por ser una mujer transgénero y presa política”.

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