“Siempre tenía que estar alerta y pendiente de que no me secuestraran. Cuando salía de la casa tenía que ver que nadie me siguiera y cuando salía de un evento tenía que cambiar de vehículo. Eso ya no era vida para nosotras. Por eso tomé la decisión de salir del país y tuve que salir por un punto ciego para seguir trabajando con la organización y las denuncias”, relata Susana López, integrante de la Asociación Madres de Abril y madre de Gerald Vázquez, joven asesinado en el ataque a la Divina Misericordia. Ella sabe que la realidad del exilio la viven decenas de mujeres perseguidas en Nicaragua.

La defensora afirma que muchas mujeres defensoras de derechos humanos se enfrentan al exilio debido a la ola de persecución, criminalización y detenciones ilegales que ha incrementado el aparato judicial y policial en Nicaragua en los últimos meses.

Además de López, desde julio se han exiliado otras mujeres de distintas organizaciones como Ivania Álvarez, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Kenia Gutiérrez, secretaria del Consejo del Movimiento Campesino, Elea Valle, entre otras personas que han denunciado los crímenes que ha cometido el régimen de Nicaragua.

Por otro lado, Tamara Morazán, integrante de AMA, asegura que el asedio a las familias integrantes de AMA que aún permanecen en el país ha aumentado, incluyendo la de ella. “Tenemos familias a las que les han hecho allanamiento a sus casas, como el caso de doña Josefa Narváez, mamá de Wendell Rivera. Está el caso de don Carlos Pavón que vive permanentemente asediado y es el papá de Richard Pavón, está el caso de don Álvaro Gómez en Masaya, que no lo habían asediado, pero ya comenzaron a hacerlo. En algunos casos es por parte de la Policía, pero en otros son los fanáticos paramilitares”, informa la activista.

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Otro caso es el de la señora Francisca Machado, mamá de Francis Valdivia, presidenta de AMA, quienes a partir de las agresiones y detenciones ilegales vividas en abril de este año, cuando intentaron conmemorar el tercer aniversario de la muerte de Franco Valdivia, han vivido más persecución y vigilancia que nunca, asegura Machado, al punto que Francis Valdivia también se tuvo que exiliar.

Vigilancia todo el día

Dentro de las características del acoso que han recibido las mujeres defensras perseguidas están el acoso por parte de fanáticos del gobierno y la vigilancia de las patrullas de la Policía que pasan hasta tres veces por día, según relatan tanto las exiliadas como las mujeres que todavía permanecen en el país.

“Siempre pasan por la casa hasta tres veces al día, se paran un rato, miran para dentro y así. Después del 20 abril de este año aumentó la vigilancia. Para el 19 de julio pasaron las caravanas por aquí, se detuvieron en frente de la casa a gritarme que el comandante se queda, que no pudieron no podrán y cosas así. Siempre estamos siendo asediadas”, expresa Machado.

Debido a todo esto, la calidad de vida de las activistas y de sus familias se ha desintegrado considerablemente. Tanto Tamara Morazán, Susana López y Francisca Machado han tenido problemas para conseguir un empleo estable, y la salud de las últimas dos se ha deteriorado.

“Me ha afectado muchísimo emocional y físicamente con mis enfermedades. Aumentó más la depresión y los nervios. Las personas me hablan con miedo o no me hablan. Si salgo a hacer algún momento tengo que hacerlo rápido, acompañada y viendo para todos lados que no me persigan”, expresa.

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Mientras tanto, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas contabilizó hasta el final de julio más de 136 personas detenidas ilegalmente producto de la represión y organismos de migraciones esperan que el número de exiliados y exiliadas aumente en los próximos meses debido a las futuras elecciones presidenciales.

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