"Asamblea encubridora es igual a violadora", "cárcel para los violadores de niños", eran algunos de los mensajes en la manifestación
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Decenas de activistas se movilizaron en La Paz para pedir al Parlamento boliviano que apruebe un proyecto de ley para que los delitos sexuales contra menores de edad no prescriban, mismo que fue rechazado por el Legislativo hace unos días.
«No pueden quedar impunes las violaciones que han ocurrido en el pasado, tiene que castigarse con 25 años de cárcel», dijo a EFE la activista Julia Quispe, de la Central de Mujeres Productivas y Emprendedoras de El Alto, urbe contigua a La Paz.
La movilización, que convocó a varias plataformas de defensa de la niñez y funcionarios del Gobierno de Luis Arce, recorrió el centro de la ciudad entonando cánticos contra la labor de los parlamentarios, banderines negros además de pancartas con exigencias para la aprobación de la norma.
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«Que se apruebe la ley», «Asamblea encubridora es igual a violadora», «cárcel para los violadores de niños», eran algunos de los mensajes en esos letreros.
«Que los delitos sexuales sean considerados como imprescriptibles y lo que la Asamblea (Legislativa) está haciendo es proteger a los delincuentes, proteger a los sacerdotes y proteger a la Iglesia y proteger a los delincuentes en general que cometen estos crímenes», afirmó a EFE la activista Valeria Quintanilla.
La semana pasada, la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley con 54 votos en contra, contabilizando al ala radical del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y las opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos, ante 44 a favor del bloque renovador del oficialismo y 3 en blanco.
La movilización llegó hasta las puertas del Parlamento, en donde se pegaron los letreros con los reclamos y varios polcos, que son botas tejidas que se colocan a los bebés, untados con pintura roja.
Los polcos «significa que (los parlamentarios) están traicionando a los niños y niñas violadas y abusadas», explicó a EFE la activista Pamela Salazar.
El Gobierno envió el proyecto de ley al Parlamento en mayo pasado, unas semanas después de que el medio español El País publicó en una investigación el contenido del diario del jesuita español Alfonso Pedrajas, en el que relata los presuntos abusos que cometió contra menores en Bolivia.
En ese texto, el religioso fallecido en 2009, hace referencia a los presuntos abusos que perpetró a decenas de niños cuando estuvo al frente del Colegio Juan XXIII en Cochabamba, desde 1971.
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A partir de esto, la Fiscalía abrió una investigación en varios departamentos del país, por los hechos de pederastia que involucran principalmente a sacerdotes católicos, algunos de ellos ya fallecidos.
Entre ellos está el caso que en febrero de 2019 dio a conocer EFE sobre el jesuita español Luis Roma, ya fallecido, que fue denunciado por un exmiembro de la Compañía de Jesús, que pidió el anonimato, y que basó las acusaciones en una treintena de fotografías explícitas en las que dijo reconocer al agresor de varios menores de entre 6 a 12 años.
