La persecución que sufrieron las comunicadoras, a manos de la dictadura Ortega Murillo, previo a salir de Nicaragua, es retratado en el estudio “Exiliarse para sobrevivir: Experiencias de mujeres periodistas nicaragüenses”
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Amenazas de muerte, de cárcel o de abusos sexuales, persecución, vigilancia en sus viviendas, campañas de desprestigio, ordenadas por la dictadura de Daniel Ortega, forzaron el exilio a comunicadoras nicaragüenses, confirma el estudio «Exiliarse para sobrevivir: Experiencias de mujeres periodistas nicaragüenses», elaborado por La Lupa.
La periodista Michelle Polanco, de 37 años, una de las 23 mujeres consultadas en el estudio, salió de Nicaragua en agosto de 2021, cuando empezaron nuevos encarcelamientos contra opositores, estudiantes, y directivos de medios de comunicación en Nicaragua. Decidió irse rumbo a Estados Unidos, donde tenía familiares que podían acogerla, huyendo de las amenazas de muerte y persecución que personas allegadas al orteguismo hacían constantemente contra ella y su familia.
«Yo trabajaba para Canal 10 y cubría los temas políticos, era bastante crítica con la situación del país, y recibí amenazas y mensajes que me hacían llegar desde diferentes medios del aparato del Gobierno. En la calle, me gritaban insultos como: ‘Mentirosa, terrorista’. Un motorizado le tomó fotos a mi casa. Me enviaban mensajes a Messenger para decirme que era ‘mentirosa y terrorista’, y, en dos ocasiones, amenazaron con matarme a mí y a mis hijos«, denunció Polanco.
Además, sufrió amenazas relacionadas a posibles agresiones contra su integridad física, específicamente vinculados a abusos sexuales. «Cuando Wilih Narváez, que trabajaba conmigo, recibió una amenaza donde le enviaron una foto con una arma AK, con la bandera sandinista, y le amenazaban con que iban a matarlo, en ese entonces a mí me llegó la captura de pantalla que le habían enviado a Wilih y decía: ‘Ahora te toca a vos, perra hija de puta'», recordó.
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La periodista era acosada a tal punto que hasta en el supermercado, cuando iba junto a sus dos hijos, era fotografiada por personeros de la dictadura, que le hacían saber que era vigilada. También, sufrió campañas de desprestigio, vinculadas a su forma de vivir sus relaciones de pareja. En 2019, según su relato, fue difamada por personas que la señalaban de ser «una cualquiera», luego que fue vista con su novio y no con el padre de sus hijos, persona con quien ya no tenía ninguna relación.
Todo ese contexto adverso para el ejercicio del periodismo en Nicaragua, instalado por la dictadura orteguista, sumado a las presiones familiares, ocasionaron que Polanco decidiera que era hora de irse del país. Salió de forma regular, vía aérea, gracias a que en ese entonces ya tenía visa americana, y a que el orteguismo en ese momento no aplicaba contra los disidentes o críticos “país por cárcel”, como lo ha hecho en los últimos meses, negando salidas regulares a través del despojo de pasaportes.
«Yo salí sola, porque no tenía recursos suficientes para salir con mis hijos y ellos no tenían visa. Tenía que salir porque no sabía si iba aparecer en una lista de personas próximas a encarcelar. Luego salieron mis hijos de forma clandestina, por Costa Rica y de Costa Rica a Estados Unidos», detalló.
La periodista “María Esther”, de 60 años, es originaria de Matagalpa y también salió del país a mediados de 2021, no solo por el contexto de masivas detenciones en Nicaragua, sino por las presiones familiares que recibió tras ser víctima de constantes amenazas de muerte que le enviaban personas allegadas al orteguismo luego que fue citada en el Ministerio Público, donde fue entrevistada por el caso abierto contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, señalada por la dictadura del supuesto de «lavado de dinero».
El caso contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cerrada por decisión de su directiva en febrero de 2021, tras la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, ha sido señalado por defensores de derechos humanos como viciado porque no tuvo ninguna garantía procesal y era inminente político, en represalia contra su fundadora y asesora, Cristiana Chamorro, precandidata a la Presidencia de Nicaragua, que buscaba ser competencia para el dictador Ortega en los comicios presidenciales de noviembre de 2021.
«Fui citada por el Ministerio Público porque la radio recibía fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Todos los medios me fotografiaron, me entrevistaron, y, a raíz de ahí, mis vecinos me empezaron a hostigar y a vigilar (…) Un vecino dijo que yo tenía guardado en mi casa todo el dinero que la Fundación Violeta Barrios, que los golpistas me habían dado, y que a lo mejor organizarían un evento para irlos a buscar. Entonces, mi temor era que le hicieran daño a mi familia, porque yo sé que en la casa no tenía ni un peso, pero en el afán de querer molestar te pueden arruinar la existencia», relató “María Esther”.
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Además, denunció que personas afines a la dictadura la amenazaron con “quemar” su casa, y le dijeron que «necesitaba una buena apaleada para enmendarme por golpista y por traidora».
«Vivía en constante zozobra. El estrés me estaba matando porque apenas oía sonar un vehículo me parecía que era la patrulla que llegaba a traerme y, como trabajaba en la casa, no salía, me mantenía en zozobra, entonces, todo eso se juntó y llegó un momento, a finales de mayo y junio de 2021, que empezaron arrestar a los opositores, a los periodistas, y mis hijos me pusieron loca diciéndome: ‘Mamá, andate, andate, andate, mira que te pueden llevar presa’», recordó.
“María Esther”, al igual que Polanco, logró salir de Nicaragua de forma regular, tenía visa americana y familiares que podían acogerla en Estados Unidos. Actualmente, es solicitante de residencia en ese país, ya que su hija, quien es ciudadana estadounidense y tiene varios años viviendo en ese lugar, solicitó su estatus regular.
En 2022, la dictadura desató una nueva ola de persecución contra la prensa independiente en Nicaragua y otro grupo de personas periodistas y comunicadoras decidió salir del país, con el fin de evitar cárcel y criminalización recetadas por el orteguismo, que en ese entonces inició una redada de detenciones contra colaboradores del diario La Prensa, medio de comunicación al que le confiscó sus bienes desde mediados de 2021.
La periodista “Lidia”, de 33 años, se exilió en Costa Rica en julio de 2022. La comunicadora salió «por un punto ciego» tras enterarse de redadas de detenciones contra sus colegas de La Prensa, medio en el que hasta la fecha colabora.
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«Salí por la persecución que se hizo a los periodistas de La Prensa, al punto que me fueron a buscar a mi casa. Salimos uno por uno, luego grupos de tres. Yo salí con mi esposo que también es periodista, cuando me llegaron a buscar a mí, a mi casa, al día siguiente fueron a preguntar por él», denunció.
Una vez en Costa Rica, “Lidia” solicitó refugio, le dieron su carnet de solicitante y su cita. El proceso, asegura, fue «expedito» pues contaron con el apoyo de La Prensa, que adelantó las gestiones con las autoridades costarricenses.
“Jacqueline”, de 39 años, es originaria de Managua y, al igual que “Lidia”, tuvo que salir de forma irregular hacia Costa Rica, aunque luego se trasladó hacia Estados Unidos, huyendo de la persecución desatada por el orteguismo contra los colaboradores de La Prensa.
La comunicadora salió del país exactamente el 14 de julio de 2022, luego que personas cercanas le confirmaron que «estaba en una lista de periodistas que estaban buscando para apresar».
«Me mandaron fotos de hombres que vigilaban mi casa. Yo siempre le daba seguimiento a la política y a las persecuciones, y esto coincidía mucho con lo que habían vivido los opositores. Yo estaba viviendo sobre lo que había escrito de la persecución y la represión a la oposición en Nicaragua«, denunció “Jacqueline”.
Explicó que, previo a esta persecución directa como colaboradora de La Prensa, antes y después del inicio de las protestas de 2018, sufrió agresiones de grupos afines a la dictadura, pero «nunca quiso renunciar» y siguió en firme incluso frente a cuestionamientos de personas que le reprochaban que pensara en su hijo de 15 años.
“Jacqueline” también fue apoyada por La Prensa, medio de comunicación en el que sigue laborando. La empresa le dio tiempo para resolver su traslado a Estados Unidos, donde actualmente es solicitante de asilo.
«No tuve obstáculos, el mayor obstáculo fui yo misma al inicio de que no quería salir del país, pero yo me tuve que empujar, aceptar y dejar todo atrás. Ahora pienso que bien me hubiese llevado a mi hijo, pero yo nunca había salido ilegal de Nicaragua, no sabía qué me iba a encontrar, entonces no quería exponerlo. Aunque, el trayecto sí fue cansado, pasamos por ríos, subimos una montaña alta de lodo, fuimos a caballo dos horas», afirmó.
Según el estudio, el 56.5% de las mujeres periodistas exiliadas que fueron consultadas para el análisis eligió salir por veredas por miedo a ser “detenidas o ser sometidas a torturas y largos interrogatorios”.
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La organización Voces del Sur contabiliza que, desde inicio de la crisis sociopolítica de 2018 hasta el primer trimestre de 2023, al menos 185 personas profesionales del periodismo y la comunicación han salido de Nicaragua para resguardar su seguridad por motivos políticos.
En 2022, el organismo regional documentó 703 casos de violaciones a la libertad de prensa, cometidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Además, alertó que el riesgo que sufren las mujeres es proporcionalmente «más alto» que el que viven los comunicadores varones, pese a que éstos representaron la mayor cantidad de víctimas de dichas violaciones a la libertad de prensa.
Enlace para descargar el estudio: Exiliadas para sobrevivir
