Más de 200 000 nicaragüenses migraron, más de 3000 oenegés fueron canceladas, más de 230 personas están presas por motivos políticos y más de 50 mujeres fueron víctimas de femicidios
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En los últimos cuatro años, desde que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desató todo tipo de represión contra quienes salieron a las calles a protestar en 2018, Nicaragua se ha sumergido en un bucle plagado de migración, detenciones arbitrarias, asesinatos que quedan en la impunidad, cierre de oenegés y medios de comunicación, y una continua violación a los derechos y libertades que tienen cada persona nicaragüense.
En 2022 no hubo una excepción al patrón que lleva Nicaragua desde 2018. La migración de nicaragüenses siguió incrementando, ya no solo por la persecución política sino por los efectos que ha tenido la permanencia de la dictadura a nivel social y económico; el régimen endureció la persecución contra las organizaciones de la sociedad civil, ordenando el cierre de miles de estas; siguió encarcelando a centenares de disidentes, escalando al punto de tomar a sus familiares como rehenes políticos; y docenas de mujeres fueron asesinadas producto de la violencia machista que impera en total impunidad en el país.
A continuación, La Lupa detalla cinco momentos que marcaron este 2022:
La crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua, tras la represión orteguista desatada contra la rebelión de abril de 2018, ha empujado a más de medio millón de nicaragüenses a salir del territorio en los últimos cuatro años; algunos huyen de la persecución directa del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y otros de las consecuencias económicas y sociales que ha dejado la instauración de la dictadura en el país.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, (CBP, por sus siglas en inglés), registró que en el año fiscal 2022, que cubre de octubre de 2021 a septiembre de 2022, hubo 164,600 encuentros de personas de origen nicaragüense, esto sin sumar los 20 983 encuentros que ocurrieron en octubre pasado, que cuentan como los primeros datos del año fiscal 2023.
Las cifras de la CBP revelan un fuerte incremento en el número de encuentros de personas de origen nicaragüense respecto a los datos del año fiscal 2021, cuando hubo 50 722 encuentros.
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El incremento de la migración de nicaragüenses además se percibió en el número de solicitudes de refugio en Costa Rica. La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica recibió, entre enero y octubre de 2022, un total de 69,891 solicitudes de refugio de nicaragüenses, 16,937 más que en 2021. Aunque, es importante señalar que del total de solicitudes de refugio recibidas en 2022 solo 2136 fueron aprobadas, 380 quedaron denegadas y las demás siguen pendientes.
Las autoridades costarricenses de Migración revelaron, a inicios de 2022, que desde 2018 han recibido más de 179,000 solicitudes de refugio de nicaragüenses, de las cuales solo más de 4900 han recibido el estatus oficial de refugiado.
El año 2022 también estuvo marcado por la “demolición del derecho a la asociación” con el cierre de 3,038 organizaciones a las que la Asamblea Nacional y el Ministerio de Gobernación, les arrebataron sus personerías jurídicas, según el informe La brutal demolición de la libertad de asociación en Nicaragua, realizado por los colectivos de la Red Local, Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, Popol Na, Fundación del Río y Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
El documento señala que 41 de estas oenegés canceladas sufrieron confiscaciones, entre estas, 13 oenegés de mujeres que fueron despojadas de sus bienes muebles e inmuebles.
La defensora Karina Sánchez, integrante de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), denunció que las asociaciones de mujeres fueron particularmente perseguidas, al igual que sus integrantes, en 2022, señalando que entre esas miles de oenegés canceladas durante este año se identificó a al menos 176 organizaciones feministas.
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“El 90% de la cancelación de las organizaciones feministas fue durante este año, a pesar que muchas de ellas tenían décadas de trabajo en el país. Muchas otras han cerrado sin ser canceladas debido a los obstáculos que les ponen las instituciones para seguir operando”, indicó.
El cierre de las organizaciones feministas, valoró Sánchez, “ha aumentado la violencia letal contra las mujeres” y “ha creado un ambiente de máxima impunidad para los agresores”, ya que eran estas organizaciones las que brindaban atención a las víctimas de violencia, que ahora no tienen donde acudir.
Además de afectar gravemente a las beneficiadas, las personas que trabajaban en las organizaciones pasaron súbitamente al desempleo; forman parte de la lista de personas presas políticas por estar organizadas; fueron desterradas del país negándoles el ingreso; o tuvieron que exiliarse por la persecución política, explicó Sánchez.
Según una investigación del Diálogo Interamericano, el cierre masivo de oenegés en Nicaragua “afecta a más de un millón de nicaragüenses que se beneficiaban con diversos programas sociales” y ha dejado la pérdida de “2,000 o más empleos formales”.
Las cárceles de Nicaragua, nuevamente, fueron utilizadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para callar a la disidencia y críticos de su dictadura. Actualmente, 235 personas están encarceladas por motivos políticos, según los datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
Entre las personas encarceladas hay 26 mujeres activistas, defensoras de derechos humanos, feministas, docentes, sociólogas, políticas, aspirantes a cargos públicos, estudiantes e intelectuales. También hay 209 hombres campesinos, estudiantes, empresarios, periodistas, religiosos, catedráticos, políticos, defensores de derechos humanos y directores de medios de comunicación.
Las mujeres encarceladas por la dictadura son: Sandra del Carmen Acevedo Diaz, Ana Carolina Álvarez Horvilleur, Suyen Barahona Cuán, Nidia Lorena Barbosa Castillo, Cristiana María Chamorro Barrios, Daysi Tamara Dávila Rivas, Karla Vanessa Escobar Maldonado, María Fernanda Ernestina Flores Lanzas, Violeta Mercedes Granera Padilla y Julia Christina Hernández Arévalo.
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También Jeannine Horvilleur Cuadra, María del Socorro Oviedo Delgado, Cinthia Samantha Padilla Jirón, Eveling Rusia Pinto Centeno, María Esperanza Sánchez García, Dora María Téllez Argüello, Ana Margarita Vijil Gurdián, M.J.D.C, C.A.N.I y siete que fueron incluidas de forma anónima.
Familiares y organizaciones feministas han denunciado que al menos nueve de estas 26 mujeres secuestradas por el régimen han sido sometidas a aislamiento y encierro en celdas de máxima seguridad en la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote. También han señalado que la mayoría de estas no reciben asistencia médica adecuada, mucho menos acceso a atención ginecológica, no tienen acceso a visitas regulares, y son sometidas a tratos crueles y denigrantes.
Las mujeres nicaragüenses además siguen siendo víctimas de la violencia machista que impera con total impunidad en el país. Hasta finales de noviembre, se contabilizaban 57 mujeres que murieron violentamente a manos de hombres, según el conteo del observatorio Católicas por el Derecho a Decidir (CDD). Nuevamente, igual que años anteriores, la Costa Caribe y Managua se ubican como las principales zonas donde se registran más femicidios. La cifra en diciembre ya aumentó a 58 femicidios.
“Rosa”, activista feminista de Matagalpa que solicitó el anonimato para conversar con La Lupa, indicó que uno de los “hitos” de la violencia machista de este año, es el aumento signitificativo de los femicidios frustrados. De acuerdo con el CDD, cada mes se registran 12 intentos de femicidio. El último conteo de la organización documenta 125 femicidios frustrados en lo que va de 2022, dato que podría ser mayor ya que muchas mujeres deciden no denunciar a sus agresores.
La defensora advirtió que desde el 2018 los femicidios en grado de frustración son una violencia constante con la que viven las mujeres, pero, a pesar del aumento, “el Estado de Nicaragua se niega a realizar acciones para proteger a las mujeres y criminaliza cada vez más a las defensoras que brindan atención a las víctimas de violencia”.
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Resaltó que otro elemento que caracterizó la violencia machista este año fueron los femicidios contra menores de edad. CDD documentó cuatro casos de femicidios infantiles y dos contra adolescentes, caracterizados -al menos la mitad de estos- por sufrir violencia sexual por parte de sus agresores.
“Eso solo te muestra la saña que le tienen a las niñas y a las jóvenes. Existe un odio contra los cuerpos de las mujeres, y lo manifiestan en el femicidio y en el abuso sexual”, apuntó “Rosa”.
Las mujeres también fueron limitadas en el ejercicio de sus libertades de creencia, protesta o reunión. En agosto de 2022, ciudadanas que apoyaron a monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, que actualmente es acusado de supuesta “conspiración” y “ciberdelitos” por el régimen de Daniel Ortega, fueron citadas a estaciones policiales matagalpinas, a manera de intimidación, luego que se apostaron -con rosarios en mano- en las afueras de la Curia Episcopal de ese departamento, en apoyo al religioso que fue encerrado durante 15 días junto a otras once personas, entre ellos coristas, músicos, camarógrafos, sacerdotes y seminaristas.
Ese mismo mes, mujeres, niños y adultos mayores también recibieron golpes cuando se encontraban resguardando la capilla Niño Jesús de Praga, que era asediada por agentes antidisturbios que horas después irrumpieron para confiscar los equipos de Radio Católica de Sébaco, parte de las al menos ocho emisoras de la Diócesis de Matagalpa que fueron canceladas por el orteguismo.
El sacerdote Uriel Vallejos, párroco de la Parroquia Divina Misericordia de Sébaco, Matagalpa, fue encerrado cerca de 72 horas, junto a feligreses, tras la toma de las instalaciones de Radio Católica de Sébaco. Actualmente, el religioso se encuentra en el exilio en Italia producto de la persecución orteguista, que este 13 de diciembre giró oficio a la Interpol para su captura, declarándolo prófugo de los supuestos delitos de “conspiración” y “ciberdelitos”.
El régimen además ha prohibido en algunos municipios procesiones en honor a San Judas Tadeo, a la Inmaculada Concepción de María e incluso obligó a feligreses a recibir las homilías afuera de los templos, que eran rodeados por agentes de la Policía.
