En conferencia pública, durante el 174 periodo de sesiones, integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y miembros de la sociedad civil nicaragüense, analizaron la polémica Ley de Amnistía (Ley 996), aprobada en junio pasado por la maquinaria de diputados orteguistas.

La Ley según la comisión no cumple los estándares internacionales de justicia, reparación y no repetición.

La relatora para Nicaragua, comisionada Antonia Urrejola, reiteró que como organización «tenemos claro los estándares de las leyes de amnistía, cuándo son aceptables y cuándo no lo son, claramente, para nosotros esta Ley de Amnistía no cumple con los estándares internacionales, nosotros hemos manifestado nuestra preocupación».

La sesión, como de costumbre, fue realizada sin la presencia de los delegados del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que nuevamente se ausentaron.

LEY DE AMNISTÍA PERSIGUE IMPUNIDAD

Los representantes de la sociedad civil de Nicaragua y expresos políticos denunciaron, ante la CIDH, que la Ley de Amnistía, aunque el régimen haya pretendido aprobarla en beneficio de la libertad de los manifestantes encarcelados, en realidad buscaba la impunidad para los crímenes que funcionarios estatales cometieron contra los protestantes.

Asunción Moreno, catedrática de Derecho Penal y Constitucional, denunció que la Ley de Amnistía, lejos de servir para liberar de causas legales a los presos políticos, sirve para «obstaculizar un verdadero proceso de acceso a la justicia para las familias que han perdido a sus seres queridos y para los excarcelados que fueron sometidos a procesos penales sin garantías».

La catedrática señaló que de los 651 manifestantes excarcelados -no liberados- solo 234 han sido bajo la Ley de Amnistía, mientras que 417 de los excarcelados se encuentran fuera de procesos de Amnistía, pese a que sus procesos están dentro del ámbito de aplicación de esta ley.

Agregó que «en definitiva no hay presos políticos amnistiados sino autoamnistía de los responsables de las muertes, lesiones y secuestrados … los presos políticos siguen esperando de gozar una libertad y seguridad, los inocentes no necesitan amnistía, las madres de los muertos exigen justicia, reparación y no repetición».

Los representantes de la sociedad civil de Nicaragua: Leonor Arteaga de la fundación para el debido proceso; Medardo Mairena, líder del Movimiento Campesino Anticanal; y Yubrank Suazo, excarcelado político y líder en las protestas de Masaya, denunciaron que, pese a la aplicación de Ley de Amnistía, los casos en los que vincularon a los manifestantes no han recibido «sobreseimiento» o cierre total de las causas.

Asimismo, indicaron que la mayoría de los excarcelados políticos siguen siendo perseguidos, acosados, asediados, amenazados, no les respetan el derecho a trabajar, educarse o acceso a a la salud, además hay más de 130 que siguen encarcelados.

Es por ello que, la sociedad civil de Nicaragua demandó que la Ley de Amnistía quede sin efecto y se retome las siete rutas jurídicas que propusieron abogados de presos políticos, para lograr la liberación absoluta de todos los opositores privados de libertad.

También solicitaron el retorno de los organismos internacionales, reconocimiento de parte del régimen Orteguista de las graves violaciones y derogación de la Ley de Reparación Integral, con el fin de aprobar otra Ley de Reparación que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos.

La Lupa Nicaragua
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