Nicaragua es el país de toda Centroamérica con mejores leyes en materia de género, pero en la práctica, las mujeres sufren la peor desigualdad.
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Ángela iba a terminar su proceso terapéutico a finales de junio de este año, en la única organización nicaragüense que brindaba atención psicológica gratuita a mujeres que vivieron abuso sexual infantil, es decir, en Aguas Bravas Nicaragua (ABN). Se supone que el 10 de febrero, luego de las vacaciones de fin de año, iba a retomar las sesiones terapéuticas grupales para culminar la última etapa de su proceso, sin embargo, nunca ocurrió.
Ángela de 29 años, era paciente de ABN desde febrero de 2020. Desde su adolescencia tenía cuadros depresivos con frecuencia, causados por las secuelas del abuso sexual que vivió en su niñez. Estos se agravaron entre 2016 y 2017 cuando estaba en una relación de pareja.
“Estaba en una relación en la que siempre tenía crisis que eran provocadas por un flashback, o sentía una tristeza que se relacionaba con la historia de abuso sexual que viví. Visité a una terapeuta porque quería atender esas crisis depresivas que tenía. Llegamos a la conclusión de que necesitaba llevar un proceso de sanación por el trauma causado por el abuso. Ella me mencionó Aguas Bravas”, explica.
Pero no fue hasta en febrero de 2020 que decidió empezar su proceso en ABN, primero porque era el único lugar especializado en trabajar con sobrevivientes de abuso sexual infantil y segundo porque su atención era completamente gratuita.
Su terapia estaba dividida en tres etapas: la primera eran sesiones individuales con una psicóloga especialista cada quince días durante ocho meses; la segunda y la tercera etapa se desarrollaban en los Grupos de Apoyo Mutuo (GAM), donde con otras sobrevivientes se acompañaban en el resto del proceso, que duraba alrededor de un año. Paralelamente, también recibían terapia corporal de manera mensual con otra especialista en sesiones grupales.
Durante los dos años que estuvo recibiendo terapia, Ángela comenzó a sanar sus heridas construyendo redes de apoyo con su grupo, aprendiendo formas de manejar sus crisis y utilizando sus recursos para cuidar de sí misma. Según ella, “enfrentar nuestros dolores es súper duro, pero hacerlo en un ambiente empático y especializado es también súper sanador”.
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Desde el anuncio de la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (Ley 1040) en el año 2020, la cual ha sido utilizada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para cancelar arbitrariamente la personería jurídica de decenas de organizaciones civiles, la documentación necesaria para operar legalmente era cada vez más difícil de renovar para ABN, ya que el Ministerio de Gobernación (MiGob) siempre se las negaba.
Desde entonces, había meses en que Ángela no recibía terapia corporal o las recibía cada dos meses. “Cada sesión cuenta”, solían decir sus psicólogas. En la última terapia que recibió a finales del año pasado, se fue con un sentimiento de angustia por el temor que fuera la última. Era como un secreto a voces entre las pacientes. Aguas Bravas Nicaragua, mayormente solo conocida como Aguas Bravas, podía ser cerrada en cualquier momento, y aunque ellas pudieran terminar su terapia individualmente, el dolor por el cierre iba a ser colectivo.
Una trabajadora de ABN informó que el MiGob no aceptó ningún documento de la organización este año y no están autorizadas para operar, así que interrumpieron las terapias, dejando varadas a más de 100 mujeres beneficiarias.
Los temores de Ángela se hicieron realidad, a tan solo unos meses de terminar su terapia, no iba a poder finalizarla. En un grupo de WhatsApp donde se comunicaba con su Grupo de Apoyo Mutuo, recibió el comunicado de las psicólogas avisándoles que no habían podido recibir las certificaciones del MiGob para trabajar este año, por lo que las sesiones iban a estar suspendidas, pero en cuanto las recibieran les iban a avisar.
“Nos quedan las redes. Ahí estamos moviéndonos viendo qué posibilidades existen, ya sea de manera grupal o individual. Siempre nos contactamos con las terapeutas, pero cuando los momentos se ponen difíciles nos toca reinventarnos. Ahorita mi proceso (terapéutico) está parqueado. Lo que yo quisiera es que como grupo termináramos. Vamos a hacer todo lo posible para que eso pase. Si no ocurre, también está la posibilidad de que yo lo termine de manera individual con la terapeuta que antes me venía acompañando”, señala la joven.
Aguas Bravas Nicaragua (ABN), organización ganadora del Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos por su labor en la defensa de los derechos de las mujeres, era la única organización feminista del país que brindaba una atención integral a mujeres sobrevivientes de violencia sexual infantil desde el año 2007.
Años tras año recibía cientos de solicitudes de mujeres sobrevivientes que deseaban ser atendidas. Según un informe sobre su labor realizada en el año 2021, brindaron acompañamiento psicológico e individual a 114 mujeres, de las cuales 78 eran pacientes nuevas; 39 mujeres recibieron atención grupal; y 35 participaron en las terapias corporales, de las cuales muchas no pudieron finalizar su proceso terapéutico tras la suspensión de las sesiones, como es el caso de Ángela.
ABN realizaba un inmenso trabajo en el abordaje de las secuelas del abuso y en la prevención de violencia sexual infantil, una de las mayores problemáticas que tiene el país y que nunca ha sido trabajado por el Estado, según la activista feminista del Movimiento Feminista de Nicaragua (MAM), Mirna Blandón. Ya que las víctimas no reciben atención de calidad y los agresores quedan en la impunidad.
“Nicaragua tiene un panorama deplorable en materia de derechos sexuales y reproductivos, de abuso sexual, altas tasas de embarazos de niñas y adolescentes, ausencia de educación sexual, altas tasas de mortalidad materna y una oferta limitada de métodos anticonceptivos. Todo eso destaca entre los más graves problemas que el Gobierno Ortega-Murillo no se preocupa de dar respuesta”, señala.
Solo durante el año 2021 se realizaron 3,237 peritajes médicos legales por violencia sexual a niñas y adolescentes; 1,490 peritajes a niñas entre los 0 y 12 años, y 1,747 peritajes a adolescentes entre los 13 y 17 años, según los boletines mensuales del Instituto de Medicina Legal (IML).
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En un país donde las menores de edad representan el 72.5% de las víctimas de violencia sexual de acuerdo con los datos del IML, y donde no existen programas estatales para su atención psicológica, ABN atendía una limitada cantidad de mujeres. Sin embargo, su trabajo ha sido interrumpido por la persecución del régimen Ortega-Murillo, al igual que el de muchas otras organizaciones feministas que daban respuestas a las problemáticas de las mujeres de los sectores más vulnerables del país.
La persecución contra las organizaciones de mujeres y activistas feministas estuvo presente desde el retorno del régimen al poder, siendo la instrumentalización de instituciones del Estado contra ellas una constante; a pesar que las organizaciones de mujeres han sido claves para el trabajo de problemáticas que el Estado nunca ha atendido por irresponsabilidad, negligencia y ausencia, apunta Blandón.
A tan solo un año de que Daniel Ortega estuviera en la presidencia, el informe anual del 2008 del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), expone que en septiembre de ese año 17 organizaciones de la sociedad civil fueron criminalizadas por el MiGob, por el supuesto delito de lavado de dinero mediante la “triangulación” de fondos provenientes de la cooperación internacional, lo que luego fue sustituido por “actividades ilícitas”, sin describir concretamente dichas actividades.
Un mes después, el 10 de octubre de 2008, una jueza orteguista ordenó el allanamiento y confiscación de bienes “orientado a investigar la actividad económica” del Grupo Venancia, la Red de Mujeres Municipalistas de Nicaragua, el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), entre otras organizaciones. Durante los allanamientos hubo abuso, exceso de fuerza, interrogatorios y un gran despliegue policial en las instalaciones de estas organizaciones, según las denunciantes.
La feminista Mirna Blandón indica que aparte de la criminalización, la descalificación, campañas de desprestigio y la persecución no solo ha sido contra las organizaciones, sino también contra activistas particulares que hacen ecos por sus demandas.
Sin embargo, al mismo tiempo que las organizaciones de mujeres y activistas feministas eran hostigadas y criminalizadas, el régimen anunciaba las demandas de las mujeres como logros cumplidos. Tal fue el caso de la aprobación de Ley Creadora del Fondo para Compra de Tierras con Equidad de Género para Mujeres Rurales, Ley 717, en el año 2010; la cual fue formulada, impulsada y exigida por la Coordinadora de Mujeres Rurales y otras mujeres organizadas desde el 2005.
“Nuestro buen Gobierno, desde el año 2007 ha impulsado al más alto nivel, políticas públicas, leyes, reglamentos, programas y proyectos socioeconómicos, para asegurar avanzar a paso firme en la inclusión de la mujer y la restitución de sus derechos, como parte del compromiso histórico de la Revolución Popular Sandinista, que desde sus inicios y en sus etapas más incipientes reconoce que la participación de la mujer fue y ha sido fundamental en la liberación del pueblo nicaragüense y el surgimiento de la Nicaragua linda, próspera, Libre, autodeterminada e Independiente”, se lee en una nota del medio oficialista El 19 Digital.
A pesar que los informes globales sobre la brecha de género del Foro Económico Mundial establecen anualmente que Nicaragua se encuentra dentro de los primeros cinco países con menor brecha de género, la realidad de las mujeres rurales del país contrasta con los datos.
La potencial ley que ayudaría a las mujeres rurales a dejar de alquilar y prestar tierras y que es única en Centroamérica, nunca le fue destinada una partida presupuestaria para su aplicación a como lo establece en su artículo tres. Hasta el año 2019, el área rural encabezaba la pobreza en el país con el 63.3 por ciento, siendo el 48.6 por ciento de esta población las mujeres rurales, de acuerdo con datos de la Encuesta de Hogares para Medir la Pobreza en Nicaragua Informe de resultados 2019 del FIDEG.
“La iniciativa de la Ley 717 nació en el seno de las mujeres pobres y campesinas sin tierra y al ser aprobada, el Estado de Nicaragua reconocía las grandes brechas de desigualdad que existen entre mujeres y hombres en el campo, pero la propuesta social de la ley fue cercenada y el resto nunca se ejecutó, eso significa que el Estado de Nicaragua nunca se ha preocupado por las mujeres”, señala Teresa Fernández, Coordinadora de las Mujeres Rurales.
Lo peor para las organizaciones de mujeres vino después de las protestas ciudadanas de 2018, cuando el régimen realizó ataques hostiles y sin precedentes contra las organizaciones de la sociedad civil, destacando las organizaciones feministas, a través de la cancelación de la personería jurídica, órdenes de allanamiento, confiscación de bienes y capturas arbitrarias de activistas feministas.
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Según el conteo del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, entre diciembre de 2018 y febrero de 2022 se han cancelado 97 asociaciones, entre ellas están el cierre del histórico Colectivo De Mujeres De Matagalpa; Asociación De Mujeres De Jalapa Contra La Violencia Oyanka, quienes ofrecían atención y protección a mujeres víctimas de violencia; y el más reciente, la Asociación de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra, quienes realizaron un trabajo arduo por los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar y de las maquilas; entre otras asociaciones y agencias de cooperación internacional que luchaban por los derechos las mujeres en situaciones de vulnerabilidad.
Una investigación de Confidencial que únicamente Oxfam para América Latina y El Caribe, agencia de cooperación cerrada, beneficiaban a 129 705 nicaragüenses en los diferentes proyectos de ayuda humanitaria, derechos humanos, producción agroecológica y protección del medio ambiente que desarrollaban junto a 56 ONGs locales.
Mientras el régimen Ortega Murillo cierra organizaciones de mujeres, también encarcela a activistas políticas, feministas estudiantiles y defensoras de derechos humanos. Actualmente mantiene a 14 mujeres presas políticas, dos de ellas están privadas de su libertad injustamente desde hace dos años, mientras que el resto desde el año pasado. Las presas de conciencia han atravesado juicios sin garantías judiciales y sin ningún respeto a sus derechos básicos y fundamentales.
La mayoría de las activistas, acusadas por los supuestos delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”, tienen condenas de ocho a 12 años de cárcel.
A pesar de todo lo anterior, los derechos de las mujeres han avanzado progresivamente en el país, según entidades internacionales. Esto es porque Nicaragua tiene leyes únicas en materia de igualdad y equidad de género, lo que ha hecho que sea considerado un país avanzado para las mujeres, de acuerdo con informes de la ONU Mujeres, como la Ley 717 antes mencionadas y la Ley 648, Ley de Igualdad de oportunidades, que establece una cuota de género de 50% en los puestos políticos.
Pero en realidad estas leyes solo sirven para los indicadores internacionales y no para la mejora de la calidad de vida de las mujeres a nivel local, ni para generar cambios en el imaginarios colectivo, ya que el régimen las utiliza para su conveniencia, indica la feminista Mirna Blandón.
“La creación de las Comisarías, la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, la ley creadora del fondo de tierra o la ley de igualdad de oportunidades son buenas leyes, aunque tengan vacíos. El problema no es no contar con leyes, el problema es que las leyes deben de acompañarse de infraestructura, recursos, presupuesto y sobre todas las cosas, voluntad política del Estado y es lo que no ha ocurrido”, expresa.
Blandón explica que el régimen nunca ha reconocido el potencial de las leyes y solo las han utilizado en un discurso politiquero y clientelista, por lo que no las han aplicado, las han aplicado parcialmente con objetivos partidistas, no les asignan un presupuesto o han sido reformadas.
Nicaragua se posicionó como un país progresista con la aprobación de la Ley Integral Contra la Violencia Hacia las mujeres, Ley 779, la cual estaba destinada regular «la protección, reparación y sanción de todas las formas de violencia contra las mujeres», aplicándola tanto en el ámbito público como en el privado, reconociendo la tipificación del femicidio, prohibiendo la mediación en cualquier caso y aplicando el Modelo de Atención Integral (MAI).
Una ley “excelente”, pero solo de “vitrina”, según la integrante del Movimiento de Mujeres de Nicaragua y jurista especializada en Derechos Humanos de las mujeres, Azahalea Solís. La ley 779, la cual había sido impulsada desde la Revolución Popular Sandinista en los 80 por los colectivos de mujeres, fue aprobada y entrada en vigencia el 22 de julio de 2012.
Pero fue reformada rápidamente un año y tres meses después de su aprobación, en el 2013. La primera reforma impuso la mediación con los victimarios, a pesar que el MAI reconocía que “la práctica frecuente de la mediación aumenta el riesgo de muerte, salud, seguridad, impunidad y victimización secundaria”.
La segunda reforma en el 2014 cambió por completo el objeto de la ley, desvirtuándola y alejándola de su cometido. Originalmente la ley tenía “por objeto actuar contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres”, después de la reforma el objetivo de la Ley era “garantizar el fortalecimiento de las familias nicaragüenses”. Además, la aplicación de la ley pasó únicamente al ámbito de las relaciones interpersonales.
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Durante ese mismo año también fueron desmanteladas las Comisarías de la Mujer y la Niñez sin que el régimen diera explicación alguna, dejando a las mujeres en la total indefensión.
Nuevamente en el 2016 sufrió otro cambio. La Comisión Nacional Interinstitucional de Justicia Penal de Nicaragua creó un instructivo para la aplicación Ley 779, descartando prácticamente el contenido original de la misma. En el instructivo se prohibió las órdenes de captura para los hombres que cometieron el delito de incumplimiento de deberes alimentarios, y delitos menos graves, limitándose únicamente a la aprehensión de los victimarios si comenten violación, femicidio y abuso sexual.
La última reforma fue en 2020 cuando se aprobó la cadena perpetua y no el máximo de 30 años en los casos de femicidios cuando haya saña, por misoginia, y si comete el hecho en presencia de los hijos e hijas de la víctima. Aunque la medida aparenta buscar justicia, organizaciones de mujeres refieren que esto no va a disminuir los femicidios, deshumaniza y no tiene ningún fin educativo ni de cambio para los femicidas, al contrario, esta medida podría incluso ensañar más a los presos con sus víctimas.
Todos los cambios realizados contra la Ley 779, más la desmantelación de las Comisarías tuvieron efectos graves en la profundización de la violencia contra las mujeres, indica la feminista y directora de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Martha Flores.
“En estos últimos diez años se evidencian retrocesos gravísimos en materia de derechos de las mujeres, podemos mencionar primeramente, que se ha violentado la ruta de acceso a la justicia establecida en la ley No.779. En esta ruta estaba involucrada un sinnúmero de instituciones estatales y privadas para dar respuesta a las mujeres que sufren violencia de género y que estas recibieran acompañamiento legal y apoyo psicosocial”, explica Flores, sin embargo, ahora las autoridades le han negado el derecho a las mujeres a recibir acompañamiento de las organizaciones feministas, a pesar que el MAI sí lo contempla.
Para Flores, el cierre de las Comisarías ha sido una de las acciones más graves que ha realizado en régimen, ya que esto aumentó los índices de impunidad. Los delitos contemplados la Ley 779 comenzaron a ser recepcionados por la Dirección de Auxilio Judicial de cada delegación policial, pero las mujeres no son atendidas, escuchadas, les rechazan las denuncias o se les juzga, emitiendo criterios de culpabilidad contra ellas; y en el caso que les recepcionen las denuncias son obligadas a mediar con sus agresores.
A pesar de que hace casi dos años se abrieron nuevamente las Comisarías, no han habido avances en la erradicación, prevención y sanción de la violencia machista, señala.
Según el observatorio de femicidios de CDD, desde el año 2016 ha habido un aumento sostenido en los femicidios, intentos de femicidio, y niños y niñas en la orfandad producto de los mismos; lo cual se debe a la falta de protección integral para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, el crecimiento de la inseguridad ciudadana, la liberación de agresores y femicidas por medio de indultos masivos, y las reformas que debilitan la Ley 779.
En los últimos cinco años, CDD contabiliza 370 femicidios, más de 548 femicidios en grado de frustración y más de 483 niños, niñas y adolescentes huérfanos.
Amelia, era una joven de 27 años, madre de una niña de 10 años y con un embarazo de ocho semanas. En el 2010 fue diagnosticada de cáncer con metástasis en los pulmones, senos y cerebro. Debido a su grave situación de salud permaneció tres semanas en un hospital público, pero no recibió atención médica adecuada y le fue negada el suministro de medicamentos.
Sus doctores le dijeron que la quimioterapia era fundamental para que pudiera sobrevivir y que necesitaba interrumpir el embarazo para combatir la enfermedad. No obstante, al estar penalizado completamente el aborto en Nicaragua desde el 2006, no recibió el tratamiento por más de un mes, ya que la quimioterapia podía provocarle uno.
El CENIDH junto con otras organizaciones realizaron movilizaciones para exigir al Estado proteger su vida y su integridad física, pero las demandas nunca fueron escuchadas. Ante la negligencia del Estado, el CENIDH solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que adoptara medidas cautelares a su favor, las que fueron otorgadas y se ordenó al Estado dar el tratamiento médico necesario para proteger su vida e integridad física.
Al hacerse el caso conocido nacional e internacionalmente, Amelia logró recibir la quimioterapia para su cáncer, pero este tratamiento fue realizado muy tarde y no recibió información sobre los riesgos que tendría para el feto. Finalmente, tuvo un parto prematuro de siete meses, del cual el feto no sobrevivió, ni ella tampoco sobrevivió a su cáncer, ya que murió meses más tarde.
El caso de Amelia es uno de los muchos que ocurren en Nicaragua en silencio, dado que el régimen nunca ha presentado datos reales sobre a cuántas mujeres les ha costado su vida la penalización del aborto desde el 2006.
El primer cambió a la legislación nicaragüense que hizo el régimen Ortega-Murillo fue en contra de los cuerpos de las mujeres. Según un informe de Amnistía Internacional sobre la penalización del aborto, el Ministerio de Salud (MINSA) registró 115 muertes maternas en 2007, de estas, una médica y experta en salud sexual, analizó que al menos 12 de esas muertes se pudieron haber evitado si las pacientes hubieran tenido acceso a un aborto terapéutico, entre ellas incluía dos muertes por abortos inseguros.
Asimismo, en el Análisis Comparativo de Situación de Mortalidad Materna en 2007 y 2008, concluyó que las principales causas de mortalidad materna en adolescentes eran la ingesta de veneno y la preeclampsia. Desde entonces, la situación de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en Nicaragua ha estado en completa desinformación.
Al menos 72 recursos inconstitucionales que fueron interpuestos por organizaciones y personas particulares en contra de la penalización, sin embargo, la vida y la salud de las mujeres ha estado condenada a decisiones religiosas y morales de políticos. Y aunque la calidad de vida de las mujeres se ha agravado más en los últimos años producto de la crisis sociopolítica, la institucionalidad y los efectos de la pandemia, Nicaragua al menos está en el primer puesto de igualdad de género en la región.
Si bien el proceso terapéutico de Ángela se encuentra detenido, ella y su grupo se están organizando para continuar sanando sus heridas y seguir resistiendo en un contexto tan adverso. «Siempre hay alternativas, las mujeres siempre vamos a encontrar la fuerza para seguir adelante y unirnos», dice.
Pese que el futuro de Nicaragua no está claro para las mujeres, para Ángela lo más importante es crear redes de apoyo para continuar organizándose.
