De las 13 presas políticas reconocidas públicamente, once fueron condenadas por la justicia orteguista y dos están siendo acusadas
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene a 19 presas políticas en sus cárceles. De ese total, seis están bajo anonimato por temor a represalias contra ellas o sus familiares, mientras que las otras 13 han enfrentado procesos judiciales por los supuestos delitos de menoscabo y propagación de noticias falsas, instrumentalizados como castigo político contra las personas nicaragüenses por ejercer su derecho a la libertad de expresión y asociación.
Once de las presas políticas están condenadas y otras dos están siendo procesadas. Ellas son parte de 119 personas reas de conciencia confirmadas por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas hasta diciembre 2023, bajo un ambiente de mayor hermetismo y miedo para denunciar los casos de secuestros y las torturas que padecen dentro de los sistemas penitenciarios.
Los procesos judiciales han sido, en su mayoría, sin derecho a la defensa y a través de una videollamada. La Lupa enumera quiénes son las 13 reas de conciencia reconocidas públicamente. De los casos anónimos, tres mujeres tienen más de 50 años.
Alba Paola Martínez Lira es originaria de La Trinidad, Estelí. Fue capturada el 1 de octubre del año pasado y sometida a desaparición forzada. Según reportes periodísticos, la acusaron por supuestamente dirigir una página en redes sociales con publicaciones contrarias a la línea gubernamental. La condenaron a ocho años de cárcel por los supuestos delitos de “menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”.
Anielka Lucía García Zapata es oriunda de Chichigalpa, Chinandega. Después de estudiar Marketing en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) emprendió un negocio de serigrafía.
En 2023 le encargaron una camiseta con un guardabarranco y la leyenda “Abril Vive”, “Viva Nicaragua Libre”. El 4 de abril de 2023, un grupo de antimotines secuestró a la joven, madre de un menor de siete años y otro bebé de casi dos años.
García Zapata fue condenada a ocho años de cárcel por los supuestos delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”. Se encuentra en la cárcel La Esperanza, en Tipitapa.
Brenda Lee Baldelomar utilizaba sus redes sociales para denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen orteguista. Fue miembro del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), pero se alejó por cuestionar a la dirigencia departamental, en Chinandega.
Al igual que cientos de personas nicaragüenses se involucró en la rebelión cívica de 2018 y mantuvo su resistencia hasta que fue encarcelada en abril de 2023, tras años de asedio policial y de fanáticos orteguistas. Ella fue condenada, pero se desconocen los delitos.
Nelly Griselda López García es integrante de la Asociación Madres de Abril (AMA). Es tía de Erick Antonio Jiménez, asesinado el 17 de junio de 2018 en Monimbó, Masaya, a manos de paramilitares.
Actualmente se encuentra condenada en La Esperanza por los supuestos delitos de “menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”, indicó una fuente cercana a su familia. Junto a López fue capturado su esposo, Eddy Castillo, quien también es un preso político y se encuentra en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro.
Olesia Múñoz Pavón es una excarcelada política. Fue liberada en 2019, beneficiada por la Ley de Amnistía, elaborada a medida del régimen orteguista.
Esta segunda captura estuvo relacionada a su compromiso religioso con la Iglesia católica, ya que no pertenecía a ningún grupo opositor y se dedicaba a servir a la Iglesia a través de la música y el canto. El jueves santo, 6 de abril de 2023, un grupo de agentes la arrestaron.
La justicia de la dictadura la condenó a diez años de cárcel por los supuestos delitos de menoscabo y propagación de noticias falsas.
Martha Lorena Centeno Marín fue detenida el 19 de abril en el contexto del quinto aniversario de la rebelión de abril en 2023. Ella defendía la libertad religiosa y la libertad de expresión a través de sus redes sociales, de acuerdo con sus familiares.
Según la activista y excarcelada, Ivania Álvarez, también demandaba la liberación del obispo Rolando Álvarez -ahora excarcelado-. Según datos del último informe del Mecanismo desde diciembre 2023 está condenada.
Martha Candelaria Rivas Hernández fue condenada a cinco años de cárcel impuesta por la jueza del juzgado Segundo Local Penal de Granada, María José Zapata, por el supuesto delito de falso testimonio en perjuicio de la administración de justicia.
La mujer de 44 años es la presunta víctima de violencia física por parte del sacerdote Manuel García Rodríguez que fue encarcelado el 2 de junio de 2022 y posteriormente condenado a dos años y ocho meses por lesiones físicas y psicológicas. Sin embargo, el régimen lo desterró al Vaticano junto a otros 18 religiosos el pasado 14 de enero.
Mientras Rivas sigue encarcelada. Es la única presa política que se encuentra pagando su supuesta pena en el Sistema Penitenciario de Granada, según información del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
Joseling Mayela Campos Silva fue detenida el lunes 21 de agosto de 2023, tras recibir vigilancia y acoso policial. Estudiaba tercer año de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Ingeniería.
Al igual que cientos de personas nicaragüenses se involucró en las protestas de abril 2018, destacándose como una activista universitaria. Aunque, en un principio, el régimen la acusó por delitos políticos, finalmente, fue condenada por posesión de drogas.
Adela Elizabeth Espinoza Tercero es graduada en Comunicación de la confiscada Universidad Centroamericana (UCA), y es reconocida por su activismo universitario. También es madre de dos menores de edad, uno de siete años y otro de nueve.
Fue capturada por la Policía del régimen orteguista y condenada en el mismo caso con otras dos jóvenes universitarias por supuesta posesión de marihuana.
Evelyn Susana Guillén Zepeda fue detenida en agosto de 2023, supuestamente por demandar, mediante un cartel, la libertad de monseñor Rolando Álvarez- ahora desterrado al Vaticano- en las festividades de Santo Domingo, en Managua.
Se conoce muy poco sobre su caso. El Grupo de Reflexión Excarcelados Políticos (GREX), advirtió que su integridad estaba en riesgo, principalmente, porque requiere medicamentos para tratar problemas de salud mental.
Gabriela Ivonne Morales López es egresada de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Juan Pablo II- cerrada y confiscada por el régimen orteguista-.
Su delito fue involucrarse en las protestas estudiantiles. Fue juzgada junto a las universitarias Adela Espinoza y Mayela Campos. También la condenaron por supuesta posesión de drogas.
Jaqueline de Jesús Rodríguez Herrera, de 35 años, es originaria de Jinotega. Fue detenida en el contexto del quinto aniversario de las protestas cívicas.Actualmente se encuentra en el SPN La Esperanza.
Nancy Elizabeth Enriquez James era la diputada suplente del diputado Brooklyn Rivera, también preso político del régimen orteguista.
Enriquez James fue arrestada después de acudir a una cita por el caso de Rivera el 1 de octubre del año pasado. Al igual que a decenas de personas presas políticas, la acusaron de menoscabo y propagación de noticias falsas.
Fue condenada a ocho años de cárcel en un juicio sin derecho a defensa y completamente hermético.
