La universidad jesuita fue acusada de terrorismo por la jueza orteguista Gloria María Saavedra. Mientras tanto, la institución anunció la suspensión de sus actividades.
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El régimen Ortega-Murillo acusó de terrorismo y ordenó la incautación de todos los bienes de la Universidad Centroamericana (UCA) el pasado 15 de agosto a través de un oficio del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias Circunscripción Managua, a cargo de la jueza orteguista Gloria María Saavedra, anunció la UCA por medio de un correo a sus estudiantes.
De acuerdo con la institución, las acciones del régimen Ortega-Murillo se basan en «señalamientos infundados de que la Universidad Centroamericana funcionó como centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales».
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La universidad también reiteró «su compromiso con la sociedad nicaragüense por una educación superior de alta calidad y fiel a sus principios fundacionales desde hace 63 años». Debido a todo esto, todas las actividades académicas y administrativas se suspendieron el día este martes, hasta que sea posible retomarlas de manera ordinaria.
Por su parte, la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús negó rotundamente las acusaciones de terrorismo que enfrenta la UCA y aseguró que las acciones en su contra es porque la institución intentó buscar una sociedad más justa y por proteger la vida de personas que se manifestaron en 2018.
«La confiscación de facto a la UCA es el precio por pagar por la búsqueda de una sociedad más justa, proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense, en consonancia con su lema: La verdad los hará libres (Juan 8, 32)», indicó en su comunicado.
La Compañía recordó que la UCA durante sus 63 años de existencia fue reconocida reconocida nacional e internacionalmente por su calidad educativa y señaló que este nuevo ataque no es un hecho aislado.
«A partir de abril de 2018, como consecuencia de su postura en defensa de la vida de las personas que estaban siendo reprimidas por fuerzas estatales y parapoliciales, la UCA ha venido siendo objeto de constante asedio, acoso y hostigamiento de parte de las instituciones gubernamentales nicaragüenses», señaló.
Las acciones para confiscar la UCA comenzaron desde el pasado 9 de agosto cuando las cuentas bancarias de la universidad fueron congeladas, sus bienes inmuebles inmovilizados y el Centro de Mediación inhabilitado.
Con la confiscación de la UCA serían 27 universidades privadas que han pasado a ser propiedad del régimen Ortega-Murillo desde 2021.
