En menos de quince días el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo impuso dos cobros en dólares a los servicios de salud, ofrecidos por el Ministerio de Salud (Minsa) en Nicaragua, lo que contradice el modelo de “salud gratuita” que promulgan y establece una nueva “carga económica” a los nicaragüenses, coinciden algunos especialistas.

Esta semana, el Minsa informó que comenzará a cobrar 30 dólares por la vacuna de la fiebre amarilla a los ciudadanos que requieran un certificado de este tipo a la hora de viajar, un servicio que históricamente era gratuito.

“La desesperación por la recesión económica que está atravesando el país la quiere transferir al pueblo de Nicaragua y está jugando con la salud de los nicaragüenses, recordemos que en la Constitución de la República dice que es un derecho la salud y que el gobierno la debe garantizar”, señaló el doctor Javier Núñez de la Unidad Médica Nicaragüense.

El pasado 17 de julio, el Minsa también dio a conocer una orden ministerial en la que anunció que cobrará 150 dólares por la prueba para detectar COVID-19.

Ambas medidas, según el doctor Núñez, también ponen de manifiesto lo “desesperado” que está el régimen en materia económica.

“El gobierno está desesperado en tratar, económicamente, en ponernos la bota a todos los nicaragüenses, la vacuna de la fiebre amarilla ha sido gratuita toda la vida y hoy le está poniendo un costo de 30 dólares”, se quejó Núñez.

Forma recaudatoria

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la fiebre amarilla es una enfermedad «vírica aguda, hemorrágica, transmitida por mosquitos infectados.

Aunque no hay un tratamiento curativo para la enfermedad, la vacunación es la medida preventiva más importante contra la fiebre amarilla, agrega la OMS. Las vacunas son seguras y muy fácil de conseguir para conferir inmunidad y protección de por vida.

COVID-NICARAGUA

El doctor Alejandro Lagos, exdirector de los hospitales Bertha Calderón y Roberto Huembes, habría que revisar si existe una nueva alerta y/o actualización epidemiológica de la OMS.

En 2019, tres países de la región -Bolivia, Brasil y Perú- notificaron casos confirmados de fiebre amarilla que ocurrieron entre diciembre de 2018 y febrero de 2019.

La lectura que hace el doctor Lagos sobre los cobros impuestos por el Minsa es que el régimen está imponiéndolos como una medida “recaudatoria”.

“A lo mejor el gobierno ha olvidado, ha hecho a un lado, el precepto constitucional de que la salud es un derecho del pueblo y un deber del Estado garantizarla, pero como aquí hay impunidad para todo, esto se miraría como otra forma recaudatoria, como un impuesto de salid”, afirmó.

Nicaragua vive actualmente su tercer año de recesión económica, pues viene arrastrando una crisis sociopolítica que no se ha resuelto, y las condiciones del país han empeaorado debido a la pandemia.

“Eso deja al descubierto que este gobierno no tiene el más mínimo sentido de palear esta carga económica de los pobres nicaragüenses, está transfiriendo al pueblo y quiere sacar plata de cualquier lugar, de cualquier manera y esta es una forma de hacerlo”, insistió Núñez.

Proveer salud

Lagos enfatizó que es deber de todo gobierno garantizar la salud de sus conciudadanos a través de programas de promoción, prevención y protección específica donde entran en juego los “esquemas de vacunación”.

vacuna fiebre amarilla
Tomada de Conocedores.com

“Si somos un país que estamos en una zona endémica creo que a todos nos deberían de vacunar contra la fiebre amarilla de forma gratuita”, dijo Lagos.

La vacuna contra la fiebre amarilla es un requisito que países como Colombia, Brasil, Bolivia, Perú, Argentina, Ecuador, Panamá, Venezuela y Paraguay piden a los viajeros.

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