*Este texto es parte de la investigación colaborativa: Violencia contra las mujeres: La pandemia invisible

El 18 de marzo de 2020 se oficializó en Nicaragua el primer caso de coronavirus, cuatro días después que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenara a trabajadores del Estado y convocara a su militancia a salir a las calles de la capital, Managua, para marchar por el “Amor en tiempos de COVID-19“.

El hecho fue condenado por el gremio médico que lo calificó de «imprudente», frente a un mundo que se confinaba para frenar los contagios del nuevo coronavirus. Esta fue la primera de una serie de acciones en la que el Estado de Nicaragua actuó de forma «negligente e irresponsable» frente a la pandemia, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). Mientras el epidemiólogo Álvaro Ramírez junto a la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH) ha denunciado un “genocidio viral” por la crisis sanitaria y la forma en la que se ha tratado la emergencia mundial del coronavirus en la nación centroamericana.

Cuatro meses después de ser oficializado el primer infectado, Nicaragua registra 3.147 casos confirmados y 99 muertes relacionadas al COVID-19, según el Ministerio de Salud (Minsa), institución que ha sido señalada por el Cenidh, Anpdh y el gremio médico de “maquillar las estadísticas” y “ocultar información”. El manejo no es nuevo, las organizaciones de mujeres también han señalado esta práctica estatal con respecto a los datos relacionados con la violencia machista.

La organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) la única ONG en Nicaragua que durante más de 10 años mantiene un monitoreo sobre violencia machista, contabilizó hasta junio de 2020 un total de 35 femicidios. Dos más que en 2019, lo que convierte a mayo en el mes con más casos, once en total, de mujeres víctimas de violencia machista registrados en Nicaragua.

Martha Flores, directora de CDD, considera que las mujeres en Nicaragua están sobreviviendo a más de una pandemia: “la violencia machista, el COVID-19 y la crisis sociopolítica, y todo ante un Estado machista, que viola derechos y que es absolutamente responsable de los asesinatos de mujeres que todavía siguen impunes”, dijo.

Pese a que en Nicaragua las autoridades nunca decretaron cuarentena, la sociedad civil convocó a un autoconfinamiento para evitar el contagio que se propagó en el mundo, pero paradójicamente el sitio que las protege de la pandemia colocó en riesgo sus vidas ante sus agresores.

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“Las mujeres están en sus casas, que se ha convertido en el lugar más inseguro, incluyendo a muchas niñas y adolescentes que quedaron bajo el control de potenciales agresores”, afirmó una activista de la Red de Mujeres contra la violencia que evita ofrecer su identidad ante la persecución de la que son víctimas frente a la crítica a las políticas de Ortega y Murillo en materia de derechos humanos. En especial, desde 2018, cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) lo señaló de cometer crímenes de “lesa humanidad” en contra de la población. Y en su caso, por las denuncias ante el estado de indefensión que viven las mujeres en el país.

Otra de sus compañeras, quien también ofrece estas declaraciones de forma anónima, agregó que en medio de la pandemia “las mujeres están padeciendo violencia de diferentes formas”.

La integrante de la red también explica, de manera anónima, que antes de la crisis se recibían al mes cerca de diez consultas de mujeres víctimas de violencia, a través de sus redes sociales, pero con la pandemia de COVID-19, los casos se han cuadruplicado y ahora reciben hasta cuarenta. “Un crecimiento que demuestra que las mujeres padecen su propia pandemia. Lo presencial era eficaz para atender a las mujeres, pero ahora es más difícil la atención”, reflexionó.

Las activistas insisten en que “no hay confianza en el Estado”, por ello la apertura de las Comisarías de la Mujer, primera instancia pública de atención a la denuncia de las mujeres víctimas de violencia, “no representan un impacto en la impunidad y los casos de femicidio en Nicaragua”. 

Las Comisarías de la Mujer se instalaron en 1993; en 2012 con la aprobación de la Ley 779 – Ley Integral Contras la Violencia a las Mujeres, se reconocieron, junto a los Juzgados de Violencia, bajo un modelo integral de atención con enfoque de género, pero en 2015 Ortega las desarticuló. Ahora, en 2020, ha anunciado la reapertura.

“En primera instancia, ni siquiera podríamos afirmar que es cierta la apertura de estas Comisarías porque lo que nos dicen las mujeres es que van a la Policía Sandinista y les dicen que no las pueden atender, que no hay personal lo que deja a las mujeres en total indefensión”, denunció María Teresa Blandón, integrante del Movimiento Feminista de Nicaragua, y una voz autorizada para hablar del tema en Nicaragua, tras años de lucha por reivindicar los derechos de las mujeres, y haber sido promotora de la Ley 779 – Ley Integral Contra la Violencia a las Mujeres en 2012.

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La impunidad es la norma

“El tema es que no hay ninguna acción del Estado para proteger a esas mujeres, que antes, durante y después de la pandemia han estado conviviendo con sus agresores”, dijo Blandón, quien cuestiona la ausencia de una estrategia estatal preventiva de la violencia, “el discurso fundamentalista” que ubica a la familia por encima de la vida de las mujeres y el uso de la violencia estatal, la persecución y represión contra cualquier voz disidente en Nicaragua.

La reciente liberación de más de 500 reos comunes condenados por los delitos de violencia sexual y femicidio, tras ser beneficiados con indultos de parte del Estado durante 2020, ha significado también un nuevo golpe para las víctimas y familiares en búsqueda de justicia. ONG defensoras de los derechos de la mujer en el país coinciden en que la decisión representa un retroceso en los derechos de las mujeres y la capacidad de obtener justicia. Recuerdan que el Ejecutivo ha sido denunciado, en reiteradas ocasiones, ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) por violación a los derechos fundamentales.

“Es una situación de desprotección de las mujeres y de impunidad, porque muchos de los agresores están libres”, cuestionó Blandón. La impunidad en los casos de femicidio afecta de manera recurrente a las víctimas. En 2020, por ejemplo, de los 35 casos registrados por Católicas por el Derecho a Decidir, apenas 15 han sido judicializados, mientras los 20 restantes aún no tienen detenidos ni procesados.

La figura del femicidio

Las defensoras de derechos humanos también resaltan el decreto que el Estado emitió en 2014 con el que se “desnaturalizó” la Ley 779 – Ley Integral contra la Violencia a las Mujeres al desconocer la violencia en el ámbito público y limitarla al privado, por lo que las cifras anuales de las organizaciones de mujeres varían notablemente con las documentadas por la Policía Sandinista.

En febrero de 2017, Vilma Trujillo, de 25 años, fue quemada en una hoguera con el objetivo de “sacarle los demonios”, según orientó el pastor evangélico Juan Rocha, quien purga una pena de 30 años de prisión, junto a un grupo de pobladores de la comunidad El Cortezal, en el Caribe Norte de Nicaragua, quienes presenciaron y colaboraron en el hecho.

El caso se tipificó, por el Ministerio Público, como asesinato atroz bajo reclamo y denuncia de las organizaciones de mujeres, quienes sostienen se trató de un femicidio producto de “la misoginia, de un Estado ausente, de la violencia machista y el fanatismo religioso”.

Desde 2014, las estadísticas de la Policía Sandinista registran un considerable descenso en la recurrencia del femicidio en Nicaragua, en contraste con los datos de las organizaciones de mujeres, en las que las cifras se triplican, pero, además, en las que contabilizan, durante la última década, 679 mujeres víctimas de este delito. Un promedio entre 50-70 anualmente.

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La deuda del Estado

El balance que hacen activistas y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres acerca de la situación de violencia en el país evidencia un panorama de absoluta impunidad para las víctimas de la violencia machista en Nicaragua, que en tiempos de confinamiento intensificó la falta de medidas para atender a quienes quedaron a merced de su agresor.

“No contamos con Comisaría de las Mujeres, tampoco con juzgados que se adapten a las necesidades de las mujeres, particularmente, para quienes viven en las zonas rurales o comunidades indígenas. El Estado no ha dispuesto de albergues para mujeres que están en situación de alto riesgo. Tampoco contamos con políticas de prevención; ni de atención de emergencia a las mujeres; ni de reparación a las que son víctimas de violencia. No tenemos datos oficiales confiables y tampoco tenemos una política de atención a los hijos, hijas de las mujeres que han sido víctimas de femicidio”, resumió Blandón.

En 2007, cuando Daniel Ortega y Rosario Murillo retornaron al poder, hace 13 años, asumieron en su discurso “una política de género y de restitución de derechos” que ha sido cuestionada ante los resultados que, en la práctica, se comprueba con las víctimas, pero que el Estado ha defendido con la incursión entre los 10 países mejores para ser mujer, según el Fondo Económico Mundial donde Nicaragua aparece en quinto lugar después de Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia.

“En Nicaragua no podríamos decir que hay avances, en realidad, tendríamos que decir que los relativos avances que se lograron antes de 2007 se han venido debilitando”, indicó Blandón.

Como integrante del Movimiento Feminista de Nicaragua, explicó que el modelo de atención integral a la violencia de género que se puso en marcha en los gobiernos anteriores a Daniel Ortega y Rosario Murillo se ha “desarticulado de  manera total” hasta casi eliminarlo.

“Lo que hay en la actualidad es una enorme deuda del Estado de Nicaragua con las mujeres que son víctimas de esta pandemia por la violencia machista y, en especial, con los niños que han quedado en orfandad”, agregó la activista.

El abusador era él

Gloria sintió nervios cuando compartió su historia en «El Blog de la Denuncia», una cuenta en Twitter y Facebook, que practica la “denuncia social” para víctimas de violencia en Nicaragua, como una necesidad de sanar, pero también de obtener “algo de justicia” en un país donde las organizaciones de derechos humanos denuncian que “la violencia contra las mujeres no es una prioridad para el Estado”.

El día que leyó el nombre de su acosador en la red social se dio cuenta de que estaba lejos de ser la única a la que había violentado y se dijo a sí misma que “no era posible que este (acosador) siguiera por la vida como si nada, y afectara a otras mujeres”. Aunque denunció bajo el anonimato, temía que la reconocieran y enfrentar represalias porque cuando sufrió el acoso se quedó sola. Su grupo de amigos, en común con el acosador, prefirieron creerle a él y no a ella. “Pensaba que me iba a hacer algo o se iba a dar cuenta de que era yo”, contó a través de una llamada telefónica, en la que se acordó mantener su identidad en confidencialidad por seguridad.

Se conocieron cuando ella tenía 17 años, ahora tiene casi 20. Él dibujaba muy bien y ella se interesó por su destreza en el papel, pero solo lo veía como un amigo. Mientras él malinterpretó su interés y hasta le pidió “nudes” (fotos íntimas). Por parar el abuso la llamó: “puta ilusiona hombres”.

El acoso trastocó su vida. Tuvo miedo. En la universidad, cuando caminaba por los pasillos y él iba detrás, se sentía atemorizada. “Hasta me sentía culpable”, contó ahora que reconoce que el abusador era él. Gloria es una de un centenar de jóvenes que durante la pandemia del coronavirus denunció en las redes sociales, en Nicaragua, la violencia de la que había sido víctima. Un fenómeno visible que diversos medios de comunicación reportaron ante la magnitud de denuncias que, a diario, se publicaban en la cuenta de «El Blog de la Denuncia«.

“La cuarentena ha sido como una forma de encontrarse a una misma y en este proceso de encontrarse, las víctimas han sabido identificar los abusos a los que han sido sometidas y por eso están decidiendo denunciar”, consideró una de las jóvenes que está detrás de la cuenta y que guarda su identidad por temor a represalias.

En el perfil de las redes sociales se visibiliza la violencia, se expone a los abusadores en busca de un “castigo social” ante la impunidad que impera en Nicaragua. «El Blog de la Denuncia» ofrece ayuda psicológica o jurídica con redes aliadas para continuar con el proceso de sanación y archiva con pruebas las denuncias recibidas que solo en el segundo trimestre de 2020 ascienden a más de 300.

Incremento de la violencia en cuarentena

La abogada Rosario Flores sabe muy bien qué significa tratar de seguir la ruta de la justicia en Nicaragua, pues ha acompañado a muchas mujeres que denuncian violencias. En el contexto de la pandemia asegura que “hubo un incremento de la violencia contra las mujeres, que por temor de contagiarse del SARS-CoV-2 que produce la COVID-19 no van a las comisarías”.

Muchas le han llamado, pero cuando les explica la ruta a seguir, enseguida dicen frases como “voy a esperar cuando pase todo esto” o “cuando se disminuyan los casos”, pero siguen soportando”, dijo.

La especialista en violencia contra la mujer explica que la falta de confianza en las instituciones sobre la ruta de acceso a la justicia, y ahora el temor del contagio, inciden en la baja de las denuncias, pero, además, la liberación de decenas de femicidas y abusadores sexuales que realiza el Estado mediante indultos, sin que los autores paguen por sus delitos, aumenta la impunidad en el país.

Flores considera que la denuncia en redes sociales se relaciona con el hecho de que, en muchos casos, las mujeres ya no tienen salidas habituales para liberarse del agresor. A eso se suma el estrés, la ansiedad y la angustia por la emergencia sanitaria. Ahora tienen más tiempo para pensar y reflexionar sobre lo que ocurrió, agregó.

El Blog de la denuncia sigue procesando más de 200 denuncias pendientes, mientras Gloria intenta retomar todo aquello que, en algún momento, se detuvo en su vida.

Nunca más violentada

Hasta el 30 de junio en Nicaragua se registraban 35 femicidios y 45 en grado de frustración, de los cuales solo 15 han tenido acceso a justicia.

Karla logró decirle que se calmara:

– “No lo hagás, por favor. Por los niños no lo hagás”, le dijo mientras sentía correr la sangre. Su esposo, de 29 años, la había atacado con un cuchillo. Los recuerdos se atropellan constantemente en la mente de esta mujer de 26 años. No logra precisar cómo se originó esa cadena de hechos violentos. La claridad de los movimientos que antecedieron al horror tampoco fluyen. Recuerda que logró verse al espejo y notó que “la situación era seria”.

Le pidió a un familiar que llamara a la ambulancia. Esperó y se fue al hospital.

“Apenas me volteé para hacerle una pacha ─biberón─ al bebé, sentí las estocadas en el cuello”, relató Karla. Tras once años de matrimonio, Karla, como otras mujeres dice que «nunca imaginó que su esposo llegara a ese extremo» porque «antes hacía algunos escándalos, pleitos sin importancia”, dijo al intentar minimizar el asunto. Ocurrían cuando tomaba alcohol, hablaba locuras, “celos incluidos”. Siempre se iba a dormir y hasta ahí llegaba el conflicto.

Se considera a sí misma como una persona de carácter fuerte. Vivían una rutina familiar que incluía paseos de domingos. Juntos, los cinco, la familia.

Ese lunes 8 de junio él la llamó. Le pidió que lo recogiera a su trabajo, pero ella se negó. Le dijo que estaba ocupada y que buscara sus propios medios para transportarse. Finalmente, apareció cerca de las 7:00 pm. Había estado bebiendo. Al llegar comenzó a “hacer escándalos” en la casa de su papá, quien es su vecino.

Ella salió a la puerta de la casa y trató de persuadirlo. Le dijo que entrara, que se calmara, que fuera a dormirse, pero él la ignoró. Lo que nunca pensó Karla es que en apenas unos minutos se convertiría en una sobreviviente de femicidio en grado de frustración en Nicaragua, donde hasta el 30 de mayo se contabilizaban 40 asesinatos de mujeres.

Mientras estaba en el hospital, sus familiares interpusieron la denuncia ante la Policía Nacional, pero cuando llegaron en busca de su testimonio, optó por no denunciar. A cambio prefirió aceptar una mediación con quien la había intentado asesinar.

Al verla de nuevo, el hombre lloró y le pidió perdón. Ella le dijo que no sentía rencor ni odio.

– “Te perdono”, le expresó. Ya no vivirán juntos, aseguró. Él le juró que no recordaba la agresión que casi la mata. Se excusó en el alcohol y otras sustancias que, supuestamente, consumió, pero su esposa duda, y más bien sigue impactada por el hecho de que el hombre en quien confiaba la haya herido y de esa manera.

Karla sabe que es una víctima de la violencia machista. Es consciente de que ningún pleito, “cuecho”, justifica el querer quitarle la vida a otra persona. “Creo que solo Dios puede hacer eso, pero bueno, él tiene su castigo”, expresó. “Lo disculpo hasta cierto punto, pero volver con él, jamás”, expresó convencida.

Karla es una mujer de largos cabellos negros y ojos ovalados. Al hablar demuestra seguridad en su carácter. Sin embargo, su mirada aún refleja el dolor de lo sucedido. Mientras conversa hace exhalaciones, coge aire y sigue la plática. Reflexiona que es duro darse cuenta de que la persona con la que había vivido tantos años fue capaz de “tratarme así, la misma con la que tenías construido un futuro, una vida”.

“Uno nunca deja de conocer a las personas”, expresó. A casi un mes de aquel fatídico 8 de junio en su vida, su preocupación está más allá de las heridas que sufrió. Tampoco le preocupa saber qué va a pasar con las secuelas de la agresión. Lo único que tiene en su mente son sus hijos. Todos dependían de su esposo, pero él se ha quedado sin trabajo porque se enteraron de lo que sucedió con Karla y lo despidieron.

“La estoy viendo feo”, añadió esta madre, quien vive en una localidad ubicada al norte de Nicaragua, un país sumido en una crisis sociopolítica que, aunado a la pandemia de COVID-19, enfrenta una economía cada vez más precaria.

De acuerdo con la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) se calcula que en 2020 la pobreza crecerá en un 36,9 % en la nación centroamericana.

Tejiendo redes de solidaridad contra la violencia

Organizaciones y defensoras de derechos de la mujer han creado mecanismos de solidaridad y apoyo que permitan proteger la vida ante un contexto adverso que se ha recrudecido con la pandemia de COVID-19.

“Por eso es fundamental que se cuente con una amiga, una vecina, una familiar, a la cual se pueda acudir en situaciones complicadas”, porque “entre más te aislés, más vulnerable sos”, explicó Sandra Arceda, responsable del Colectivo 8 de marzo en Esquipulas, Matagalpa.

El Colectivo 8 de marzo ha dispuesto de tres líneas telefónicas que atiende una abogada y cuatro defensoras de derechos humanos, para dar respuesta y atención integral a las denuncias de las mujeres. Las comunicaciones están abiertas las 24 horas. Con cada llamada se crea un expediente, se da seguimiento y, según cada caso, se brinda el acompañamiento judicial, incluso desde que se establece la denuncia. A pesar de estos recursos, Arceda considera clave la creación de mecanismo de defensa.

“La mujer tiene que aprender a buscar mecanismos de presión para que el agresor se sienta fiscalizado. Por ejemplo, decirle que va a llamar a su mamá, hacer la denuncia, advertirle que habrá personas dispuestas a llegar a su auxilio si él intenta hacer algo”, apuntó.

La especialista resalta la importancia de tener a la mano documentos personales, direcciones correctas a las que podría acudir, números de teléfonos y ropa por si existe necesidad de salir por protección.

Mientras la Red de Mujeres contra la Violencia cuenta con un sistema de alerta rápida que busca la prevención del femicidio. Consiste en la comunicación eficaz con las defensoras, que de ser necesario, trasladan a la mujer a un albergue. Mensualmente pueden ingresar de dos a tres mujeres, esto porque algunas que deciden ir, al final, ceden a la presión familiar o social y se quedan en sus casas. La Red de Mujeres también está ofreciendo consejería desde el espacio virtual. Además, apoyan a las defensoras con paquetes de alimentos y kit de limpieza.

Ante la falta de una defensora en su territorio a la que las víctimas puedan acudir, otras alternativas que las especialistas recomiendan es contar con una amiga, compañera de la iglesia o vecinas. Mayte Ochoa, integrante del Movimiento Feminista de Nicaragua, considera, asimismo, que es necesario la creación de planes de seguridad y protección.

“Deben buscar un lugar donde se sientan seguras, que siempre tengan a mano un teléfono, algo con qué avisar, que tengan un bolso listo con ropa, un poco de dinero y artículos necesarios en momento de crisis, que les permitan salir con sus hijos ante cualquier emergencia”, orientó.

Las mujeres deben identificar sus zonas seguras, pero también sus entradas y salidas. Que conozcan en qué lugares podrían salir más perjudicadas, en cuáles tienen más riesgo. No obstante, el consejo es que si identifica que su vida está en peligro, lo mejor es tratar de calmarse, coinciden activistas y ONG.

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*Los nombres utilizados en los testimonios son seudónimos.

* Este artículo es parte de la investigación Violencia contra las mujeres: La pandemia invisible un proyecto trasnacional y colaborativo en el que La Lupa participó en alianza con los medios Te Lo Cuento News (Estados Unidos), Expediente Político (México), Periódico laCuerda y Asociación La Cuerda (Guatemala),  La Tribuna de Todos (Venezuela), y Revista La Brújula (El Salvador).

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