El matrimonio infantil es definido como un matrimonio formal o unión informal antes de los 18 años, una realidad para los niños y las niñas, aunque a las niñas les afecta de manera más desproporcionada.
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En Nicaragua, cada día 5 niñas menores de 14 años son obligadas a ser madres, estas mismas niñas fueron forzadas a vivir en unión de hecho, según un informe presentado por la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabaja con la Niñez y la adolescencia (Codeni).
Pese a que las niñas y adolescentes tienen el derecho a vivir como niñas, desarrollándose mientras juegan y asisten a la escuela, para crecer de manera justa y disfrutar de una vida de oportunidades.
Estas niñas y adolescentes se ven con la dura realidad de tener que frenar el futuro que merecen, viendo obstaculizados sus sueños, por dedicarse a labores que aún no les corresponden.
Según Isaura Osejo, coordinadora del Programa Alivio al Trauma Nicaragua, producto a estas situaciones tan repudiables de imposición “las menores en la mayoría de las ocasiones son sometidas a violencia, abusos y relaciones sexuales forzadas, llevándolas a embarazos precoces que les pueden provocar hasta la muerte”.
Osejo sostiene además que los matrimonios forzados en las niñas y adolescentes, son una práctica cultural lesiva que viola los derechos humanos de las víctimas y terminan siendo una modalidad de la explotación sexual.
Plan Internacional señala que el matrimonio infantil es un problema mundial. En el mundo cada 2 segundos una niña es obligada a casarse. El 14% de las niñas en países en vías de desarrollo se casan antes de cumplir los 15 años y una de cada tres, se habrá casado antes de cumplir los 18 años.
La organización puntúa que el matrimonio infantil es también una práctica tradicional que sucede en numerosos países y demuestra una grave violación de los derechos de las niñas y niños, impidiéndoles la libertad física, así como su derecho a decidir su futuro por sí misma.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNFPA) por su parte señala que cada día se producen 33 mil matrimonios infantiles a nivel mundial y se calcula que, de las niñas y mujeres vivas en la actualidad, 650 millones se casaron siendo niñas y en 2030 estarán casadas otras 150 millones de niñas menores de 18 años.
El matrimonio infantil es definido como un matrimonio formal o unión informal antes de los 18 años, según UNFPA. Y es una realidad para los niños y las niñas, aunque a las niñas les afecta de manera más desproporcionada.
La organización detalla que alrededor de una tercera parte de las mujeres entre los 20 a 24 años de edad, en el mundo en desarrollo se casaron cuando eran niñas, agrega que los datos de 47 países muestran que, en general, la edad mediana del primer matrimonio está aumentando gradualmente sin embargo, esta mejora se ha limitado principalmente a las niñas de las familias con ingresos más altos.
Unicef también destaca que el 48% de las mujeres de 45 a 49 años de edad se casaron antes de cumplir los 18 años, la proporción sólo ha bajado a 35% de las mujeres entre los 20 a 24 años de edad.
Nicaragua es un país que no está muy lejano a esta dura situación que atraviesan muchas menores, ya sea producto de una combinación de pobreza y desigualdad de género, tal como lo indica Olga Moncada, responsable de la Red de Mujeres del Norte Ana Lucila y defensora de la violencia contra las mujeres.
Moncada destaca que en la zona norte del país es muy común “toparse con estos casos de matrimonios forzados” y las principales causas en lugares como el departamento de Madriz, trascienden en situaciones económicas, así como las decisiones impuestas “por padres machistas, cabezas del hogar arraigados por las bases del patriarcado, quiénes le imponen el marido a las menores desde temprana edad”.
La defensora agrega que en muchos de los casos el qué dirán y los estigmas sociales se imponen como una “dura realidad” para el futuro de las niñas y adolescentes de la región.
Moncada detalla también que en ocasiones en esta zona las niñas y adolescentes, son propuestas como “futuras esposas desde temprana edad” a amistades cercanas a los padres, que en la mayoría de las casos, pactan “hacerse de las niñas en unión de hecho para suministrar ingresos económicos permanentes hasta que la menor esté al lado de su marido”.
Para Osejo los matrimonios de una menor con un adulto, representan una situación violatoria entre en una víctima y su victimario, puesto que éste “asecha, acosa, observa e identifica a la niña, y observa sus carencias y la de su familia, carencias afectivas, socioeconómicas de manera que pueda engañarlos y manipularlos, hasta llegar a la niña o adolescente, logrando casarse con ella y violar la integridad y los derechos de la víctima siendo esta en una menor de edad”.
La defensora de DD.HH. señala que estos hombres que se casan con niñas y adolescentes, no deben ser llamados maridos o esposos, sino victimarios, violadores de derechos.
Pero para Osejo estos violadores no trabajan del todo solos, puesto que son los adultos que se encuentran a cargo de las menores quiénes deben procurar que a éstas no sean sometidas a situaciones violatorias de derechos, colocadas en una “situación de indefensión”.
Respecto al acceso a la justicia ante estos hechos de violencia contra las niñas y adolescentes, Osejo indica que las autoridades se encuentran apáticas, y que el país ha dado un retroceso provocando una repercusión en la realidad diaria del país.
“Estamos viviendo una ola imparable de femicidios, constantes abusos sexuales, constantes desapariciones de niñas y adolescentes que son nada más que casos de trata de personas, pero no nos atrevemos a decirlo tal como es, y la autoridades están apáticas a poder darles respuestas positivas a las víctimas y sus familias”.
La experta agrega que pese a que Nicaragua tenga los mejores marcos jurídicos construidos en Centroamérica y las mejores leyes pero en su aplicación, el estado de Nicaragua “deja mucho que decir”, puesto que las mujeres se encuentran en una indefensión total.
La abogada y defensora de derechos humanos, Cándida Laguna agrega que los padres de estas víctimas que en ocasiones “son sometidas a tener relaciones sexuales bajo engaños y en estados de vulnerabilidad, por adultos que producto de la indefensión de la menor logran el consolidar el acto”, muchas veces las obligan a casarse con el victimario o bien ser llevadas “por el hombre en unión de hecho estable”, para evitar el qué dirán de la sociedad.
Sin embargo Laguna señala que lo que los padres o tutores legales de la menor deberían hacer es denunciar el hecho por estupro, que según el Código Penal, en su artículo 170 indica que, «quien estando casado o en unión de hecho estable o fuera mayor de edad, sinviolencia o intimidación, acceda carnalmente o se haga acceder por una persona mayor de catorce y menor de dieciséis años, será sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión».
Laguna destaca que pese a la existencia de la ley, “una cosa es hacer la denuncia y otra muy distinta es que lo logren”. Además señala que en la mayoría de los casos los victimarios se amparan de uno de los apartados de esta ley de estupro, en el que señala “que si existe el perdón de la víctima, éste no va preso, y puede ser que el hombre se case con la víctima y ya después del poco tiempo la abandone”.
Como principal consecuencia la experta valora que la víctima siempre queda en abandono con responsabilidades como el embarazo adolescente, dejando la educación y siendo sometida a cargas que a su edad aún no le competen”.
A su vez Laguna indica que las autoridades en Nicaragua dejan “recepcionados estos casos mayormente y no le dan un fin justo a las denuncias de estupro, logrando que la familia se agote tras perseguir la paga de este delito cometido contra sus menores”.
La sociedad en la mayoría de las ocasiones condena a la menor y victimiza a quién realmente es el abusador, dejando en evidencia que estas menores quedan en el desamparo de su credibilidad. Moncada sostiene que la culpa no deber ser jampas impuesta a la menor “debido a que es la única víctima y afectada en la historia, pero es más triste saber que la familia del victimario es también capaz de acuerparlo al cometer el crimen”.
En redes sociales ha sido notable el ver que la población en Nicaragua, tras recientes casos de femicidios contra menores ha atacado a los padres de las menores, haciendo alusión el “dónde estaban los tutores de estas”, sin culpar al que realmente cometió el delito, acuerpando sin ser notable al victimario, indican las defensoras.
