El Centro de Mediación de la Universidad Centroamericana (UCA) fue cerrado este 11 de agosto, luego que la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC) no renovara sus permisos de acreditación, de acuerdo con una fuente de la DIRAC consultada por La Lupa.
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Este se trataba de uno de los 16 Centros de Mediación acreditados en Nicaragua y enfocaba sus esfuerzos «en la población más vulnerable como son mujeres y jóvenes, que en su mayoría, desconocen sus derechos y las formas de cómo hacerlos valer, principalmente en las zonas rurales», según la universidad.
Con este serían dos Centros de Mediación cerrados en este año, ya que el Centro de Mediación y Arbitraje Antonio Leiva Pérez que era administrado por la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN) fue cerrado en marzo de este año, luego que la DIRAC revocara su acreditación debido al despojo arbitrario de la personería jurídica de la CCSN.
La embestida del régimen Ortega-Murillo contra la UCA comenzó el 9 de agosto, cuando la universidad notificó a sus estudiantes vía correo que tenían dificultades con sus canales de pagos y no podían recibir aranceles o pagos de cualquier otro servicio.
Medios nacionales informaron que se debió al congelamiento de sus cuentas bancarias, pero también fueron congeladas las cuentas del consejo universitario y algunos directivos, según indicaron organizaciones estudiantiles durante una conferencia de respaldo a la universidad este 11 de agosto.
Además, el régimen Ortega-Murillo ordenó la inmovilización de los bienes inmuebles del campus a través del Registro Público
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Ante esto, la UCA se pronunció y aseguró a la comunidad estudiantil que continúa su funcionamiento y está realizando gestiones para superar los obstáculos administrativos.
“Como tantas otras situaciones adversas que hemos enfrentado a lo largo de nuestra historia, actualmente nos encontramos realizando las gestiones pertinentes para superar obstáculos y contratiempos que afectan nuestro funcionamiento ordinario y nos dificultan realizar operaciones bancarias. Mantenemos nuestro compromiso con los estudiantes, docentes y personal”, señala el correo.
La comunidad universitaria teme que el objetivo del régimen Ortega-Murillo sea confiscar la UCA, como ha sido con 26 universidades privadas desde 2021 que han pasado a ser propiedad del Estado.
Desde 2018, la UCA ha sido objeto de ataques por parte del régimen Ortega-Murillo. El último fue el año pasado cuando la universidad fue removida del Consejo Nacional de Universidades (UCA),
En ese mismo año también se le quitó oficialmente la asignación del 6 por ciento del Presupuesto General de la República dedicado a la educación superior, el cual fue disminuyendo considerablemente desde el inicio de la crisis sociopolítica.
Por esta razón, la universidad tuvo que disminuir el 20 por ciento de la cobertura de sus becas a las y los estudiantes beneficiados con estas. Actualmente la universidad no está brindando becas a estudiantes de nuevo ingreso y mantiene un programa de apadrinamiento.
