“Faltan muchas herramientas a nivel de incidencia política, pero también de acuerpamiento entre nosotras como mujeres trans”, señala Charlotte al describir la situación que enfrentan las personas trans en Nicaragua en el actual contexto sociopolítico.

En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans —una fecha que busca sensibilizar sobre la discriminación que enfrenta esta población—, Charlotte proyecta un futuro distinto:

“Queremos ver a las nuevas generaciones viviendo mejor: que las chicas trans, las infancias y adolescencias trans, y las mujeres en general, tengan acceso a mejores políticas públicas, a dinámicas sociales más justas, donde puedan acceder a empleo digno y donde los cuidados sean reconocidos y dignificados como un ejercicio de derechos humanos”.

Sus palabras condensan demandas históricas que, cada año, vuelven a cobrar fuerza.

Cada 31 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Trans, una jornada que no solo reconoce la existencia, resistencia y aportes de las personas trans, sino que también denuncia las múltiples formas de violencia y discriminación que enfrentan.

La fecha fue impulsada en 2009 por la activista estadounidense Rachel Crandall, ante la necesidad de contar con un día que no estuviera centrado únicamente en las víctimas de crímenes de odio, sino también en la vida, la agencia y la dignidad de esta población.

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“La población trans ha venido naturalizando ese ejercicio de violencia —verbal, física e incluso psicológica—, y muchas veces se asume como algo inherente a ser quienes somos”, cuestiona Charlotte.

La CIDH recuerda: defender derechos también es un derecho

Este 31 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a los Estados a garantizar el derecho de las personas trans a defender derechos humanos.

“Las personas trans, no binarias y de género diverso tienen derecho a defender derechos humanos. Su labor es clave para avanzar hacia sociedades libres de discriminación por orientación sexual e identidad de género”, señaló el organismo.

Según la CIDH, en la región se han registrado avances en el reconocimiento de derechos de las personas trans y de género diverso.

Entre ellos, la aprobación de leyes de identidad de género basadas en la autodeterminación, la apertura de espacios de participación política y la implementación de políticas de inclusión social y económica.

También se han reconocido identidades no binarias en documentos oficiales y se han adoptado protocolos institucionales con enfoque de género y diversidad, así como medidas para prevenir, investigar y sancionar crímenes por prejuicio.

Nicaragua: entre la invisibilización y la violencia estructural

En Nicaragua, sin embargo, el panorama es distinto bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Datos del Observatorio de Violaciones a Derechos Humanos de Personas LGBTIQ+ en Nicaragua, correspondientes al período enero–julio de 2025, documentan diversas formas de violencia contra esta población.

Uno de los casos registrados evidencia la situación estructural: una mujer trans denunció haber sido víctima de violencia física, psicológica, emocional y económica, además de enfrentar discriminación laboral que restringió su acceso a empleo formal, empujándola al trabajo sexual como medio de subsistencia.

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El informe identifica barreras estructurales, especialmente en el ámbito laboral, donde la exclusión limita el acceso a oportunidades formales. Estas condiciones, advierten organizaciones de derechos humanos, incrementan la exposición a situaciones de riesgo y precariedad.

“Existe una norma social, moral, que legitima la violencia. Se permite un tipo de violencia hacia las personas trans que se ha naturalizado en todo el territorio”, denuncia Charlotte.

De las 33 personas defensoras LGBTI asesinadas entre 2021 y 2022 en la región, 24 eran mujeres trans, según datos de la CIDH.

“Los Estados tienen la obligación de garantizar que las personas trans puedan defender derechos sin obstáculos, discriminación ni violencia”, enfatiza el organismo.

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La Lupa Feminista