Cartillas lanzadas por el régimen «no sirven para prevenir femicidios»

La cartilla «Mujer, Derechos, Leyes y Mecanismos de Denuncia para la Prevención del Femicidio» lanzada por el régimen Ortega-Murillo, no tendrá ninguna repercusión ni en la prevención ni en la disminución de estos, indica la socióloga y feminista María Teresa Blandón; ya que el Estado no tiene una política integral contra la violencia machista y no hay mecanismos institucionales adecuados para atender a las víctimas que denuncian.

Solo en este año se registran 31 femicidios y 75 femicidios en grado de frustración, según el observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir. Siendo el último femicidio contra una niña de 13 años, que fue asesinada por un hombre que anteriormente había sido denunciado por violación y secuestro, de acuerdo con la organización. Actualmente el femicida se encuentra prófugo.

María Teresa Blandón señala que una cartilla no puede ser la respuesta del Estado frente un problema tan complejo como la violencia machista, y sin una política de prevención de la violencia implementada en todas las instituciones y en los espacios de socialización, así como una correcta implementación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779), no habrá ningún cambio y continuarán los femicidios.

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“La cartilla es una acción pero para que cumpla su función tiene que haber una política integral y tiene que haber una ley que sea consistente. La que tenemos no lo es porque ha sido reformada y en sus reformas ha perdido el objetivo principal que es prevenir y tutelar el derecho de las mujeres a vivir una vida de violencia, y acabar con la impunidad”, señala la socióloga.

Pese a que la cartilla dice que es «voluntad política» del Gobierno «profundizar en el avance de los procesos de dignificación, respeto, no violencia y vida digna de las mujeres», en realidad, ha realizado una serie de acciones de además de vulnerar los derechos de las mujeres, las expone más a sus agresores.

Comisarías ineficientes con las víctimas

Es contradictorio que el régimen inste a las mujeres a denunciar a sus agresores cuando tienen una atención ineficiente con las víctimas de violencia y la respuesta que siempre reciben es la mediación, señala “Kenia”, activista feminista e integrante del Colectivo de Mujeres 8 de Marzo, que solicitó el anonimato.

La Vicepresidenta Rosario Murillo anunció en los medios oficialistas la creación de una cartilla como una manera de «enseñar a las mujeres» a denunciar las amenazas que reciben de sus agresores, pero para Kenia, esto es una manera de responsabilizar a las mujeres de la violencia que viven.

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También señala que las mujeres sí denuncian y en que caso que no lo hagan, o retiren la denuncia realizada es precisamente por la mala atención en las Comisarías. “No se puede sacar una cartilla cuando las Comisarías de la Mujer no funcionan, la Ley 779 fue desmantelada y los tomadores de decisiones permiten mediar la violencia”, señala.

Por otro lado, una integrante de la Red de Mujeres contra la Violencia que también solicitó el anonimato, señaló que las comisarías son solo un simulacro de atención porque no brindan una respuesta integral ante la violencia machista.

Si bien desde el 2020 el régimen ha realizado el relanzamiento de las comisarías desde que las desmanteló en el 2014, estas todavía no cuentan con un personal especializado en materia de género para atender las denuncias y que sea respetuoso con las víctimas; a las denunciantes no les brindan medidas cautelares y precautelares; muchas veces las revictimizan al no tomarle la denuncia o al hacerles repetir sucesivamente su testimonio y no dan el seguimiento correspondiente con los agresores.

“Impunidad es un mensaje contrario a la prevención”

La feminista María Teresa Blandón señala que la impunidad que tiene el régimen con los agresores de mujeres entre ellos ellos femicidas, abusadores sexuales y violadores, es contrario al mensaje de prevención que dan con el anunciamiento de las cartillas. Pues hasta la fecha, el régimen ha liberado a más de 30 mil privados de libertad.

“No vemos un política que incluya el papel que tienen que jugar el Poder Judicial incluyendo los Juzgados de Familia, los Juzgados de Violencia, el Ministerio Público y la Fiscalía ¿Qué van hacer para acabar con la impunidad? De hecho hay agresores de mujeres y de niñas que en su mayoría están libres, que han sido perdonados por el Estado, y siguen cometiendo delitos graves como el abuso sexual, la violación e incluso femicidios”, expresa.

Una investigación de La Lupa confirmó la liberación de cuatro presos que cometieron los delitos de asesinado, femicidio frustrado y violación agravada. La mayoría de ellos no habían cumplido ni la mitad de su condena. Y las víctimas no recibieron la protección necesaria para garantizar su seguridad.

Dentro de la lista confirmada por La Lupa se encuentra el femicida Bryan Jordan Flores Chávez, quien había sido apresado por el delito de violación con una pena de dos años y seis meses, pero únicamente cumplió un año y 9 meses. Un par de meses después de que el régimen le concedió el régimen de convivencia familiar y fuera liberado, asesinó a Katring Ninell López Martínez en enero de 2021.

No se destinan recursos para la protección de las mujeres

Kenia, activista feminista e integrante del Colectivo de Mujeres 8 de Marzo, indica que la cartilla para prevenir femicidios, no tendrá efectos si no se destinan recursos para la protección de las mujeres y para campañas de prevención de la violencia.

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Pues, el Estado no tiene albergues para mujeres víctimas de violencia, y por el contrario, ha cerrado y cancelado las personerías jurídicas de las organizaciones feministas que sí lo ofrecían tales como Asociación de Mujeres de Jalapa Contra la Violencia Oyanka, el Colectivo de Mujeres 8 de Marzo, entre otras.

El régimen Ortega Murillo ha cancelado la personería jurídica de más de 600 organizaciones, entre ellas se encuentran 74 organizaciones feministas y organizaciones que defendían los derechos de las mujeres.

“Al contrario, la violencia contra las mujeres va a ser peor por el cierre de las organizaciones porque al menos ellas resolvían partes elementales en relación al tema de la violencia machista, como el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, albergues y todas las demandas y las exigencias que le hacíamos al Estado. Pero ahora ni eso”, expresa.