Se eleva a 143 las organizaciones civiles que han sido canceladas por el Estado, entre ellas organizaciones que brindaban becas académicas, servicios de salud gratuitos y que defendían derechos humanos, con la excusa de que han incumplido la Ley 147 Ley General Sobre Personas Jurídicas Sin Fines De Lucro.

El Colectivo de Mujeres 8 de Marzo, organización feminista destacada por su defensa a los derechos de las mujeres, especialmente el derecho a vivir libres de violencia, también fue cancelada arbitrariamente. El Colectivo brindaba asesoría jurídica, acompañamiento legal y asistencia psicosocial a más de 300 mujeres, adolescentes y niñas anualmente. También brindaba formación académica en talleres y cursos en distintas áreas.

Luz Marina Tórrez, directora del Colectivo, advierte que el impacto del colectivo y de las otras ONG va afectar negativamente a las mujeres, especialmente a aquellas en situación de pobreza, quienes eran las que más acudían por los servicios.

Un recorrido histórico

¿Cómo nace el Colectivo de Mujeres 8 de Marzo?

Nacimos a partir de historias de mujeres del Distrito Seis. Empezamos trabajando en un espacio que nos prestaban en el Barrio Las Américas Dos y que antes se llamaba José Benito Escobar. Nacimos hablando del maltrato y con un principio contra la violencia. En ese entonces, pertenecíamos a AMNLAE (Asociación de Mujeres de Nicaragua Luisa Amanda Espinoza) y yo era representante del Distrito Seis.

Estábamos en un debate importante con el partido sandinista, el cual se trataba sobre la autonomía de las organizaciones de mujeres, especialmente de aquellas que estábamos dentro de AMNLAE. Lo estábamos planteando enfocado en dos cosas: primero porque AMLAE estaba sumamente partidizada y eso no nos daba la oportunidad de enfocarnos en los problemas de las mujeres, que eran la violencia machista, la calidad de atención en la salud, la mortalidad materna y el acceso al aborto terapéutico, que en ese momento todavía estaba la posibilidad de acceder a uno en ciertas condiciones. Estuvimos capacitándonos y aprendiendo de donde venían las causas de la violencia en la vida de las mujeres.

Lo otro es que nunca se hablaba de esto en el poder, y quedaban impunes los hechos de violencia, aunque los hombres agresores tuvieran cargos públicos, departamentales o nacionales. Ese fue el debate que hicimos aproximadamente por cinco años.

Hicimos la propuesta de salirnos del partido para ser un movimiento autónomo y así nacimos. Las reuniones se hacían en una cooperativa de costura en el barrio y nos prestaban el local. Creamos comisiones que se conformaban para hacer algunas denuncias de violencia machista que podíamos acompañar en la Policía.

Hemos tenido un recorrido histórico. Producto de toda esa discusión y ese debate, logramos la separación contundente del partido en los noventa, junto con muchas organizaciones de mujeres en el país. A partir de ese momento, vino una campaña tremenda de desprestigio porque nos salimos de las filas del FSLN para construir espacios autónomos, dedicados a la defensa de los derechos de las mujeres, donde pudiéramos hablar de las especificades y donde pudiéramos incidir en las autoridades, para que pudieran responder a nuestras necesidades y pudieran crear estrategias cuando las mujeres se encontraban en situación e violencia.

Tuvimos muchas reivindicaciones, acuerdos, consensos y nació la necesidad de que optáramos por la legalidad, por eso nos formalizamos como ONG, a pesar que no nacimos con esa naturaleza. Pasamos demasiado tiempo discutiendo eso. En ese entonces muchas de las ONG tenían que cumplir unos estatus, pero en caso de las 8 de Marzo nunca se apegó totalmente a los estatus de la ONG. Nosotras siempre fuimos coherentes en el principio de las organizaciones sociales, y fuimos creando espacios de capacitaciones y lecturas sobre el feminismo.

En los noventa interiorizamos el enfoque feminista y sus corrientes porque era una parte importante en los derechos humanos. Participamos en algunas conferencias internacionales, y nos íbamos dando cuenta que no era tan fácil hablar de derechos humanos desde las mujeres, sus prioridades, su agenda, su participación y la democracia. El feminismo alimentaba nuestra participación, la inclusión y el debate en las comunidades rurales y en los barrios urbanos.

La Asamblea Nacional excusa la cancelación con una supuesta falta de transparencia de sus reportes financieros ¿Qué ocurre con esto?

Respecto a la ley 147 que es la ley que controla las ONG nicaragüense, nosotras fuimos transparentes en la entrega de reportes financieros en el Ministerio de Gobernación (MiGob) desde el año 1997, que es desde cuando nosotras realizamos los informes y siempre los entregamos. Nosotras no le debemos informes a nadie. Si dicen que nosotras no le dimos informes a MiGob es porque ellos no los agarraron, porque el 22 de septiembre de 2021 fue la última vez que llegamos a MiGob y nunca nos recibieron el informe de 2020.

Sin embargo, hasta el 2019 nosotras no tuvimos problemas en recibir los certificados que nos validan y entregamos el informe financiero anual. Desde el 2021 para acá ellos no validaron nuestra estructura, que lo tenían que hacer porque es su obligación. Nuestra obligación es llevar los informes y es obligación de ellos recibirlos, y si están malos, regresarlos. Pero nosotras no tenemos ni un solo documento que diga que en nuestros informes hay un problema o algo que corregir, porque ni eso hacían.

En ese sentido, nosotras no hemos violado la Ley 147, así como no es cierto que nosotras no hemos entregado documentos, y no es cierto que nosotras tenemos directivas que no están registradas, y si no las tenemos es porque ellos no nos reciben ¿Qué podemos hacer nosotras? No hay otro mecanismo donde nosotras podamos legalizar nuestra estructura. No podemos hacer nada desde la legalidad. Y como son ellos los que están en el poder, son ellos los que deciden, y es su palabra contra la nuestra. A partir de 2018 es un no rotundo contra nosotras.

¿Cuántas mujeres se beneficiaron de los servicios que ustedes ofrecían como colectivo?

En 2021 el colectivo recibió demandas de 336 mujeres y de 16 niñas por abuso sexual y violación. Esas 336 mujeres recibieron atención psicológica, asesoría jurídica y acompañamiento, que es un acompañamiento en las instituciones como la Policía, Fiscalía, MiFamilia, Defensoría Pública ¿Cómo hemos realizado este trabajo? Porque las mujeres nos buscan como colectivo, porque además de contar con especialistas, hemos aprendido sobre la calidad e integralidad de los servicios, pero también porque hacemos cambios con las personas que nos buscan. Ellas tienen la confianza de que las vamos a atender con empatía y apoyo, saben que hay un consenso, que pueden participar y así hemos pasado la vida en el colectivo.

Los servicios han sido un medio, pero un medio que nosotras sabemos que es un asunto de cambio y de ciudadanía, porque nos enfocamos para que las mujeres construyan su propia ciudadanía, para que defiendan sus propios derechos porque no van a tener un acompañamiento toda la vida. Hay derechos que probablemente se les van a violentar, pero ellas ya van a saber cómo hacer un recorrido para su defensa. Ese es el punto central del colectivo.

Si fuéramos asistencialistas, probablemente no fuéramos una organización que está en la mira de este Gobierno. Pero nosotras sí estamos construyendo ciudadanía, estamos haciendo educación sobre los derechos de las mujeres, el derecho a reclamar, para que sepan no es normal la violencia en sus vidas, que les violenten sus derechos laborales, que no tengan una atención integral en los puestos de salud, y ellas lo han venido aprendiendo con el acompañamiento y los talleres.

¿Cuáles van a ser los efectos de la cancelación de la personería jurídica? ¿Qué van a hacer a partir de ahora?

Estamos muy claras que el impacto que va a tener el cierre de nosotras y de las otras organizaciones va a ser muy grande, porque van a afectar a las mujeres que tenían la posibilidad de buscarnos para hablar de sus problemas. Porque no hay ninguna institución en Nicaragua en la cual las mujeres confíen y vayan a pedir ayuda por violencia, salud, desalojo, o cualquier problema que ellas tengan que requieran de una respuesta.

Al menos con las Comisarías (de la Mujer y la Niñez) que hubo hace varios años, las mujeres tenían donde acercarse y no iban a ser recibidas por un hombre que probablemente las iba a revictimizar, porque tienen un patrón de machismo aprendido. El Estado promovió mucho las Comisarías porque fueron los movimientos los que trabajamos en eso. Logramos entrar en las instituciones, algunas estaban completamente convencidas de que estábamos en lo cierto, de que nuestro trabajo era importante, otras instituciones pensábamos que éramos radicales y locas. Eso fue pasando a medida que íbamos haciendo alianzas, nos comunicábamos, nos entendíamos, pero ya sabemos que ha pasado.

El impacto del cierre de las ONG son las mujeres las que van a quedar más vulnerables porque son ellas las que tienen la necesidad, porque son mujeres pobres que no tienen dinero para pagar abogados, que no pueden entrar a ciertos lugares sin abogados y que las instituciones las ven raras. Aunque han pasado varios años capacitando al Estado, hasta el día de hoy todavía dudan de las mujeres cuando denuncian.

Las niñas también van a estar más vulnerables porque nosotras les enseñamos. Hay niñas comunicadoras, que aprendieron a hacer viñetas radiales, saben de derechos, hablan con sus padres y sus padres están encantados de lo que los niños han aprendido.

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