La Unión Europea (UE) consideró este jueves que, dos años después del inicio de las manifestaciones sociales, en Nicaragua no hay “avances tangibles” para el restablecimiento de la democracia en el país.

“Dos años después del comienzo de las protestas y manifestaciones sociales de abril de 2018, no se han realizado avances tangibles sobre la democracia y los derechos humanos en Nicaragua”, señaló el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell en una declaración emitida en nombre de los veintisiete Estados que conforman esta comunidad.

Como en 2018, en el contexto actual los nicaragüenses opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, siguen siendo blanco de la represión estatal por parte de “fuerzas de seguridad y grupos armados” afines.

“Continúa la represión por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales de opositores políticos, manifestantes, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y miembros de la Iglesia Católica”, señaló en su declaratoria la Unión Europea.

Al cumplirse dos años de la “Rebelión de Abril”, el régimen recrudeció la represión contra todos los opositores como una forma de silenciar a las personas que pretendían conmemorar los dos años de la lucha cívica.

El más reciente acto represivo ocurrió el lunes en la comunidad de Esquipulas del municipio de Moyogalpa en la Isla de Ometepe, donde los efectivos de la sancionada Policía Nacional entraron violentamente, golpearon y detuvieron a cinco personas que están siendo enjuiciadas en Managua.

No obstante, en todo este periodo el régimen ha conculcado los derechos fundamentales de los nicaragüenses, entre ellos el derecho a la libertad individual; el derecho de reunión al aire libre y el de manifestación.

“La UE espera que el Gobierno de Nicaragua cumpla con los compromisos adquiridos en los acuerdos de marzo de 2019 con la oposición para alcanzar una salida pacífica, negociada y democrática de esta crisis”, señaló Borrell en la declaratoria.

En marzo del año pasado, representantes del Gobierno y una alianza opositora acordaron liberar en un plazo máximo de 90 días a los manifestantes que permanecían encarcelados por protestar contra el régimen y discutir de forma rápida una reforma al sistema electoral.

En esa negociación, señalaron la necesidad de fortalecer la democracia, así como los derechos y garantías ciudadanas, algo que no ocurre a la fecha y el régimen se niega a cumplir.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la represión que sufren los nicaragüenses ha tenido varias etapas. Primero fueron los asesinatos de 328 personas por el uso excesivo de la fuerza estatal, policial y paramilitar.

Acto seguido, el régimen desmanteló los tranques, que los grupos de personas autoconvocadas levantaron como una forma de demandar la salida de Ortega, a través de la denominada «Operación Limpieza» lo que provocó una estela de dolor y muerte y el exilio de unos 100 mil nicaragüenses.

Desde septiembre de 2018, la Policía al servicio de Ortega, después de reprimir, asesinar, perseguir y encarcelar a ciudadanos, emitió una orden policial en la que amenazó con procesar a las personas que convocaban a manifestaciones cívicas.

“Serán responsables y responderán ante la justicia, las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover, acciones delictivas, destructivas y criminales», dijo en ese entonces la Policía.

Pese a esa advertencia, particularmente los jóvenes encontraron en la Universidad Centroamericana (UCA) un espacio para protestar contra el régimen.

A dos años de los hechos que marcaron a todo el país, la Unión Europea destacó que “sigue comprometida a seguir trabajando hacia una salida pacífica de la crisis actual”.

El alto representante de la UE para la Política Exterior agregó que siguen siendo “válidas” las tres áreas principales en las que los ministros de Asuntos Exteriores de la UE pidieron realizar “avances tangibles con urgencia” el pasado 14 de octubre.

Esos avances se refieren en uno de sus puntos al “restablecimiento de las libertades políticas y la liberación de los prisioneros políticos restantes”. En la actualidad permanecen más de 70 personas encarceladas por protestar contra el régimen.

Asimismo, la UE considera necesario el regreso de los organismos internacionales de derechos humanos a Nicaragua, y un “acuerdo sobre reformas electorales e institucionales entre el gobierno y los principales grupos de oposición, con el objetivo de garantizar elecciones justas y transparentes”.

Finalmente, en la declaratoria la UE se solidariza con las “víctimas de la pandemia” del COVID-19 en Nicaragua.

La Lupa Nicaragua
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