“No me iré sin mi nieto”: abuela nicaragüense enfrenta barreras para recuperar su custodia en España

Eugenia no sabe a dónde más ir. Ha tocado puertas, hecho llamadas, pedido explicaciones. Pero, las respuestas no llegan. O llegan a medias. O la envían a otro lugar.

Mientras tanto, su nieto —al que ayudó a criar desde bebé— duerme en un centro tutelado, a más de 800 kilómetros de donde ella vive.

“Yo no me voy a ir de aquí sin el niño”, dice, con una certeza que se sostiene más en el amor que en las garantías del sistema.

El caso se activó a partir de un seguimiento previo que se intensificó cuando el niño fue trasladado de emergencia a un hospital por una peritonitis. Según versiones institucionales, el menor presentaba desnutrición y la madre intentó retirarlo antes del alta médica, lo que fue interpretado como un factor agravante en la evaluación del caso.

A partir de ese momento, el proceso escaló rápidamente hasta derivar en la separación del niño de su entorno familiar.

Sin embargo, la abuela paterna, Eugenia (nombre ficticio), quien reside en Extremadura, no fue informada de la situación en el momento en que se tomaron las decisiones iniciales. Fue notificada cuando el niño había sido trasladado a un centro tutelado, a cientos de kilómetros de distancia.

“A mí me dicen que no puedo hacerme cargo, pero nadie me explica qué tengo que hacer para poder hacerlo”, señala.

Eugenia describe un proceso confuso, marcado por la falta de información clara y la ausencia de acompañamiento institucional. “He ido a distintos lugares, he hablado con trabajadoras sociales, pero me envían de un lado a otro. No sé si necesito un abogado ni cuál es el procedimiento exacto para recuperar a mi nieto”.

Ha intentado asumir su cuidado, pero se ha encontrado con múltiples obstáculos vinculados a su condición migratoria, la falta de un contrato de trabajo formal y la imposibilidad de cumplir con los requisitos habitacionales exigidos por las autoridades.

No exploraron sus vinculos familiares

Según Tamara Fernández de la Asociación Madrecitas, quien acompaña a familias en este tipo de procesos, la normativa establece que antes de trasladar a un niño o niña a un centro tutelado se debe explorar su entorno familiar. No obstante, en la práctica, este paso no siempre se realiza de forma efectiva ni se garantiza la participación de todos los familiares potenciales.

Fernández explica que los procesos de retirada de custodia suelen ser complejos y poco accesibles para las familias, especialmente cuando enfrentan situaciones de vulnerabilidad. “Primero es un procedimiento administrativo y luego judicial, pero muchas veces las familias no tienen acceso completo al expediente, no comprenden los plazos ni las implicaciones.

Esto ocurre incluso cuando ya han perdido la convivencia con sus hijos o hijas”, señala. A su juicio, existen múltiples fallas que limitan el derecho a la defensa y colocan a las familias en una posición de desventaja frente a las instituciones.

Otras opciones para recuperarlo

En este contexto, Eugenia ha explorado distintas alternativas para recuperar a su nieto, incluyendo la posibilidad de regresar a Nicaragua para solicitar la custodia desde su país de origen. Una opción que no responde a la realidad de su situación.

“Yo estoy aquí y no me voy a ir sin el niño. Tenemos recursos para cuidarlo, su padre nunca ha dejado de apoyarlo. Lo único que necesito es que me digan cómo demostrar que podemos hacernos cargo”, afirma.

Tras dos meses sin contacto directo, logró obtener autorización para una visita presencial. Viajó desde Extremadura hasta Euskadi para verlo. El reencuentro estuvo marcado por la distancia acumulada.

“Al principio no me reconocía, pero cuando le hablé y lo abracé, supo quién era. Él ha crecido con nosotros, siempre hemos estado ahí”, relata. La separación ha generado un impacto emocional significativo tanto en el niño como en su familia.

“Es muy pequeño para estar lejos de quienes lo queremos y lo hemos cuidado. Es un sufrimiento constante”, añade. Eugenia continúa en la búsqueda de empleo y planea acogerse a un proceso de regularización extraordinaria para obtener permiso de residencia.

Su objetivo es cumplir con los requisitos exigidos y recuperar la custodia de su nieto. No obstante, cuestiona que el sistema no contemple mecanismos de apoyo para que familiares en condiciones precarias puedan acceder a esos requisitos.

El caso pone en evidencia una problemática más amplia: las condiciones administrativas, económicas y sociales que enfrentan las familias migrantes terminan convirtiéndose en barreras para el ejercicio del derecho al cuidado.

Desde un enfoque de derechos humanos, organizaciones sociales advierten que los sistemas de protección deben garantizar procesos transparentes, acceso a la información y medidas que prioricen el interés superior del niño o niña, evitando separaciones innecesarias de su entorno familiar.

Para Eugenia, más allá de los procedimientos, el centro de la discusión es claro. “Un niño necesita a su familia. Yo solo quiero que me den la oportunidad de cuidarlo”, sostiene.