Los presos políticos, Bernardo José Ramos Galo y Denis Antonio García Jirón fueron declarados culpables por el juez Melvin Leopoldo Vargas García, del juzgado séptimo distrito penal de juicio de Managua, a pesar que todas las evidencias estaban a favor a de los acusados, aseguró el abogado defensor, Julio Montenegro.

La principal evidencia que los acusados tenían se trata de un vídeo en el que se acredita que fueron detenidos un sábado 12 de octubre de 2019, tres días antes de los hechos que les impiuta el Ministerio Público.

“En la acusación, el Ministerio Público, y toda la prueba testimonial, los policías llegaron a decir que fue el día 15 que los detuvieron en un operativo en un lugar distinto en el parque de Nindirí, cuando la detención fue en carretera a Masaya, esa era una prueba que totalmente botaba todo”, mencionó Montenegro.

Ramos Galo y García Jirón fueron acusados por los delitos de fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas o artefactos explosivos en perjuicio del Estado de Nicaragua.

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Según la acusación del Ministerio Público ambos ciudadanos se trasladaban en un taxi con placas M03273, y transportaban cuatro explosivos Emulex (una especie de dinámita que se usa en la industria minera) que miden 39 centímetros de largo, y cuatro detonantes con alcance expansivo.

“Aparte de que pasaron varios días detenidos, incurriendo en una detención ilegal, movieron las supuestas evidencias de ese lugar donde los tenían detenidos hacia las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) y no hicieron fototablas, no se mira que les hayan ocupado nada, y luego por arte de magia en los patios de la DAJ aparecen las fotografías de unos tacos cilíndricos”, señala el abogado de Defensores del Pueblo.

Los artefactos supuestamente iban escondidos en una bolsa negra plástica con el propósito de detonarlos en el municipio de Nindirí.

DUDAS LES FAVORECÍAN

A pesar de las contradicciones detalladas en el proceso, según Montenegro, el judicial aseguró que “se logró vincular los hechos acusados con las intenciones» que tenían los procesados.

Por otro lado, a la hora de evaluar los testimonios de los testigos llevados por el Ministerio Público, en su mayoría policías, fueron inconsistentes en sus declaraciones.

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“No sabían el lugar exacto, a qué distancia estaban del vehículo, no se daban cuenta cómo habían hecho la interceptación del vehículo de los acusados, entre otras cosas que evidentemente confirman que es un escenario ficticio. Creado en un día distinto y de una hora distinta, entonces, esa prueba era para que la acreditara, al menos por duda, a favor de los acusados y dejarlos en libertad”, afirmó Montenegro.

Los prisioneros políticos podrían enfrentar una pena de entre 4 y 8 años, durante el debate de pena, el representante del Ministerio Público pidió la pena máxima.

El juez Vargas García tiene antecedentes de fallar en contra de otros presos políticos. Uno de los casos emblemáticos en esta judicatura es el del esteliano Otoniel Faustino Espinoza Calderón, de 20 años, que llegó a su juicio con los ojos y una sonrisa pintados de negro.

Cuando el judicial Vargas García le preguntó por qué iba así, el joven respondió: “Vengo de payaso, porque esto es un circo”, como una manera de protestar contra el régimen.

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