El sancionado presidente sin funciones de la Asamblea Nacional (parlamento), el oficialista Gustavo Porras, anunció que comenzarán a organizarse con el fin de evitar «cualquier intentona golpista» contra Ortega como, a su juicio, ocurrió contra Evo Morales, expresidente de Bolivia.

«Estamos reunidos para que sepan los peleles que estamos todos unidos y que nosotros no vamos a permitir que jueguen con nuestro país y con nuestras conquistas alcanzadas“, expresó el también secretario general de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud) y del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), quién adelantó que “hemos acordado convocar a los sindicatos a tensar al máximo nuestra fuerza, a mantenernos movilizados, y a estar pendientes de cualquier acción del enemigo», señaló.

Porras, de 64 años y a quien Estados Unidos sancionó en junio pasado por promulgar leyes represivas, convocó a las «fuerzas revolucionarias sandinistas» a «estar pendientes de cualquier «acción del enemigo», ante los hechos registrados en Bolivia.

conformarán asambleas en barrios e instituciones

El funcionario orteguista, anunció que desde este martes conformarán asambleas por sectores, en las empresas sandinistas y en las instituciones del Estado, para «enfrentar unidos cualquier intentona de destruir la democracia, la economía y las conquistas alcanzadas» desde que Ortega retornó al poder en 2007.

«Hemos acordado convocar a todas las fuerzas de la revolución a tensar al máximo nuestras fuerzas, a movilizarnos, a mantenernos movilizados, a estar pendientes de cualquier acción del enemigo», dijo un acalorado Porras.

Estados Unidos señala a Porras como el operador político más importante del presidente Ortega, y que ejerce un control significativo sobre el Instituto de Seguridad Social (INSS) y el Ministerio de Salud, con la aprobación de la vicepresidenta Rosario Murillo, también sancionada por Washington.

Desde el Parlamento, Porras promulgó una ley de amnistía que condicionalmente perdona a las personas que participaron en las protestas que estallaron en abril de 2018, pero también a los policías y combatientes de la policía que ejecutaron el asesinato de 328 ciudadanos, según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Desde septiembre del 2018 cuando se prohibieron de facto las movilizaciones en Nicaragua, aunque la Constitución Política lo contemple como un derecho, los opositores al régimen y excarcelados políticos viven bajo persecución y amenaza de ser nuevamente recluidos en las cárceles, algunos ya han sido víctimas de esta pasada de cuentas.

*Foto de La Prensa del año 2018.

+ posts

Periodista especializada en género y derechos humanos.
Es fundadora y directora de www.lalupa.press
Activista feminista en El blog de tu madre.