La centralización y la falta de transparencia en la información; las limitadas acciones para disminuir el contagio y la decisión de no declarar un estado de emergencia sanitaria por el COVID-19 evidencian la “negligencia” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que aprovechan la pandemia para cometer un nuevo genocidio, según especialistas de diferentes sectores.

El régimen de Ortega y Murillo no solo ha violado la Ley General de Salud aprobada en el año 2002, y su reglamento, sino que está desatendiendo convenios internacionales, apuntó el doctor Jaime Espinosa, especialista en Sistemas de Salud.

“Hay 20 mil teorías sobre por qué el Gobierno está actuando así, pero en la práctica lo que está haciendo, por la razón que sea, está poniendo a toda la población nicaragüense frente a un contagio masivo, sin capacidad de atención, sin capacidad de dar respuesta a la demanda de salud (…) El Gobierno, entonces, puede ser acusado por genocidio”, dijo Espinosa a La Lupa.

En Nicaragua, que entró a la fase de transmisión comunitaria desde hace varias semanas, las autoridades del Gobierno a través del Ministerio de Salud (Minsa) deberían a estas alturas haber hecho una declaratoria de emergencia sanitaria, tal y como lo establece el artículo 21 de la Ley General de Salud, explicó Espinosa.

Identificación de territorio

Previo a la declaratoria de emergencia sanitaria, según el artículo 392 del Reglamento de la Ley General de Salud, está obligado a convocar con “carácter de urgencia”, en primer lugar, al Consejo Nacional de Salud para coordinar las medidas a tomar.

“Esa es la obligación del Ministerio de Salud, no dice que es opcional, sino en caso de epidemia o peligro de epidemia, si ya hay una pandemia, todos los países del mundo deben declarar la epidemia como una emergencia sanitaria”, señala Espinosa.

En ese contexto, las autoridades de Gobierno deben señalar los “periodos de duración” de esa emergencia sanitaria, que se renuevan cada cierto tiempo.

El artículo 393 del mismo reglamento, señala que se debe identificar el “territorio afectado” y adoptar “medidas necesarias para proteger a la población en riesgo”, algo que el régimen en Nicaragua no ha hecho, acusó el especialista en Sistemas de Salud.

“El Ministerio no ha declarado emergencia sanitaria, y el artículo 391 del reglamento, en el inciso 3, dice que se considera que existe peligro de epidemia cuando ocurre un brote epidémico, y aquí el brote epidémico estaba ya identificado”, apuntó.

covid Nicaragua
El régimen empezó a desarrollar tardíamente acciones de prevención en el país.

“Arriesga la vida de los nicaragüenses”

El médico epidemiólogo, Álvaro Ramírez, explicó que la figura de los crímenes contra la humanidad nace como extensión de los “crímenes de guerra” para proteger bienes jurídicos “personalísimos” fundamentales como “la vida, la integridad física y la salud de las personas”.

La protección, agregó, es frente a los “ataques masivos o sistemáticos” de quien ejerce el poder político.

“Un gobierno responsable debería estar apoyando al pueblo nicaragüense para que el pueblo no esté preocupado por preguntar cuánto cuesta la atención en un privado (…) No es momento de política, es momento de salvar vidas y tenemos muchos hermanos y médicos que están graves, porque no hemos dedicado el esfuerzo, esto no es responsabilidad del gobierno, sino de la sociedad, tenemos que luchar para salvar vidas”, señaló Ramírez.

Hasta la semana pasada, el régimen informó de 759 casos positivos de COVID-19 y 35 personas fallecidas por esta causa.

Es «negligencia»

El régimen recientemente presentó el llamado “Libro Blanco” donde se detalla la estrategia con la que enfrentan la pandemia de COVID-19 con “el mismo ejemplo que Suecia, pero entre los países en desarrollos”, sin cuarentena o “lockdown” apostando a la inmunidad de rebaño mediante la realización de actividades masivas.

Para la socióloga, Elvira Cuadra la decisión  del gobierno Ortega-Murillo responde a su “propia lógica política que es de negligencia”.

“Subestimaron los efectos de la pandemia en el país, no adoptaron medidas de prevención y contención tempranas y han mantenido las actividades masivas. Además, insisten en negar su responsabilidad y los efectos de la pandemia en Nicaragua, tal como se puede ver en el ocultamiento de las estadísticas y toda la información relacionada”, añadió la socióloga.

En el caso de los Ortega-Murillo –agregó- hay una “intencionalidad y premeditación”, que bien podría considerarse como un “genocidio”.

“El gobierno deliberadamente decidió no hacer nada y más bien promover acciones que facilitaron el contagio de miles de personas. En muchos casos, y ahora con el libro blanco publicado, se ha argumentado que estaban siguiendo el enfoque del «contagio del rebaño», pero no es cierto porque los gobiernos que si lo hicieron, Gran Bretaña y Suecia, por ejemplo, han tenido que rectificar, optaron por esa política a partir de una valoración sobre la fortaleza de sus sistemas de salud y sus economías, y no es cierto que no adoptaron ninguna medida de prevención”, manifestó la socióloga.

Para la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, la tipificación de genocidio “no se puede interpretar extensivamente”.

De acuerdo con la activista de derechos humanos, es más fácil probar que el régimen lo que pretende es “causar una contaminación muy grande” para atraer fondos internacionales, debido que es un régimen “aislado por su carácter represivo”.

“Me parece un error catalogarlo como negligencia, en la forma de actuar del régimen hay toda una intencionalidad, cuál es la intención, es ahí donde uno no puede decir que es el exterminio, el genocidio (…) Pienso que su cálculo podría estar dirigido ahí, pero no hacer una afirmación de que es un genocidio no me atrevo técnicamente”, añadió.

Para acudir a la Corte Penal Internacional (CPI), un tribunal de justicia internacional, las víctimas deben ser de un país signatario del Estatuto de Roma y Nicaragua no forma parte.

La CPI existe desde 1998, cuando fue firmado por diferentes naciones, pero empezó a funcionar en 2002.

“Me parece que hay una serie de acciones que se pueden valorar (…) No debe estarse echando en saco roto o dejar como información todo lo que está haciendo Daniel Ortega, sino que se debe documentar todos los ejes que configuran su comportamiento criminal y perverso, yo no creo que sea negligencia, creo es un cálculo para sembrar el terror”, manifestó Núñez.

Incumplen obligaciones internacionales

La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) Clarissa Etienne, reveló recientemente que se han efectuado varias solicitudes al Centro Nacional de Enlace (CNE), responsable del intercambio de información conforme al Reglamento Sanitario Internacional (RSI), para hacer “verificación de los informes sobre el coronavirus”, pero ninguna ha sido respondida por el régimen.

“Cuando se falsifican los diagnósticos, cuando se falsifican las causas de muerte se está violando un acuerdo internacional, no solamente nos están engañando a usted y a mí, ellos dicen fue cualquier cosa, una neumonía atípica o cualquier otra cosa, ahí se está violando el código internacional del registro de enfermedades”, enfatizó Espinosa.

La última vez que la OPS pidió información fue el pasado 28 de abril cuando solicitó verificar la información de “316 casos sospechosos a nivel nacional y la información publicada por los medios de comunicación sobre el contagio de trabajadores del aeropuerto”, pero la respuesta fue nula.

“Están obligados los gobiernos por el reglamento internacional a dar información verídica a la población, y a nivel internacional no tienen derecho a ocultar la información, y al estar ocultando la información sobre la epidemia están cometiendo otra transgresión contra el sacramento sanitario internacional contraído en acuerdos internacionales”, advirtió Espinosa.

En las últimas semanas, la OPS ha mostrado “preocupación” por la situación que viven los nicaragüenses frente a esta pandemia que amenaza con extenderse en los próximos meses, según especialistas de la salud.

La Lupa Nicaragua
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