Los colectivos de la Red Local, Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, Popol Na, Fundación del Río y Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, denunciaron que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sobrepasado el récord de desmantelamiento de la libertad de asociación en Nicaragua, agrediendo a 3142 organizaciones desde 2007 hasta noviembre de 2022.
La denuncia fue expuesta durante la presentación del “Expediente ONG Nicaragua”, un conjunto de tres informes que documenta “la crudeza de la abolición de la libertad de asociación” en Nicaragua.
En el documento se detalla que parte de las agresiones del régimen al derecho de asociación, en el período de estudio, han consistido en: cancelación de personerías jurídicas por la Asamblea Nacional, cancelación de registros por el Ministerio de Gobernación, cambios arbitrarios de razón social, amenazas directas a representantes de Organizaciones Sin Fines de Lucro, expulsiones arbitrarias de líderes de oenegés, y confiscaciones de facto y allanamientos en locales institucionales por la Policía Nacional.
Además, señala que al menos 41 de esas más de 3000 oenegés canceladas sufrieron confiscación de facto y allanamientos, sin incluir las irrupciones en casas particulares de personas vinculadas a estas organizaciones que posteriormente fueron judicializadas por el Ministerio Público.
El informe especifica que del total cancelaciones 1578 correspondieron a oenegés nacionales y 326 organizaciones internacionales despojadas de sus personerías jurídicas por la Asamblea Nacional, en complicidad con el Ministerio de Gobernación, en 2022.
Menciona que entre las organizaciones canceladas en 2022 habían: 287 asociaciones religiosas, 155 organizaciones de mujeres, 46 asociaciones médicas, 29 medios de prensa independiente y empresas privadas, y 14 universidades privadas nacionales e internacionales, algunas de estas que también sufrieron confiscaciones de sus instalaciones y bienes.
Los colectivos indicaron que, además de estos informes, lograron consolidar nueve expedientes completos que “serán usados para que las organizaciones involucradas demanden justicia a nivel internacional”.
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Explicaron que documentaron que el cierre y confiscación de esas nueve oenegés, sin especificar los nombres, “ha generado a las arcas del Estado casi cuatro millones de dólares en confiscaciones”; y que 50 mil personas anualmente se quedaron “sin acceder a los servicios de primera necesidad brindados por estas organizaciones”.
Las nueve oenegés canceladas que ahora cuentan con sus expedientes para demandar justicia tenían presencia en 50 municipios del país, el 30% de toda Nicaragua, y con su cierre de facto también se afectó a 152 personas que quedaron en el desempleo.
