Derechos Humanos: Cuatro asedios al día contra opositores en Nicaragua
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Por 208 El 2020 estuvo marcado por una sistemática represión y recrudecimiento de la persecución contra opositores por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que pretende, según el Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, «imponer un Estado de excepción de hecho y negación de derechos» mediante la utilización de tres cuerpos armados «Policía, Ejército y fuerzas paraestatales que han protagonizado redadas sangrientas desde las protestas de abril de 2018».
Mientras organismos de derechos se preparan para brindar su informe anual sobre las violaciones a los derechos humanos en 2020 en Nicaragua, los datos revelados por el Monitoreo Azul y Blanco, y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro nos dimensionan la situación: cuatro asedios por día contra opositores y una violación a la libertad de prensa cada 30 horas, son solo algunas de las violaciones recogidas en sus informes del 2020. La cantidad de derechos negados a la población es mayor.
La Lupa identificó siete violaciones contra los derechos humanos que persisten, y sobre las cuales organizaciones de Derechos Humanos temen se recrudezcan en un año electoral en el que el régimen Ortega -Murillo han dado muestra «de no estar dispuestos a dejar el poder por la vía pacífica».
1. Derecho a la libertad de opinión y expresión (Arto. 19 DUDH).
El 27 de octubre de 2020, la Asamblea Nacional dominada por la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos, bautizada por la oposición y medios independientes como Ley Mordaza, que castiga con cárcel a las personas y entidades que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, considere «difundan noticias falsas» en las redes sociales o medios de comunicación.
Con la llegada de la pandemia de coronavirus a Nicaragua, primó el hermetismo de las autoridades frente a las denuncias de familiares de fallecidos por COVID-19, hechos difundidos por medios de comunicación independiente a quienes la vocera del régimen, Rosario Murillo acusó, en su alocución diaria en los canales oficialistas de difundir noticias falsas y generar sosobra entre la población. La Ley de Ciberdelitos fue aprobada con 70 votos a favor de diputados FSLN.
Organismos de Derechos Humanos han denunciado la intención de perseguir a medios de comunicación independientes y adversarios de Ortega. La investigación “Estado Situacional de la Libertad de Prensa y Acceso a la Información Pública 2010-2020” de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) revela “la persistencia de un entorno agresivo hacia la libertad de prensa y el acceso a la información pública” por parte del régimen de Daniel Ortega que ha cerrado y confiscado 20 medios de comunicación.
Guillermo Medrano, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la FVBCh, indicó que la política oficial ha sido “castigar a los medios que no se someten a la narrativa oficial”, y aunque 70 periodistas se fueron al exilio a raíz de la crisis sociopolítica, han surgido al menos 27 nuevos portales digitales dentro y fuera del país. La investigación revela que durante 2020 se documentaron 360 violaciones a la libertad de prensa. Cada 30 horas se cometió una agresión contra la prensa independiente, y al menos seis periodistas fueron llevados a los tribunales.
El 15 de octubre, el régimen de Daniel Ortega aprobó la primera ley – de un tridente – señalado a ser utilizado «selectivamente contra opositores». La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que pretende fiscalizar el financiamiento que reciben personas naturales o jurídica por parte de organismos internacionales, a quienes obliga a inscribirse en el Ministerio de Gobernación como «agente extranjero» a quienes le suspende sus derechos políticos y autoriza la confiscaciones de sus bienes.
El artículo uno de la Ley se lee que el objetivo: “es establecer un marco jurídico de regulación aplicable a las personas naturales o jurídicas nacionales o de otra nacionalidad que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento extranjero utilicen estos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua”.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha mantenido una narrativa oficial en la que acusa de «injerencistas» y de tramar un «golpe de Estado» a la población que participó en las protestas cívicas de abril de 2018 que dejaron un resultado de 328 asesinados a manos de policías y parapolicías, de los cuales ni uno ha obtenido justicia.
El 10 de noviembre la Asamblea Nacional, aprobó en primera legislatura, la reforma constitucional que establece la pena de cadena perpetua en el país, misma que sería ratificada este mes de enero para su posterior entrada en vigencia. La conocida Ley de Cadena perpetua, es una adhesión al artículo 37 de la Constitución Política, que establece un máximo de treinta años de condena.
La ley fue una orden del régimen para castigar, según ellos, a quienes cometan crímenes de odio en el país, utilizando como argumento los femicidios. Sin embargo, defensores de derechos humanos, abogados y opositores alegan que es un castigo que se aplicará contra quienes se atrevan a expresarse en contra del régimen.
El tridente de leyes amenazan no solo a grupos opositores sino también la libertad de asociación de organizaciones de la sociedad civil, que han sido despojadas de su personería jurídica y confiscadas a raíz de las protestas de 2018, así como la libertad de expresión y de prensa que bajo riesgo ejercen medios independientes.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. (Arto. 21 DUDH)
El broche represivo con que el régimen cerró 2020 fue la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada en una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional el 21 de diciembre.
El artículo 1, de dicha iniciativa, tiene por efecto prohibir que puedan optar a cargos de elección popular las y los nicaragüenses que, a juicio de las autoridades “encabecen o financien un golpe de estado”, “fomenten actos terroristas”, “inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, “se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, “exalten y aplaudan sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”, entre otros.
La Comisión Interaméricana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció al respeto y demandó su derogación, al expresar preocupación «que la ley aprobada limitaría desproporcionadamente los derechos políticos consagrados en la Convención Americana», pues «no precisa procedimientos, ni autoridades competentes para su determinación (…) y deriva en un grave riesgo de aplicación discrecional y arbitraria de las disposiciones (…) vulneraría los derechos políticos de las personas opositoras al actual Gobierno«.
A partir de enero, Ortega tendrá tan solo cinco meses para orientar las reformas electorales que demanda la oposición nacional y gobiernos internacionales para garantizar elecciones libres y transparentes el próximo noviembre de 2021. La resolución aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA), establece como fecha tope para las reformas, mayo 2021.
3. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. (Arto. 13 DUDH)
El bloqueo a la libre circulación ha sido una de las medidas aplicadas por la Policía Orteguista como una forma de frenar cualquier atisbo de insurgencia, por parte de ciudadanos opositores o grupos organizados.
El mes de septiembre de 2020 para el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, fue cuando los excarcelados políticos, defensores de derechos humanos, activistas políticos, ciudadanos opositores y familiares de asesinados vivieron un «asedio permanente» y «de hostigamientos policiales», además que «las reuniones de estructuración de la organización política opositora Coalición Nacional fueron prohibidas por el régimen» lo que provocó un incremento de los asedios.
Miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), los activistas políticos Félix Maradiaga y Juan Sebastian Chamorro, así como ciudadanía autoconvocada reconocida en Nicaragua como doña Flor Ramírez, los excarcelados Lenín Salablanca y Tania Múñoz, la activista social Karelia de la Vega, el tiktokero Kevin Monzón fueron algunas de las víctimas más reconocidas que vivieron un asedio constante durante todo el 2020.
«El Estado continuó utilizando agentes parapoliciales o para estatales civiles armados que operan en conjunto con la Policía Nacional para amenazas y agredir a la ciudadanía para intimidar», denunció el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más en su más reciente Boletín No: 9: Deterioro de los Derechos Humanos en Nicaragua.
De acuerdo al Monitoreo Azul y Blanco, en 2020 se registraron 1797 hostigamiento contra opositores siendo diciembre, octubre y septiembre los meses cuando se registraron denuncias de hasta 294 por mes.
4. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar… (Arto. 25 DUDH)
Desde el 18 de marzo de 2020 cuando se oficializó el primer caso de coronavirus, el Ministerio de Salud (Minsa) ha mantenido una política de hermetismo sobre el manejo de la pandemia de COVID-19. Hasta la fecha se desconoce cuántas pruebas moleculares se han realizado; cuántas resultaron positivas; cuántas resultaron infectadas y cuántos fallecieron.
En mayo, el Minsa que en los primeros meses brindó informes confusos y limitados, se extremó a solo ofrecer el total del dato en conferencias de prensa para medios de comunicación oficialistas, sin derecho a replica, por lo que tampoco se conoce la cantidad de hospitalizados, la ubicación geográfica y el comportamiento de la curva de contagios.
Según las cifras oficiales hasta el 12 de enero de 2021, el Minsa había confirmado 6,155 casos y 167 fallecidos. Sin embargo, el Observatorio Ciudadano de covid-19, que mantiene un registro paralelo, y confirma los datos mediante redes de contactos, elevan los contagios a 12,114 y las muertes a 2,890 fallecidos hasta el 6 de enero de 2021. Epidemiólogos han señalado que en el país existe un gran subregistro porque muchas personas evitaron ir al hospital y se atendieron en casa.
El régimen orteguista logró que organismos internacionales aprobaran préstamos para enfrentar la emergencia sanitaria. En total, cuenta con 248.3 millones de dólares para hacer frente a la COVID-19, facilitados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM). Sin embargo, no se presentó una estrategia de país de cara a la pandemia, y más bien, se alentó a la realización de actividades de aglomeración que facilitaran el riesgo de contagio.
El Observatorio Ciudadano de covid-19, indica en sus registros que de los fallecidos, al menos 112 es personal sanitario. Médicos independientes advirtieron de un seguro rebrote de covid-19, sin embargo, las autoridades sanitarias no han decretado medidas a la población que ha relajado las medidas de prevención.
5. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. (Arto. 13 DUDH)
Contrario a otros países, que protegieron a sus ciudadanos varados alrededor del mundo frente a la pandemia, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua les cerró las puertas a un grupo de más de 400 ciudadanos, que retornaban de Costa Rica, bajo el argumento de no presentar un resultado negativo de la prueba molecular de covid-19.
El grupo de nicaragüenses se quedaron varados en el puesto fronterizo de Peñas Blancas durante 15 días. Sol, lluvia, sed, hambre y la total falta de condiciones en el puesto de frontera hicieron mella en las personas que regresaban a su país ante el desempleo en Costa Rica, como efecto de la pandemia.
El hecho fue denunciado en medios nacionales e internacionales, y ante la emergencia sanitaria, tres organizaciones civiles y un hospital privado de Costa Rica realizaron la prueba de COVID-19 a los más de 400 nicaragüenses que se encontraban varados en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, pudiendo retornar al país.
6. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. (Arto. 8 DUDH)
Mientras la vocera del régimen, Rosario Murillo anuncia la reapertura de las Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia, un hecho cuestionado por organizaciones feministas, la cifra de los femicidios siguen incrementándose.
Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) contabilizó en 2020 un total de 71 femicidios para cerrar una década con 629 crímenes machistas, que dejaron a 614 niños en orfandad. La organización denuncia la promoción de la impunidad por parte del Estado, y aseguran que del total de femicidios de 2020 solo 20 han sido condenados. Y temen que puedan ser puestos en libertad ante las masivas liberaciones que realiza el régimen de reos comunes, de los cuales la cifra alcanza más de 20 mil.
La impunidad en los casos de violencia contra las mujeres, se reflejó en un fenómeno que en abril de 2020 colmó las redes sociales, desde donde se viralizaron al menos 100 denuncias de violencia sexual contra ciudadanos y reconocidos personajes públicos, pero que según el espacio, El blog de la denuncia la mayoría de los casos no han sido registrados en la Policía Orteguista, pues alegan falta de confianza en la institución.
Las organizaciones feministas denunciaron el incremento de la violencia machista en todas sus formas ante la constante represión, el asedio, la pandemia y una ruptura del orden social en Nicaragua, en el que desde el Estado se promueve la impunidad en los casos que atentan contra la vida de las personas, lo que se ha recrudecido desde hace tres años.
7. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. (Arto. 9 DUDH)
La demanda de la liberación de los reos de conciencia es constante, sin embargo, el régimen orteguista mantiene a más de 106 personas encarceladas por ejercer su derecho a la protesta pacífica. El último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reveló que al menos 1,614 personas han sido encarceladas desde abril de 2018.
Los familiares de los presos políticos, durante el mes de diciembre, continuaron su demanda por libertad de presos políticos en navidad, pero no hubo repuesta. Mientras sus familias soportan el asedio policial a las afueras de sus viviendas. Los reos han realizado huelgas de hambre para que sus demandas sean escuchada.
El 21 de diciembre, después de casi un año de no ejercerse el derecho a la protesta y movilización, el joven Sergio Beteta, exatrincherado de la UNAN protagonizó, en las afueras de la Universidad Centroaméricana (UCA), un piquete exprés que resultó en una detención violenta por parte de la Policía Orteguista, y en la apertura de un proceso judicial por el delito de tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas y portación ilegal de armas, mientras se encuentra detenido de forma arbitraria.
